Edición impresa mayo 2010
BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Una nación en el horizonte
Por Miguel Ruffo
No estamos en un mayo cualquiera. Esto ocurre porque al llegar el 25 de este mes, día de la revolución que abrió el camino para nuestra independencia de España, se estarán cumpliendo nada menos que doscientos años de ese episodio fundacional de la historia patria. Reivindicar tal hecho y profundizar en las ideas que lo sustentaron y que no pudieron llevarse a la práctica hasta las últimas consecuencias resulta decisivo para reafirmar un valor que consideramos de vital importancia para nuestra subsistencia y proyección como comunidad: la identidad nacional.
En toda época histórica hay diversos movimientos, ora de avance, ora de retroceso, pero siempre hay un movimiento que le imprime el carácter general a la época. Los años de la Revolución de Mayo corresponden a la época de las revoluciones burguesas. La guerra de la independencia de las colonias inglesas de América del Norte (1776), la Revolución Francesa (1789) y la Revolución Industrial en Inglaterra (fines del siglo XVIII) afianzan el poder de las burguesías a nivel mundial y nacional. El Río de la Plata no estaba exento de las influencias ejercidas por esos acontecimientos, tanto en el plano de las ideas como en el de la organización política y económica. Pero en estas regiones no existía una economía capitalista afianzada. Las formas dominantes del capital urbano eran las que correspondían al comercio y la usura. Ambas formas anteceden al capitalismo como modo de producción y son inherentes a diversas formaciones sociales. No obstante, los intelectuales de esa burguesía mercantil y usuraria rebasaban en el horizonte mental las posibilidades materiales concretas de las reivindicaciones propias de tal clase. En cierta medida, la Revolución de Mayo expresa el momento en que las contradicciones burguesas respecto del feudalismo español y las formas productivas específicas de la América hispano-colonial se manifiestan en el Río de la Plata.
“La revolución hispanoamericana –dice el historiador Tulio Halperín Donghi– es ante todo una resurrección de concepciones políticas vigentes en la Castilla medieval, arrumbadas no sin lucha por la Corona a partir de Fernando el Católico. Se trata de una concepción que fija límites al poder político teniendo en cuenta a la vez su origen y su fin”. En cuanto al origen de este poder, Halperín Donghi señala que se trata del poder que viene de Dios, que proviene a la vez directamente del pueblo. Y subraya: “Este otorgamiento del poder por parte de su primer mandatario, el pueblo, no es revocable a voluntad; existen, sin embargo, circunstancias de hecho que hacen lícita y aun obligada esa revocación”.
En 1808, la crisis de la monarquía española (motín de Aranjuez y ascenso de Fernando VII, abdicaciones de Bayona en favor de José I, hermano de Napoleón) se instala tanto en la metrópoli como en sus dominios americanos, sólo que en el Río de la Plata esa crisis se adelanta un par de años con las invasiones inglesas de 1806-1807. Consecuencias importantes de este acontecimiento fueron la formación de milicias tanto criollas como peninsulares y el creciente poder del Cabildo de Buenos Aires. Es necesario reparar en el hecho de que la formación de las milicias criollas le confirió a la burguesía urbana poder militar para dirimir las luchas políticas que se libraban en la ciudad.
También en 1808 se juró fidelidad a Fernando VII y se reconoció la legitimidad de la Junta Central de Sevilla. Al año siguiente dicho organismo nombró como nuevo virrey del Río de la Plata a Baltasar Hidalgo de Cisneros. Una de sus primeras medidas fue reestablecer las milicias peninsulares bajo el nombre de Batallones del Comercio. Esas milicias habían sido disueltas tras la represión de la revolución del 1 de enero de 1809, cuando la burguesía monopolista peninsular trató de hacerse con el poder imponiendo la renuncia del virrey Santiago de Liniers. Pero las revoluciones en el Alto Perú obligaron a Cisneros a trasladar los batallones peninsulares al norte. Es importante tener en cuenta estas transformaciones militares porque sin desintegración del ejército no se ha producido ni puede producirse ninguna gran revolución. Y más específicamente porque al momento de Mayo sólo la burguesía comercial criolla disponía de poder militar en Buenos Aires.
En 1810, el avance de las fuerzas napoleónicas en España, la ocupación por ellas de casi la totalidad del territorio español (con excepción de Cádiz y la isla de León), la disolución de la Junta Central de Sevilla y la formación del Consejo de Regencia obligaron al virrey, presionado por la movilización urbana, a convocar a un Cabildo Abierto que se realizó el 22 de mayo de 1810, en el cual se debatió si el entonces virrey del Río de la Plata tenía o no, desde un punto de vista jurídico-político, títulos suficientes para continuar ejerciendo el mando en el contexto de los nuevos acontecimientos peninsulares.
