Un crimen social

El titular de la  Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, pidió ayer la renuncia del secretario de Seguridad Social de la Nación, Luis Bulit Goñi, y del director de la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social), Alejandro Vanoli.

Lo hizo “ante la situación de violación de cuarentena por responsabilidad de funcionarios del Estado, que han hecho que miles de jubilados estén toda la noche esperando para cobrar”, según expresó en la red social Twitter.

Se refería a las largas y apretadas colas que jubilados y pensionados empezaron a formar a la intemperie, desde el atardecer de anteayer, ante distintas sucursales bancarias que, según se había anunciado, atenderían ayer, a partir de las 10, a beneficiarios de jubilaciones y planes sociales, después de haber permanecido cerradas durante catorce días en virtud del aislamiento dispuesto por el gobierno.

Así fue como para la apertura de esas sucursales las colas ya alcanzaban varias cuadras, y en medio de una cuarentena establecida a raíz de una pandemia que tiene como principal población de riesgo precisamente a las personas mayores, miles de estas estuvieron apiñadas, expuestas a bajas temperaturas, sin acceso a baños y sin recibir alimentos ni bebidas. Como era de prever, se produjeron varias descompensaciones, como el caso, sin ir más lejos, de un hombre que debió ser atendido frente a la sucursal de Villa Crespo del banco Piano.  

Así las cosas, la agrupación Jubilados Clasistas emitió un comunicado con el título “Atacar a los jubilados es un crimen social”, donde expresa que “las tremendas colas desde horas de la madrugada que recorrieron todos los medios, sin baños, a la intemperie, expuestos al contagio de este virus, demuestran el total desprecio por la vida de todos los adultos mayores por parte de todo el arco patronal que hoy nos gobierna”. Y destaca: “Más aún porque somos los mayores de 60 años sus primeras víctimas. El ‘quedate en casa’ quedó en el olvido”.

Seguidamente, el comunicado recuerda: “Decía el FMI en un informe del año 2012: ‘Los viejos viven demasiado y eso perjudica la economía global. Hay que solucionarlo ya’”.

Y prosigue: “No les alcanza con pagar un haber de indigencia ($15,900), con robar y malversar el dinero del Fondo de  Garantía de Sustentabilidad, de ofrecer un ‘bonito’ de $3.000, de la falta de insumos y medicamentos, de permitir aumentos en frutas y verduras del 80%. Ahora nos exponen al contagio de este virus”.

Explica luego: “Los jubilados, pensionados y todos los adultos mayores somos la primera víctima de esta política del capitalismo mundial, ahora agudizado por el COVID-19”, y sostiene: “No pueden gobernar más, nos llevan a la barbarie”.

Por último, exige “el forzamiento de la atención bancaria con todos los resguardos sanitarios”, así como “un aumento de emergencia del haber mínimo de $30.000 para jubilados, pensionados y rentas vitalicias para enfrentar esta crisis”, y reclama “la restitución de los aportes patronales” y “un PAMI y ANSES dirigidos por afiliados y trabajadores”.

En cuanto a los funcionarios, como ya es habitual en situaciones de este tipo, trataron de achacarse las responsabilidades unos a otros, e incluso intentar culpar a los propios damnificados.

En este contexto, Vanoli, en declaraciones a un canal de noticias, admitió que “es una situación muy preocupante” y opinó que “evidentemente, [hay] mucha gente con necesidad de hacer operaciones bancarias” y que “como la apertura que determinó el Banco Central y el gremio bancario implica una distancia social dentro de los bancos, no pueden entrar y muchos están haciendo estas colas afuera”.

Agregó luego: “Tenemos que lidiar con una situación que es histórica y que tiene que ver con la idiosincrasia de muchos, por muchas razones, de agolparse el primer día y de hacer colas”. Y afirmó que “muchas personas tienen esta costumbre, que quizá tiene mucho que ver con muchas historias de crisis en el país, donde hay miedo de no cobrar el dinero, de no llegar a tiempo”.

Reconoció que “esta era una situación de alguna manera previsible” y consideró que “acá hay una tensión muy grande entre tratar de que la gente pueda hacer sus trámites, pueda hacer las operaciones de banco, porque había presiones enormes para que los bancos abran, y por otro lado tener todos los resguardos sanitarios”.

Contestando a una pregunta, manifestó que no quería “entrar en de quién es la culpa o quién tiene la culpa”, que “es una cuestión colectiva, donde hay responsabilidad absolutamente de todos”, y habló de organizar “el mejor sistema y el mejor operativo”, con “las fuerzas de seguridad, los bancos, los trabajadores de los bancos y el Anses”.

“Que el primer día iba a haber largas colas era absolutamente previsible”, volvió a admitir, “por supuesto que esta situación de tanta afluencia de público habiendo muy pocas operaciones permitidas es algo que fue más [allá] de cualquier previsión”.

