Subte: el boleto a $7,50

En fallo dividido, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires resolvió “hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el GCBA y SBASE y, en consecuencia, revocar la resolución” de la jueza Elena Liberatori que había suspendido el aumento de la tarifa del servicio de subterráneos. En consecuencia, a partir del lunes próximo el boleto pasará a costar $7,50.
Esa cifra, que había sido fijada por una resolución de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), debía entrar en vigencia el 27 de julio último pero, como informamos oportunamente, el día anterior la nombrada magistrada hizo lugar al recurso de amparo presentado por el auditor general de la Ciudad, Facundo Del Gaiso, “para evitar la suba del subte por tener ‘inflada’ la tarifa” y ordenó al Gobierno de la Ciudad y a SBASE el mantenimiento del cuadro tarifario que fijaba el costo del pasaje en $4,50.
En su presentación, Del Gaiso argüía, entre otras cosas, que “la tarifa técnica establecida por SBASE tiene errores de cálculo que fueron advertidos oportunamente por la Auditoría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se reiteran en la resolución objeto de impugnación”.
Para impedir el aumento presentaron también sendos recursos de amparo el legislador (mc) Alejandro Bodart (MST), el actual legislador Patricio del Corro (PTS) junto con Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), y el legislador Marcelo Ramal (PO) junto con el dirigente de ese partido Gabriel Solano y los delegados de la AGTSyP del subte y de la agrupación ATM, Christian Palletti y David Carballo.
Sin embargo, el fiscal Juan Octavio Gauna propició hacer lugar a la apelación interpuesta por el GCBA y SBASE y en su dictamen consideró, entre otras cosas, que “los incumplimientos imputados a SBASE no resultan patentes y el tema requiere de un examen sobre cuestiones técnicas bastante más profundo que el que autoriza el limitado ámbito cautelar para, eventualmente, definir si se presenta un caso de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la fijación de las tarifas”.
A los fundamentos de ese dictamen “por razones de brevedad” se remitió en su fallo la jueza de Cámara Gabriela Seijo, en tanto que su colega Esteban Centanaro manifestó compartir “en lo sustancial” el referido dictamen, sin perjuicio de lo cual agregó que “la complejidad técnica que conlleva la modificación tarifaria, sumado al estrecho marco cognitivo de estos actuados, no permiten afirmar que las tarifas aprobadas por las resoluciones impugnadas sean prima facie manifiestamente ilegítimas, irrazonables o bien ostenten irregularidades tales como las deducidas por los actores”.
Por su parte, se manifestó en disidencia el presidente de la Sala, Ernesto Zuleta, quien señaló “una contradicción entre los datos reconocidos y tenidos en cuenta en la audiencia pública” del 21 de junio último “y los que efectivamente se utilizaron para la fijación de la tarifa técnica”. El magistrado sostuvo además que “debe primar el derecho de los usuarios a recibir información adecuada y veraz con relación a la fijación de las tarifas de servicios públicos –como es el de Subte–“. Consecuentemente, propuso “rechazar el recurso de apelación interpuesto”.

Primeras reacciones
Uno de los primeros en pronunciarse contra el fallo de la Cámara fue Del Gaiso, quien escribió al respecto varios mensajes en su cuenta de twitter, uno de los cuales expresa que “después de 3 meses seguimos sin saber si el valor de la tarifa técnica del subte es la adecuada, la Cámara levantó la cautelar sin resolverlo”, y otro que “la tarifa del subte puede ser cara o barata, lo que no puede ser es injusta, no sabemos si la tarifa está bien tomada o no, no se resolvió”.
A su vez, Del Corro rechazó el fallo y opinó: “Los jueces militantes de Cambiemos le han regalado al PRO un nuevo tarifazo en la Ciudad sin responder a ninguno de los argumentos presentados en el amparo que presentamos simplemente porque los números no cierran, incorporan costos que no deberían y mienten sobre la cantidad de pasajeros para aumentar las tarifas, rechazando el fallo de la jueza Liberatori que nos había dado la razón”.
Advirtió además que “los dos jueces que votaron por el tarifazo ni siquiera se preocuparon por dar sus razones y remiten todo al dictamen del fiscal que se sostiene en argumentos de procedimiento para evitar que el subte mantenga las tarifas ‘justas y razonables’ en los términos que determina la ley”.
Por su parte, Dellecarbonara observó que “por este motivo ya tuvo que renunciar Juan Pablo Piccardo como presidente de SBASE y ahora necesitaron el auxilio de la justicia para aumentar un 66 % la tarifa del subte, cuando el servicio sigue siendo desastroso y peligroso para los usuarios y los propios trabajadores”.
En cuanto a Bodart, anunció: “Vamos a apelar esta sentencia dividida e infundada de la Cámara, que no responde ninguno de nuestros argumentos sobre los costos inflados ni el destino incierto de los subsidios millonarios a la concesionaria del servicio. Lamentablemente, una vez más la justicia actúa de manera funcional al gobierno porteño y a la empresa Metrovías.”
Para Ramal, “la decisión de la justicia habilita un aumento completamente irregular e incluso fraudulento”. El legislador del PO explicó: “No han respondido a nuestro argumento sobre los costos inflados que presentó Metrovías, cargando a su favor erogaciones que realiza SBASE, y no Metrovías. Es el caso de la amortización de los vagones. Tampoco se ha investigado la evidente sobrefacturación a favor de empresas vinculadas del propio grupo Roggio”.
En el mismo sentido, Solano destacó que “estamos ante un fallo a la medida del grupo Roggio y en sintonía con toda la orientación de la justicia a favor de pavimentarle al gobierno la ruta de los tarifazos” y que “la población de la Ciudad, que viene de soportar tarifazos en el ABL, en la luz y en el gas, deberá afrontar ahora un aumento del 66% en un transporte público plagado de deficiencias”.