La Legislatura se pronunció contra la sanción del nuevo Código Civil

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma expresó su rechazo a la sanción del Código Civil y Comercial aprobado el miércoles último por la Cámara de Diputados de la Nación.

Lo hizo a través de una declaración en la que manifiesta “su profunda preocupación por la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, ya que la misma vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos modificando las relaciones privadas de todos los argentinos, alterando el proceso de formación de las leyes, sin respetar la representación que ostentan los senadores y diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo un atropello a las garantías constitucionales”.

El proyecto respectivo fue presentado por el diputado Maximiliano Ferraro (CC-UNEN), quien pidió su tratamiento sobre tablas.

Los fundamentos

En los fundamentos, el legislador expresa que “la sanción de una norma de tal envergadura debiera haber sido el resultado de una discusión parlamentaria que fundamentalmente respete las normas constitucionales que regulan el tratamiento de una ley”, pero que el trámite fue “absolutamente ilegal, porque violó el principio de formación y sanción de las leyes, ya que no fue girado a las comisiones asesoras permanentes sino que fue directamente enviado a la Comisión de Labor Parlamentaria, la que carece de facultades para dictaminar sobre cualquier asunto”.

“Asimismo”, precisa, “el proyecto con media sanción del Senado carecía de despacho de comisión ya que el dictamen caducó de acuerdo con los plazos determinados en los reglamentos de la Cámara atento a que el 10 de diciembre de 2013 se renovaron los senadores que la conforman”.

En otro significativo párrafo, consigna que “el orden constitucional es el armonioso funcionamiento de los órganos institucionalizados por nuestra Constitución, el orden democrático es el permanente respeto por el normal desarrollo y funcionamiento de los diversos poderes públicos” y advierte que “el procedimiento legislativo inconstitucional a través del cual se sancionó el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación viola el principio de división de poderes y, en consecuencia, lleva al vaciamiento de la función legislativa de hecho y por la fuerza”.  

Finalmente, denuncia que “ante los hechos acontecidos nos encontramos ante una violación de los artículos 16; 75 inc.12, 77, 78, 79,82 y concordantes de la Constitución Nacional”.

El debate

En su intervención, Ferraro destacó la importancia de que el “cuerpo legislativo que es la representación popular de la Ciudad de Buenos Aires se pronuncie, desde el punto de vista político” sobre lo que consideró “la violación de la representación política del pueblo de la Nación en el Congreso”, el cual “más que conforme a un procedimiento constitucional y de derecho, actuó de hecho”, generando “un acto insalvablemente nulo”.  Explicó que “se violó el procedimiento constitucional de la sanción de las leyes, que establece que debe existir una cámara de origen y una cámara revisora, cosa que con la constitución de la comisión bicameral del Código Civil y Comercial no existió”.

“Por otro lado”, prosiguió, “se puso a consideración de la Cámara de Diputados un dictamen de una comisión que ya había caducado, porque el 10 de diciembre de 2013 se renovó un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados”.

Afirmó que también “se violó la representación popular que ostentan todos los senadores y diputados que ingresaron en esa renovación parlamentaria, pertenezcan a mayorías o minorías”.

En otro orden de cosas, remarcó que “el proyecto [del Código] fue redactado por el presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación, con la supervisión de la presidenta de la Nación, violando la división de poderes y el control de constitucionalidad que le pertenece al máximo tribunal”.

Hizo notar asimismo que “si hubieran querido tratar el proyecto, habría correspondido habilitar su tratamiento con los dos tercios de los presentes, poner a la Cámara de Diputados en comisión y abrir el debate”.

Por último, señaló que “además de este atropello a la sanción y formación de las leyes y a la Constitución de la Nación, este nuevo Código Civil vulnera derechos fundamentales de muchísimos ciudadanos” y enumeró: “Cuestiones de familias, fertilización asistida, filiación, gestación por sustitución, función social de la vivienda, derecho al agua; y la responsabilidad del Estado desaparece”.

En cambio, concluyó, “ante la presión de algunos sectores no se lograron esos nuevos derechos que muchos creíamos consagrados”.

Oposición del kirchnerismo

La propuesta de Ferraro no fue bien recibida por el interbloque kirchnerista, que se opuso a la habilitación de la tabla arguyendo que la votación y el debate ya se habían dado donde debían tener lugar.  