Subrayó que “no es necesario que el propio jubilado o la propia jubilada vaya al banco” y que “en los casos en que no tengan la tarjeta de débito puede ir el apoderado, puede ir un familiar de primer grado”, y requirió y solicitó “a la gente, que solo vaya al banco si es una cuestión estrictamente necesaria”, pues “todos tenemos que cambiar algunas conductas porque estamos viviendo una situación de crisis donde hay muchos riesgos y donde tenemos que priorizar por sobre todo la vida”.

Estas declaraciones provocaron la indignación de distintos sectores del arco político y de la ciudadanía en general. Así, el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS), tuiteó: “Vanoli diciendo que el problema es de idiosincrasia, que la gente va toda junta el primer día! Cuando fue la masacre de Once decían que el problema era que la gente se agolpaba en el primer vagón. Siempre quieren quedar libres de responsabilidad. Basta de maltratar a Jubilados!!”.

A su vez, el ex presidente Eduardo Duhalde apuntó, sin nombrarlos, a los funcionarios que provocaron la situación a la que fueron expuestos los jubilados. “Hay gente del equipo de [el presidente] Alberto [Fernández] que no maneja bien las cosas; lo de los bancos es un desastre”, fustigó, en declaraciones radiales. Y agregó: “Me dan una bronca bárbara las colas que hay en los bancos. Esto se pudo haber evitado. No lo cuidan a Alberto los que arman estas colas en los bancos, descuidando a los jubilados”.

Mucho se ha dicho y escrito sobre la reticencia de los jubilados a usar la tarjeta de débito, que se atribuye a desconocimiento del sistema o a una supuesta incompetencia personal. Sin embargo, vale la pena recordar que desde 1991 es obligatoria la bancarización de los haberes jubilatorios –lo que proporcionó a los bancos una importantísima clientela cautiva– y que el Banco Central habilitó la apertura de entidades bancarias durante el aislamiento obligatorio para poder atender la demanda de aquellas personas que no podían cobrar sus jubilaciones o pensiones por no contar con su tarjeta de débito por causa de robo o extravío, y de las que perciben planes y programas sociales y tampoco disponen de su tarjeta.

Es preciso remarcar, entonces, que, aunque una porción de jubilados y pensionados elige cobrar por ventanilla y no tiene una tarjeta asociada a su cuenta, la mayoría emplea ese plástico, que en algunos bancos es el único medio para cobrar pues no se les permite hacerlo en la caja, y cuyo uso no tiene por qué causarles mayores dificultades, puesto que, si bien la bancarización de los salarios se dispuso por ley en 2010, veinte años antes el Estado y muchas empresas privadas depositaban los emolumentos del personal en cuentas sueldo, y los bancos hacían su negocio endilgándoles además el paquete con tarjeta de crédito, etcétera.

También es cierto que, en caso de robo, extravío o deterioro de la tarjeta, muchos bancos disponen que el usuario debe hacer la denuncia en la entidad emisora, que procederá a darla de baja y enviará otra en su reemplazo; mientras tanto, si necesitara extraer dinero, deberá acudir a la sucursal bancaria y presentar su documento. A raíz de la cuarentena, varios de los principales bancos habilitaron líneas telefónicas especiales para estos trámites y se comprometieron a que los usuarios recibieran una nueva tarjeta en un plazo máximo de quince días que aún no se ha cumplido.

Por otra parte, Vanoli y otros han recalcado que para retirar dinero no es necesario que el jubilado concurra personalmente, sino que pueden hacerlo un apoderado o un familiar directo. Lo que no dijeron los funcionarios es que se estima en 150 mil el número de personas mayores de 65 años que viven solas en la ciudad de Buenos Aires y que, según establece la Anses, si desea designar un apoderado –que debe ser cónyuge, familiar, tutor, curador o abogado– este debe registrar su impresión digital en cualquier oficina de ese organismo, con turno previo; reunir después la documentación (DNI del titular y apoderado, original y copia) y la documentación específica según quien sea ese apoderado, sacar un nuevo turno en Anses y presentarse en la oficina asignada con toda esa documentación; no parece un trámite tan sencillo, y menos aún si se tiene en cuenta que las oficinas de la Anses están cerradas al público.

Vanoli exhortó además “a la gente, que solo vaya al banco si es una cuestión estrictamente necesaria”; cabe preguntarse si para un jubilado resulta estrictamente necesario cobrar su magro haber, y encima con quince días de atraso.

En otro orden, durante toda la tarde de ayer circularon insistentes versiones sobre un supuesto enojo del presidente de la Nación con Vanoli, Pesce y otros funcionarios, así como con el gremialista Palazzo, y se llegó a hablar de renuncias. Sin embargo, al término de la jornada no se había hecho ningún anuncio en ese sentido.