Piden 15 años para Jaime y Schiavi

En el juicio por la tragedia de Once, los abogados Leonardo Menghini y Lelia Leiva, por la representación del grupo de querellas identificado con el número 3, solicitaron las penas de 15 años de prisión para los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y de 18 años de prisión para el ex dueño de Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), Sergio Cirigliano. 
Lo hicieron como culminación de su alegato, pronunciado en la última audiencia convocada al efecto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.
Se trata de la causa en la que se investiga el hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando, como se sabe, un tren de la línea Sarmiento colisionó con la cabecera del andén número 2 de la estación terminal Once de Septiembre, en el cual 51 personas resultaron muertas y 789 con heridas de distinta consideración.
Los letrados pidieron además las penas de 12 años de prisión para los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, así como de 16 años de prisión para los ex presidentes de TBA Marcelo Calderón y Carlo Ferrari, el ex directivo Roque Cirigliano y el ex director de Cometrans  S.A., Alejandro Lopardo; de 15 años de prisión para el apoderado general de esta última, Mario Cirigliano, y de otras no menores de 10 años de prisión para otros dieciocho ex empresarios y dependientes de TBA y de Cometrans.
Tanto funcionarios como empresarios fueron acusados por la querella de los delitos de estrago doloso, en concurso real con el de administración fraudulenta contra la administración pública.
Asimismo, la querella solicitó que se investigue al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por su responsabilidad en los hechos.
Entre los muchos argumentos expuestos por Menghini (tío paterno de Lucas, una de las víctimas) y Leiva, se destacó que “TBA tuvo todos los fondos para evitar o disminuir considerablemente la falta de mantenimiento en los trenes y en especial el deterioro extremo de la unidad Chapa 16, que transportaba a las víctimas de la tragedia de Once”, y que “si no lo hizo fue porque eligió defraudar al Estado y para ello se valió de la complicidad de los funcionarios de turno”.
Manifestaron después que “el tren chocó”, pero que “si la estructura no hubiese estado corroída por el óxido, si el parachoques no hubiera agravado el impacto, si la diferencia de altura (ya de por sí alterada entre coches) no hubiese sido condicionada por ese frenado degradado que hizo ‘hocicar’ al coche, las víctimas no hubieran quedado atrapadas y hoy hablaríamos de la tragedia de Once como de un choque más”.
La querella precisó que cinco días antes de los hechos, Roque Cirigliano escribió un correo electrónico donde advertía que “el Chapa 16 tenía problemas de frenos y debía condenarse a la inactividad”, y enfatizó que “no hubiera habido tragedia y no habría muertos como resultado de un tren condenado a la inactividad, pero que los responsables irresponsables pusieron a circular porque la falta de control se los permitió”.
Por otra parte, Menghini expresó su creencia en que “la historia le da a la Justicia, como institución, una oportunidad de mostrar independencia; independencia de los otros poderes, con su rol constitucional equilibrante, fundamental para un grupo de familias, en su mayoría humildes, contra la estructura y el peso de los poderes político y económico, una oportunidad histórica de reconciliar a la gente con la sensación de que el sistema nos pone a salvo de las injusticias”.
Cabe recordar que en una audiencia anterior se escucharon las exposiciones de los respectivos representantes de la querella unificada con el número 1 y de la unificada con el número 2. El abogado Jesús García habló en nombre de la primera, que responde a su socio y colega Gregorio Dalbón, quien el año último fue expulsado del juicio por el Tribunal, y el abogado Javier Moral lo hizo en representación de la unificada con el número 2. 
Ambos letrados coincidieron en señalar al maquinista Marcos Córdoba como único responsable de los hechos: García pidió 22 años de prisión para el trabajador, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de descarrilamiento doloso, y Moral adhirió a ese pedido. 
“De lo que pudo haber sucedido, en base a conclusiones de peritos y de los ensayos, no surge el mal funcionamiento del sistema de freno”, afirmó García.
A su vez, Moral sostuvo que “el Chapa 16 frenó correctamente en todas las estaciones, los compresores funcionaron correctamente, no hubo fallas ni reportes, pero [Córdoba] desconectó el ‘freno de hombre muerto’ en una maniobra antirreglamentaria”.
Luego, en alusión a los ex funcionarios y empresarios imputados, el abogado habló de “mucha gente acá sentada que no tenía nada que ver”.
En las próximas audiencias, el Tribunal escuchará la exposición de la fiscalía, a cargo de Fernando Arrigo, y los alegatos por la defensa de los acusados.