Vuelta atrás con las concesiones eléctricas

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó, por amplia mayoría, el acuerdo suscripto el 19 de enero último por el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y esta  ciudad, que deja sin efecto los acuerdos celebrados entre las mismas partes en 2019, en virtud de los cuales se disponía la transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la ciudad y a la provincia.

El proyecto correspondiente fue enviado por el Ejecutivo local el 22 de marzo y girado a las comisiones de Relaciones Interjurisdiccionales y de Asuntos Constitucionales, obteniendo dictamen favorable nueve días después.  

Abrió el debate en el recinto, en carácter de miembro informante, Natalia Fidel (VJ), presidenta de la comisión nombrada en primer término, quien comenzó su extensa exposición diciendo que “este nuevo acuerdo tiene como objetivo resolver el vacío normativo generado a raíz de la suspensión del traspaso de la jurisdicción de ambas empresas distribuidoras [Edenor y Edesur] dispuesta por la Ley Nacional 27.541 de Emergencia Pública, situación que ha generado una gran incertidumbre jurídica y riesgos económicos y de judicialización, tanto para la ciudad como para la provincia de Buenos Aires”.

Recordó que “el acuerdo original surgió en el marco del consenso fiscal llevado adelante el 16 de noviembre de 2017 entre el Estado nacional, veintidós provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en su ampliación y adecuación en el año 2018”, que en noviembre de ese año, a través de la resolución 367/2018, la Legislatura porteña aprobó el consenso fiscal 2018 y que “en este nuevo acuerdo que fue aprobado también por el Congreso nacional, se estableció que a partir del 1° de enero de 2019 las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, en línea con lo que ocurre con las distribuidoras eléctricas en otras provincias”.

Refirió también que “efectivamente, en la Ley de Presupuesto Nacional del año 2019, en su artículo 124, se instruyó al Ejecutivo nacional a impulsar los actos necesarios para que esto sucediera y que a partir del 1° de enero de 2019 Edenor y Edesur pasen a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma conjunta y solidaria”.

Tras precisar que el proceso de traspaso empezó con la firma de tres acuerdos, el de transferencia, el de implementación y el de ejercicio conjunto de jurisdicción, y explicar detalladamente cada uno de ellos, indicó: “El problema que intentamos resolver con este nuevo acuerdo surge en diciembre de 2019, cuando con el cambio de gobierno nacional se sanciona la Ley 27.541, llamada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, que suspendió todo el proceso hasta tanto dure la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, declarada hasta el 31 de diciembre del año 2020 y hace poco prorrogada hasta el 31 de diciembre del año 2021”.

Después de otras consideraciones, Fidel expresó: “Creemos que este nuevo acuerdo nos permitirá, en primera instancia, resolver una situación que hoy es claramente ambigua sobre la titularidad del servicio y que no solo pone en riesgo los recursos de la ciudad y la provincia sino también la normal distribución de energía a millones de vecinos y vecinas de ambas jurisdicciones, y en un segundo momento aprobar este acuerdo implica abrir una puerta para discutir la política energética de la ciudad”.  

Seguidamente, Juan Nosiglia (UCR-Ev) consideró, en primer término: “Estamos debatiendo un convenio sobre un servicio público estratégico, como es el de distribución y comercialización de energía eléctrica, y creo que, más allá de que el Ejecutivo lo haya hecho, nosotros debimos darnos un tiempo y un debate más profundo sobre la decisión que estamos tomando”.

Anticipó que su bloque iba a “acompañar la aprobación de este convenio” porque “desde diciembre de 2019, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y suspendió la transferencia de las competencias sobre el servicio, nos encontramos en una situación irregular en términos jurídicos que puede traer futuras contingencias a la ciudad y además afectar el servicio”.

No obstante, subrayó: “La cuestión de fondo, que queremos dejar expresamente manifiesta en este debate, es que de ninguna manera el bloque UCR-Evolución renuncia a la idea de transferir las competencias en el futuro”.