“Castelli –recuerda la historiadora Noemí Goldman– sostuvo firmemente que había caducado el gobierno legítimo al disolverse la Junta Central y que la soberanía retrovertía al pueblo; a lo que el fiscal Villota replicó que, bajo ese principio general, debía también consultarse a todos los pueblos del virreinato, puesto que el Cabildo de Buenos Aires sólo tenía representación de esa ciudad. Paso salió inmediatamente al cruce del fiscal para defender la postura de Castelli, alertando sobre el peligro de la situación y respecto de la necesidad de tomar urgentes medidas”.
Después del debate, el Cabildo sometió a la votación de los concurrentes tres propuestas. La primera fue la siguiente: “¿Si se ha de subrogar otra autoridad a la Superior que obtiene el Excelentísimo Señor Virrey, dependiente de la metrópoli, salvándose ésta, o independiente siendo del todo subyugada?”. Ni una voz aceptó la proposición del Cabildo y hubo que preparar una segunda concebida en estos términos: “Si la autoridad soberana ha caducado en la Península o se halla en incierto”. Con muy buena lógica, los presentes desecharon esa votación, pues no podían decidir por votos si España había sido dominada por Napoleón o no. Entonces llegó la tercera que decía: “¿Si se ha de subrogar otra autoridad a la Superior que obtiene el Excelentísimo Señor Virrey dependiente de la Soberana que se ejerza legítimamente a nombre del Señor Don Fernando VII y en quién?”. Esta proposición, que fue aceptada, significaba: si se debía substituir al virrey por otra autoridad y quién sería ésta entonces. La autoridad elegida gobernaría libremente en nombre del rey cautivo Fernando VII.
En la votación a pluralidad de sufragios resultó depuesto el virrey Cisneros, pero el Cabildo, que quedó como depositario provisorio del mando con el objeto de elegir una nueva autoridad, lo restableció como presidente de la junta del 24 de mayo. Nuevamente la movilización política y militar urbana determinó la renuncia de dicha junta y le impuso al Cabildo la formación de una nueva, la del 25 de mayo de 1810, que ejerció el poder a nombre de Fernando VII.
Goldman afirma que no existieron ideales de independencia en 1810: “Cuando se celebró el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 se descartó, antes de empezar las votaciones, por todos los presentes, la posibilidad de considerar una independencia de España (...). En tal sentido, los historiadores vienen observando que la variedad de usos de la voz independencia en los años cruciales de la crisis de la monarquía española indicaba, más que una idea de ruptura completa de vínculos con la Corona española, alguna forma de ‘autogobierno’, ‘autotutela’ o ‘autonomía’ en nombre de la igualdad de derechos ‘originarios’ entre los pueblos de España y los de América, que no cuestionaba la fidelidad al rey cautivo”.
El 26 de mayo de 1810 la Junta Provisional Gubernativa cursó un oficio a las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas para que sus autoridades concurrieran en el mismo día a la Sala Capitular a prestar el juramento de reconocimiento y obediencia y para que al día siguiente presenciaran el juramento de las tropas en la Plaza Mayor. La fórmula que se leyó para la toma de juramento decía: “¿Jura Usía a Dios nuestro Señor, y estos Santos Evangelios reconocer la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando Séptimo, y para guarda de sus augustos derechos, obedecer sus órdenes y decretos; y no atentar directa ni indirectamente contra su autoridad; propendiendo pública y privadamente a su seguridad y respeto?”. El texto nos habla del juramento de obediencia a la Junta prestado por el conjunto de las corporaciones urbanas.
Si bien es cierto que entonces no se declaró la independencia y que es probable que tal idea, como ruptura total con España, no estuviese presente en el ánimo de los revolucionarios, ello no despoja a la Revolución de Mayo de su carácter de revolución burguesa, cuyo contenido como acontecimiento social es el desarrollo del capitalismo. No obstante, vale recordar que en el Río de la Plata esto se encontraba limitado por el predominio del capital comercial. El libre comercio asociado al ascenso de la burguesía urbana criolla al poder del Estado traería consigo la fuerte y posteriormente hegemónica presencia del capital inglés en los circuitos comerciales, mientras lentamente emergía bajo la forma de “capital productivo” el capitalismo terrateniente, única forma concreta en que podía tornarse real un capitalismo rioplatense, aunque tal desemboque no hubiese sido el horizonte intelectual de los hombres de Mayo.