En ese sentido, Gabriel Fuks calificó como “una vergüenza” el hecho de que la discusión se hubiera trasladado al Recinto de Sesiones de la Legislatura, mientras que Aníbal Ibarra y Claudia Neira adujeron que “el parlamento de la Ciudad no es el ámbito indicado para discutir un tema que ya fue votado y decidido en el Congreso Nacional”.

Visiblemente ofuscada, Gabriela Cerruti advirtió a los propios de que “no sólo se está votando una cuestión procedimental”, y culpó a los ajenos de ponerse de acuerdo “en contra del proyecto que está transformando este país y tocando intereses de todos los sectores”.

Acusó al proyecto de Ferraro de “poco serio” y remató: “No tienen idea del mamarracho legislativo que está puesto hoy a consideración para votar”.

De la izquierda

Por su parte, Alejandro Bodart (MST) se preguntó si “el acuerdo que hicieron con la Iglesia para liquidar la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos, ¿qué es, sino un pacto con la derecha retrógrada?”

En ese contexto, estimó que “lo que votaron desde el gobierno nacional es una vergüenza para la lucha que, desde hace años, vienen desarrollando las mujeres en este país para tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y lo votaron después de un viaje en que fueron a arrodillarse ante el Vaticano”.

Dijo también que “se han vulnerado derechos importantes, laborales y ambientales, habiendo una oportunidad muy grande de incorporarlos a este Código Civil” y que “se hizo todo entre gallos y medianoche, sin abrir un debate claro sobre la sociedad”.

Y preguntó: “¿Por qué no pusieron en debate el tema del aborto, para que la gente, de una vez por todas, decida qué quiere?”.

Hostigado por las constantes interrupciones de los kirchneristas, los llamó “reaccionarios que festejan el triunfo de la Iglesia por sobre los derechos de la mujer”.

Y los exhortó: “No hagan más doble discurso, que no les cree nadie; no se hagan los progresistas ni hablen de la derecha, porque ustedes son la derecha”.

Bodart anunció que votaría un proyecto de declaración alternativo, que presentó junto con Marcelo Ramal (FIT), y “que habla a las claras de lo reaccionario del Código y critica los avances de la derecha”.

La iniciativa, que no formó parte de la tabla, propone que la Legislatura exprese “su rechazo a la sanción del nuevo Código Civil, que cercena libertades y derechos para satisfacer los reclamos de la Iglesia Católica, a la que mantiene como persona pública, y golpea derechos laborales al avalar la tercerización y la precarización del trabajo, entre otros derechos”.

En uso de la palabra, Ramal calificó al nuevo Código de “clerical y reaccionario”. Coincidió con Ferraro en que “se redactó con la colaboración de miembros de la Corte Suprema”, pero observó que “no solamente con ellos”.

Sostuvo que “este Código Civil tiene otros autores” y que “se terminó de redactar hace diez días, en la reunión de Santa Marta, en el Vaticano, entre Cristina Fernández de Kirchner y el Papa” y, por otro lado, “en las oficinas de la Unión Industrial Argentina, porque avala la tercerización del trabajo y la precarización laboral”.

Después de explicar que “el artículo 19 levanta una barrera contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, puntualizó que “el Código establece que en el futuro, en los contratos de trabajo, la empresa principal no será responsable ni siquiera solidariamente de deudas laborales de las firmas dependientes o subsidiarias” y que “en las uniones transitorias de empresas no se establece ni se presume la responsabilidad de los socios en las obligaciones que contraigan con terceros, es decir con empresas tercerizadas, este es el aval a la tercerización laboral”.

Especificó también que “el nuevo Código Civil incorpora el contrato de locación como una modalidad de remuneración, es decir que estamos ante la legalización del trabajo en negro”.

Por otra parte, aclaró: “Objetamos los procedimientos, sin duda arbitrarios, que se ejercieron en el Congreso, pero nuestra oposición tiene un contenido y destaca los ataques al laicismo, a los derechos de la mujer y por sobre todas las cosas, a la clase obrera”.

Finalmente la declaración de Ferraro se aprobó con 37 a favor, 17 en contra y las abstenciones de Bodart, Ramal y Pablo Bergel.