Piden informes sobre la situación del subte

A raíz de la renovación de la concesión de la red de subterráneos y el premetro al grupo Benito Roggio-Metrovías, los legisladores de la Ciudad Sergio Abrevaya (GEN) y María Rosa Muiños (FdT) presentaron un pedido de informes sobre la situación financiera y contractual del servicio.

Según informó el Gobierno de la Ciudad a través de su página web del 30 de diciembre último, el directorio de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) aprobó la adjudicación mediante la resolución N°3382/2020. La concesión será por el término de doce años, con posibilidad de prórroga por otros tres, en lugar de los veinte años de la concesión anterior.

De acuerdo con la información oficial, el proceso licitatorio comenzó en 2018 y se recibieron tres ofertas pero, entre fines de 2019 y principios de 2020, dos de las empresas (RATP, subsidiaria del Metro de París junto con Alstom, y Keolis, con Transport for London y Corporación América) anunciaron su retiro como oferentes, de modo que la única empresa que quedó en competencia fue el grupo local Benito Roggio Transporte, asociado con Metrovías.

La fuente oficial habla de “garantizar y aumentar la disponibilidad de trenes y optimizar el funcionamiento de las instalaciones”, para lo cual, dice, se avanzará en “la inversión en infraestructura, con intervenciones en todos los talleres de la red, para mejorar y agilizar el mantenimiento de la flota, que derivará en un incremento de las formaciones disponibles para la operación”.

En otro orden, consigna que, “de la mano de la digitalización, la propuesta de la empresa operadora es generar una revolución estratégica y operativa”, que “permitirá adelantarse al desgaste natural de escaleras, ascensores, trenes, vías e instalaciones, y efectuar el mantenimiento a un menor costo y tiempo”.

Expresa también que “el objetivo es mejorar de forma continua la seguridad y disponibilidad de la flota, asegurar la confiabilidad del servicio, aumentar la eficiencia, reducir costos, mejorar la experiencia de los usuarios y cuidar el medio ambiente”.

En contraste, el pedido de informes busca, concretamente, “conocer el estado y situación actual de la operación y mantenimiento del servicio” y “el estado financiero del fondo fiduciario SUBTE”, según señalaron los autores en los fundamentos del proyecto. Para ello, plantean que el Ejecutivo local responda a cinco puntos específicos.

Así, el primero indaga sobre “los Planes de Operación para atender la demanda proyectada, teniendo en cuenta horarios de operación, frecuencias, sistemas de control de evasión de pasajes, los recursos materiales y humanos destinados al cumplimiento de la mejora en la calidad y cantidad del servicio, el aumento de la productividad y la experiencia del usuario”.

En virtud del segundo punto, se procura poner de manifiesto “el Programa de Recursos Humanos, cantidad de personal, plantilla profesional, currículum vitae del personal ejecutivo, regímenes de capacitación y actualización de las calificaciones técnicas”.

A su vez, en el tercer punto se requieren “los últimos tres balances del Fondo Fiduciario SUBTE y el correspondiente consolidado al 30 de septiembre de 2020”, mientras que el cuarto apunta al “régimen de cuentas y de contabilidad de los años 2017, 2018 y 2019 y el consolidado al 30 de septiembre de 2020 de la concesión vencida” y el quinto y último se enfoca en la “estructura de costos para la redeterminación de precios del nuevo contrato”.  

En lo que hace a los fundamentos, se expresa que “esta nueva relación contractual del Estado con la operadora impacta en la calidad de vida de los vecinos y transeúntes que recorren todos los días la Ciudad”.

Por otra parte, se observa que el servicio de subterráneos “es de vital importancia en la movilidad de los ciudadanos de Buenos Aires” y que “es necesario conocer las condiciones operativas a las que estará obligado el operador y el costo que deberán afrontar los vecinos de la Ciudad a través de la tarifa, pero también de los recursos públicos con los que se financia este transporte público”.

Por último, se señala que “también es necesario conocer el estado de las cuentas del fondo fiduciario y cómo se asignaron los recursos en el año 2020, donde se impusieron restricciones de circulación a los porteños y se restringieron los servicios por el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en el Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, teniendo esta situación un impacto importante en los ingresos y egresos del servicio”.