A continuación, Sergio Abrevaya (Gen) dijo tener “la sensación de que este ha sido un juego político que venimos viendo gráfica y claramente desde finales del 2019, durante la campaña, acerca de los problemas de lo que después fue la discusión de coparticipación de Nación con la Ciudad y en tándem con la provincia”.

Y observó: “No lo veo bien a este acuerdo, en ese sentido no le veo buen futuro: no me termina de convencer, sobre todo la redacción, y no hemos logrado que se explique una curiosidad que es que en las cláusulas no figura que se hagan cargo la ciudad y la provincia de la tarifa social, pero está en el texto de los fundamentos, es decir que está como mal redactado este convenio”.

Por su parte, Pablo Almeida (IS) sostuvo que “en vez de discutir los verdaderos problemas, esta Legislatura se entretiene discutiendo y votando leyes absolutamente inocuas, porque más allá de que sea correcto o incorrecto el traspaso de jurisdicción, el problema de fondo con el servicio público de energía eléctrica aquí no se aborda porque no se discute la política de privatizaciones de todos los servicios públicos, que fuera impulsada por el ex presidente Menem”.

Dijo también que “todos los gobiernos de todos los signos políticos que vinieron después mantuvieron y mantienen ese esquema de privatizaciones”, que constituye “un negociado impresionante entre distintas empresas multinacionales y grandes grupos empresarios nacionales, algunos muy amigos de los poderes de turno”.

Y enfatizó: “Hoy estamos discutiendo la vuelta atrás de un traspaso que nunca se efectuó y no estamos discutiendo que ese esquema de privatizaciones es el negocio redondo de esas multinacionales y de esos empresarios, mientras las tarifas empobrecen a la población brindando servicios calamitosos”.

A su vez, Matías Barroetaveña (FdT), quien intervino de manera virtual, manifestó: “Cuando veo un convenio que tiene la firma del jefe de Gobierno, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del ministro de Economía, la verdad es que me parece que el diálogo y los consensos se ejercen, no se declaman, y me parece positivo que haya un acuerdo, como todos aquellos acuerdos que vemos que se pudieron lograr durante la pandemia, particularmente con el Área Metropolitana”.

Y prosiguió: “Celebremos este acuerdo, y que sea el camino para lograr otros acuerdos que se están planteando también desde el Gobierno nacional y en el Parlamento para discutir cuestiones centrales de la gente en Argentina, como es la discusión de la deuda, de los plazos de la deuda, de la economía bimonetaria y otras discusiones que se están planteando”.

En ese sentido, afirmó: “Recuperar la soberanía, recuperar la posibilidad de fijar las tarifas, que sean un elemento de política económica y que eso esté en manos de la fuerza política que tiene esta visión sobre ese manejo de la economía, a nosotros nos parece central y por eso apoyamos este convenio, apoyamos que haya un diálogo entre las diferentes jurisdicciones y, fundamentalmente, que este convenio lo que está marcando es un símbolo de cambio de política, de algo que ha afectado notablemente el bolsillo de los argentinos y que en este tiempo de pandemia ha sido muy provechoso que parte del Gobierno nacional tenga un control fuerte sobre esas tarifas para poder sostener una situación de emergencia”.

Cerró el debate Natalia Fidel, quien remarcó que “lo cierto es que hoy la ciudad de Buenos Aires no cuenta ni con acceso a la información técnica, ni con la injerencia en las tarifas o en la calidad del servicio, y tiene poca influencia en las decisiones de política energética local” y que “la realidad es que la Ciudad no puede unilateralmente decidir seguir con un proceso de traspaso en el cual la parte que debe traspasar las empresas, la Nación, decidió no hacerlo”.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por 52 votos positivos, 2 negativos (AyL y Leandro Santoro, del FdT) y 5 abstenciones (Gen, CF, PTS e IS).