Gustavo Vera ratifica su denuncia

El 8 de este mes el diputado de la Ciudad Gustavo Vera (bloque Verde Alameda en UNEN) ratificó y amplió ante el juzgado federal 4, subrogado por Sergio Torres, los términos de su denuncia por sabotaje a los titulares de las empresas Edesur y Edenor y del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad).

La denuncia fue formulada por Vera junto con su compañero de bloque Pablo Bergel, quienes pidieron asimismo que se investigue la posible participación de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Planificación Federal.

A efectos de presentar la denuncia, los legisladores concurrieron el 2 de este mes a los tribunales de Comodoro Py 2002, pero a causa del asueto judicial vigente ese día el edificio estaba cerrado y no se permitía el acceso a ninguna dependencia. Los denunciantes se dirigieron entonces al Palacio de Justicia, donde la situación era similar.

Así las cosas, decidieron encaminarse a la Comisaría 3° de la Policía Federal, donde finalmente el oficial principal Sergio Rodríguez tomó la denuncia, dando intervención al juzgado de turno.

La denuncia

En la denuncia, los legisladores sostienen que “corresponde que se investigue si por los medios de la desinversión y del vaciamiento de las compañías proveedoras de la electricidad se ha desorganizado el servicio con la finalidad de perturbar el desarrollo comercial, industrial, económico y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los partidos del conurbano porteño”.

Previamente, el texto describe en dramáticos términos los cortes de energía eléctrica que han tenido lugar en la ciudad desde diciembre último. “A consecuencia de esos prolongados cortes las casas de departamentos se convirtieron en trampas para sus habitantes por la falta de los servicios de agua corriente, de ascensores y de medios de conservación de sus alimentos en condiciones climáticas terribles con temperaturas lindantes a los 40° C”, expresa.

Dice también que la ciudad “se vio conmovida por protestas colectivas, piquetes, cortes de ruta y de calles, hechos de violencia que causaron la muerte de personas registradas en la crónica periodística”.

Menciona además que “el comercio y la industria se vieron perturbados”, y destaca que “fue particularmente penosa la situación de los comerciantes de artículos perecederos que vieron cómo su mercadería se arruinaba por la interrupción de la cadena de frío en tiempos en que por las fiestas de fin de año tienen su pico máximo de ventas”.

“Un clima de temor, violencia y desazón se generó a partir de la falta de este esencial suministro, que además estuvo potenciado por la cercanía de los episodios de saqueo que conmovieron el país durante el mes de diciembre. El clima de opresión que se vive en una ciudad oscurecida y con sus calles desiertas como si se viviera en tiempos de guerra ha caracterizado este fin de año”, enfatiza después.

En otros párrafos, el texto reseña en apretada síntesis los hechos vinculados con la gestión de los servicios públicos desde su privatización. “La gran corrupción en la gestión de las empresas de servicios públicos determinó el colosal derrumbe económico de 1989, que obligó durante la década de los noventa, en medio del descalabro general, a una muy apresurada desregulación y privatización”, explica.

Recuerda que “este proceso estuvo signado por una nueva y escandalosa oleada de corrupción”, pero que “la población debió tragar la píldora bajo la amenaza del caos”.

Puntualiza que en el año 2001 “estalló por el aire el modelo menemista y se replanteó un sistema de controles no muy claro ni muy eficaz, pero que hubo que aceptar por la pretendida naturaleza nacional y popular de las nuevas autoridades y porque no quedaba otro remedio”.

Es así como, prosigue, “hoy nuevamente vuelven a saltar por los aires las empresas otrora privatizadas y luego mal reguladas y peor controladas y se busca imponer estatizaciones ruinosas y carísimas”.

Advierte en ese sentido que “nuevamente recomienza el  ciclo de corrupción (contubernio del sector privado con los funcionarios públicos), sabotaje (desorganización del servicio con riesgo para el desarrollo) y extorsión (exigencia de aceptar turbias soluciones políticas desesperadas para evitar la amenaza de males mayores)”.

En cuanto a las compañías Edenor y Edesur, se señala en la denuncia que “del análisis de los balances de ambas empresas distribuidoras de energía, surge que presentan dificultades que hacen prever su disminución de capital y hasta la liquidación misma de las empresas”.

Al respecto, se pone de manifiesto que, “a pesar que los organismos de control y el Poder Ejecutivo Nacional, cuyos funcionarios integran los directorios de las mencionadas compañías, se encuentran en conocimiento de ello, no adoptaron medidas tendientes a evitar consecuencias mayores, como las que ahora están padeciendo los usuarios de las empresas de electricidad”.