Impuestos: suspenden rebajas previstas

En la primera sesión ordinaria del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma ratificó el consenso fiscal suscripto el 17 de diciembre último por el gobierno nacional, el de la Ciudad y los de las distintas provincias, en el que se acordó dejar sin efecto las rebajas previstas para el año en curso de los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario y de sellos, entre otros, de las distintas jurisdicciones, y aprobó las consecuentes modificaciones a la ley tarifaria sancionada por el cuerpo a principios de diciembre de 2019, así como al Código Fiscal vigente.

Este nuevo consenso suspende el suscripto en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri, en virtud del cual, según informó  la agencia gubernamental Télam, “las provincias tomaron el compromiso de reducir gradualmente la presión impositiva hasta el 2022 pero la crisis económica, sumada a la disminución de fondos coparticipables y subsidios, planteó un contexto en el cual las finanzas quedaron en rojo y sin la chance de perder más recursos, una disyuntiva que agravaría aún más su situación” y “por ello, al suspenderse la baja de los impuestos, el acuerdo representará aproximadamente un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos”.

Ambas iniciativas –la de adhesión al nuevo pacto fiscal y la de modificar la ley tributaria– fueron presentadas por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y obtuvieron sendos despachos favorables de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que preside el legislador Claudio Romero (VJ).

En su carácter de miembro informante, este explicó en el recinto que “las modificaciones previstas impactan” en el impuesto a los Ingresos Brutos, que “en lo que tienen que ver con la producción primaria quedará establecido en 0,75%, industria manufacturera en 1,5%, construcción 2,5%, producciones primarias y minerías 0,75% y transporte 2 puntos”.

[Por su parte, la Legislatura informó que las obras y servicios de electricidad, gas y agua tributarán 3%, que cuando la facturación supere los 96 millones de pesos anuales se aplicará un 3,75%, y que en la facturación de esos servicios a residenciales se aplicará el 4%. En lo que hace al comercio, entre 3%, 4,5% y 5% según montos anuales de facturación; a las tarjetas de crédito o compra 7%; a restaurantes y hoteles 3% y 4,5%; a inmobiliarias y alquileres, 3% y 5% según niveles de ingresos, y a comunicaciones 3% y 4,75%.]

Romero precisó que “en lo referido a Sellos, que es el segundo tema, la alícuota es del 1% para todos los actos, y para aquellos que estén vinculados con la transferencia de dominios, es decir autos e inmuebles, queda con el 1,2”.

Señaló que “las multas, que es el tercer punto importante, se bajan priorizando un sistema de recaudación más eficiente y simplificando la gestión administrativa”.  

En relación con “la industria o la economía del conocimiento”, dijo que “el Gobierno de la Ciudad ha decidido mantener el beneficio para aquellas empresas pequeñas y medianas que se dediquen a la industria del conocimiento, o sea el software o similares, y si facturan menos de 130 millones de pesos por año, es decir una facturación aproximada de 10 a 11 millones por mes, quedan exentas del impuesto, y cuando superen esa cifra pagan el 1,5”.

Opinó que “votar estas dos normas es clarificar a los contribuyentes lo que van a pagar y lo que no”, y remarcó que “como se han modificado cuestiones vinculadas a la tarifaria anterior, que nos planteaban qué iba a pasar en 2020, 2021 y 2022, volvemos las alícuotas simplemente al 2019, considerando y estableciendo que no hay ningún tipo de aumentos”.  

Seguidamente María Rosa Muiños (FdT) anunció: “Claramente, nuestro bloque va a aprobar esta adhesión al nuevo consenso fiscal propuesto por el presidente de la Nación” y agregó: “Respecto a la tarifaria, nuestro bloque va a abstenerse”.

Denunció que “se cometen muchas irregularidades en la presentación del presupuesto” por parte del Ejecutivo local, así como en “el tratamiento en esta casa”, y consideró que en ese presupuesto “hay una subestimación del cálculo de los ingresos y de la inflación”.

