Edición impresa mayo 2011

EDITORIAL

Ocupaciones

Por Víctor Pais

Como lo demuestran, entre tantos otros hechos, el conflicto irresuelto por las casillas construidas en las veredas del Bajo Flores, el fantasma del Parque Indoamericano continúa rondando por el aire.

Pero más allá de la interesada actividad de punteros políticos en propiciar tal o cual acción, existe un caldo de cultivo que es la profundísima crisis en la que estamos inmersos como sociedad. Y precisamente la imposibilidad de acceder a la vivienda para una masa humana cada día mayor es una de las manifestaciones más crueles de esa crisis.
En la gran mancha urbana que incluye a la ciudad y al Gran Buenos Aires, casi un 30% de sus casi 12 millones de habitantes padece graves situaciones habitacionales. Las respuestas que ofrecen las políticas de Estado, tanto en los niveles provincial como nacional, van a un ritmo muy lento, en contraste con la celeridad con que crece la necesidad. Y esto ocurre porque las políticas sociales son sólo las pequeñas gasas que se ponen sobre las múltiples heridas que genera de un modo permanente la esencia del modelo de acumulación económica y política que sin excepción rige en la Argentina, en cada una de sus provincias y en nuestra ciudad de Buenos Aires.
Con un importante porcentaje de desocupación estructural, con un altísimo índice de trabajadores que perciben un salario que no alcanza a cubrir la canasta básica, con millones de jubilados cuyos haberes tampoco la cubren, con campesinos que son expulsados de su hábitat por el constante corrimiento expansivo de la frontera agrosojera, mal puede el pueblo en su conjunto encontrar condiciones favorables para que prosperen las “buenas intenciones” de las políticas de vivienda gubernamentales.
Entre tanto, en el ámbito de la ciudad, funcionarios macristas y kirchneristas continúan apostando al obsceno espectáculo de la pelea mediática, donde finalmente el problema de fondo para todos ellos es quién debe hacerse cargo, en cada caso de ocupación, del trabajo sucio de llevar adelante el desalojo porque, al fin de cuentas, tanto funcionarios como jueces prefieren poner el énfasis en que la ley indica que la usurpación es un delito y no en cómo se lesiona día a día el derecho constitucional a la vivienda.
Extraídas del final del relato que hizo recientemente el dirigente social Luciano Nardulli para nuestro periódico (Tras Cartón Nº 215, febrero de 2011), las palabras que siguen ofrecen una elocuente e indiscutible conclusión: “(…) la necesidad de vivienda sigue existiendo, y más allá de que el Gobierno nacional, el metropolitano y los provinciales piensen que el capítulo se cerró, tarde o temprano se va a seguir extendiendo. Si acá no hay tierra para el que la trabaja y para el que quiera habitarla, si lo único que nos dejan de la tierra es la tumba de nuestros muertos, entonces el pueblo va a tomar en sus manos lo que tenga que hacer para resolver sus propios problemas”.