Pandemia y derechos humanos de la vejez

Según HelpAge International, una red global que agrupa a 158 organizaciones en 86 países, con el objetivo de “ayudar a las personas mayores a exigir sus derechos, desafiar la discriminación y superar la pobreza”, el COVID-19 amplificó la violencia, el abuso y el abandono de esas personas en todo el mundo, proceso que de por sí ya estaba en aumento.

Así lo hace constar un reciente mensaje de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dado a conocer con motivo de conmemorarse el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

El organismo porteño reconoce que “la pandemia ha causado un estrés considerable en personas de todas las edades debido a la pérdida de ingresos y las difíciles condiciones creadas por las restricciones de movimiento, distanciamiento físico y medidas de aislamiento, entre otras” y que “esto se vio manifestado con mayor envergadura en las personas mayores que incrementaron su dependencia hacia otros, por el miedo (propio y de familiares) a salir y contagiarse”.

“Asimismo”, prosigue, “trajeron aparejadas una limitación en la actividad física que implicó una reducción de su capacidad de movilidad, una disminución en su calidad de vida y por ende un deterioro en su salud”.

El estado de cosas creado por la pandemia también dificulta la detección y contención de los casos de violencia. Así, la Defensoría advierte que, “respecto a la identificación de la violencia”, en lo que hace a “las personas mayores es fundamental la interacción con los profesionales de la salud que las asisten”, mientras que “la circulación por distintos espacios de pertenencia o las visitas que reciben de sus familiares en geriátricos son espacios útiles para la detección de estos hechos”, pero que “las restricciones derivadas de la pandemia han reducido enormemente la efectividad de estas alternativas o instancias de contención”.

Por su parte, Claudia Mahler, experta independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, elaboró para ese organismo internacional un informe acerca del impacto de la pandemia en esos derechos, donde sostiene, entre muchas otras cosas, que “se han incrementado las actitudes edadistas y la discriminación por razón de edad y se están registrando numerosos casos de desatención, maltrato y abandono en algunas instituciones o servicios”.

En ese sentido, especifica que “durante la pandemia, las personas mayores se han enfrentado a distintas limitaciones y barreras que les impedían o dificultaban el acceso a tratamientos médicos y a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que las demás personas” y que “la suspensión temporal de servicios de salud no relacionados con la respuesta a la COVID-19 ha tenido graves consecuencias para aquellas personas con afecciones preexistentes, entre las que se incluyen las personas de edad avanzada”.

Dice también que “ante esta situación se han vuelto a poner de manifiesto las deficiencias que existen en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores en las sociedades de todo el mundo”.

En otro orden, la experta no duda en apuntar a la exclusión digital que, dice, “dificulta considerablemente el acceso de las personas de edad a información esencial sobre la pandemia y las medidas sanitarias y socioeconómicas conexas”. Sostiene que “la brecha digital en el acceso a la información resulta evidente cuando estas personas necesitan apoyo o ayuda debido a malos tratos o desatención”.

En cuanto a los efectos de la pandemia sobre la situación económica de las personas mayores, Mahler prevé, en su informe, que “las repercusiones económicas de la pandemia afectarán considerablemente a las personas de edad y probablemente agravarán las múltiples formas de discriminación y la elevada incidencia de la pobreza y el aislamiento que sufre este grupo de población, especialmente en el caso de las mujeres de edad y las personas mayores que tienen alguna discapacidad”.

Las respuestas de los gobiernos no han sido las mismas en todas partes. Mahler consigna que “a fin de mitigar algunos de los efectos económicos negativos de la pandemia, al 12 de junio de 2020 un total de 195 países habían introducido o adaptado programas de protección social, y 68 países los habían orientado a las personas de edad, por ejemplo aumentando las pensiones, proporcionándoles apoyo en especie, adelantando el pago de las pensiones y garantizando que se efectuara en condiciones seguras, facilitando las transferencias de efectivo y ampliando la cobertura de las pensiones”.

En estas latitudes, en tanto, el titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, en una entrevista radial opinó al respecto que “el tema es la concepción de sociedad, e incluso de mercado, que se tiene, para no hablar de cuestiones solo humanitarias”.

Mencionó la conmemoración internacional de la toma de conciencia del abuso y maltrato al adulto mayor, y consideró que “el buen trato a ese adulto mayor, lo que genera son condiciones para que el Estado gaste menos y el mercado crezca más, es decir que esa persona bien tratada, esa persona a la que no le cobrás excedente, a la que no le robás, a la que le cuidás la salud, es un consumidor fenomenal que reproduce riquezas”.

Manifestó seguidamente que “la cara inversa, lo contrario a esto, es lo que vivimos acá”, y explicó que “el maltrato, el que no pueda comer lo que corresponde, el que no se pueda cuidar porque no le alcanza la plata y demás, implica un gasto, que en este caso no es una inversión en salud, para tratar de mantenerlo ‘vivo’, pero sin la posibilidad de tener una vida plena, porque a los 65 años nos ofrece 20 o 25 más de vida plena, que acá se le niega, y en términos de lo económico esa persona se convierte en una carga y no en ese reproductor de riqueza que yo señalaba anteriormente”.

Se refirió después a la decisión “de la presidenta de la Cámara de Senadores y del presidente de la Cámara de Diputados, que acordaron para los 11.700 empleados que tiene el Congreso de la Nación un reajuste del 40%, cosa que se hace extensiva a sus dietas”, y propuso: “Más allá de cuestionarlos, lo que decimos es que deben tener el mismo trato los jubilados y los pensionados que vienen perdiendo respecto a la inflación con la Ley de Movilidad que tanto fue meneada y promovida, y los dos reajustes,  el de marzo y el de junio, no han mejorado, como se decía, el haber del jubilado, sino al contrario, profundizaron la pérdida que tiene ya ese haber desde hace años respecto a la inflación”.

Y prosiguió: “En razón de que se ha mostrado que hay recursos necesarios para atender ese reajuste del 40%, que se le aplique también a los 6 millones de jubilados y pensionados: 4 millones y medio cobran la mínima de 23.000 pesos, es decir que no cubren el 37% de su canasta de necesidades básicas, y los 2 millones restantes cobran una media de 33.000 pesos, llegan apenas al 50% de la cobertura de sus necesidades básicas, por lo cual le hemos pedido al jefe de Gabinete que se expida el Poder Ejecutivo y se haga cargo de un reajuste de emergencia del 40% para todos los jubilados”.

Remarcó que “la situación es muy grave para los jubilados, porque no hubo ningún refuerzo, ningún reconocimiento extra que sí lo hubo para otros rubros, otros subsidios que paga la Anses por los días de confinamiento y demás, hubo un reconocimiento de $15.000 por este último confinamiento en el Amba, pero para los jubilados ni un bono, nada”.

Por último, advirtió que “cuando se habla de gasto de la seguridad social en la Argentina, que lo dicen brutalmente, en realidad se habla de los únicos que pusieron la plata por adelantado y que el Estado directamente se la robó”.