Por otra parte, afirmó que “el impacto fiscal de la ley tributaria implica una suma que oscila entre los 18.000 y los 22.000 millones”, y expresó sus dudas “porque no dice en ningún momento adónde va a ir esta plata, cómo es posible calcular este número que nos están tirando si no tenemos ningún indicio del número de la inflación o cuál va a ser la variación económica”.

A continuación, Gabriel Solano (PO) comenzó diciendo que “las sesiones ordinarias de la Legislatura debutan con un pacto entre el gobierno nacional y el de la Ciudad”, y definió: “El acuerdo que acá se va a votar no fue elaborado por Alberto Fernández, ni por Horacio Rodríguez Larreta, ni por Insfrán, ni por estos gobernadores del ajuste, sino que fue armado y diseñado por el Fondo Monetario Internacional”.  

Recordó que “al FMI lo trajo Macri pidiendo un préstamo que insumió 44.000 millones de dólares que fueron utilizados para pagar deuda y para financiar una fuga de capitales”, y señaló que “ahora tenemos que a ese FMI que le prestó a Macri se lo ha invitado a la Argentina, se ha quedado a vivir y lo tenemos en el Ministerio de Economía haciendo un trabajo de absoluta supervisión de todas las cuentas nacionales y a partir de esta política se está discutiendo un ajuste general de la economía argentina”.  

Indicó que “obviamente, es un ajuste a todas las provincias y también a la ciudad de Buenos Aires” y que “los gobernadores y Larreta van a hacer que ese ajuste lo pague el pueblo con menos salario, con menos jubilación o con más impuestos” y precisó que lo que se iba a aprobar era “una suba de impuestos, en particular el impuesto a Ingresos Brutos que como todo el mundo sabe se traslada inmediatamente a los precios y lo termina pagando la población”, y que “no tiene como contraparte un aumento de los salarios y de las jubilaciones, por lo que significa, de manera más o menos inmediata, una reducción de su capacidad adquisitiva y por lo tanto más pobreza, más indigencia en la ciudad y en el país”.  

Con respecto a la coparticipación federal correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, anotició que “se está negociando sotto voce y de espaldas a la población una reducción de ese dinero, que no va a ir al pueblo de Mendoza ni al de Santiago del Estero, sino que le sacamos a la ciudad de Buenos Aires para que la Nación vaya a tener superávit fiscal para pagar la deuda”, y se preguntó: “¿Cómo va a hacer la ciudad para compensar lo que le saca la Nación para pagar la deuda externa? Aumentando los impuestos a la población”.

A su turno, Martín Ocampo (UCR/Ev) anticipó el acompañamiento de su bloque a ambas iniciativas en el convencimiento, en primer lugar, de que “la Argentina necesita de más pactos, de más acuerdos, de más políticas públicas consensuadas entre todos los sectores de la vida política, porque de esa manera va a salir adelante”.  

Consideró que “lo segundo, y ya específicamente sobre la materia” es que “estos impuestos que estamos tratando ya han sido tratados con anterioridad en las mismas alícuotas, en las mismas formas y con los mismos sujetos obligados al tributo, y han sido sancionados por la Legislatura, es decir que esto no es más que replicar lo que esta Legislatura ya había sancionado”.

En otro orden, enfatizó que “el sistema tributario de la ciudad es el sistema de ingresos públicos de la ciudad, que es con el que se financian las políticas públicas”, y que “no se puede sostener una mejora en esas políticas públicas sin darles el sostenimiento de los recursos necesarios”.

Hablaron también Facundo del Gaiso (CC); Eugenio Casielles (Consenso Federal); Alejandrina Barry (PTS), Roy Cortina (PS) y Sergio Abrevaya (Gen).

Finalmente, la ratificación del acuerdo fiscal fue aprobada por 50 votos a favor, 9 en contra (5 de CC y 4 de la izquierda) y una abstención (CF).

En cuanto a la nueva ley tarifaria, se sancionó con 33 votos a favor (VJ, Gen y PS); 5 en contra de la Izquierda y CF, y 22 abstenciones (FdT y CC).