Entre el estruendo y el lucro

Los trágicos hechos de Costa Salguero, en los que cinco jóvenes resultaron muertos y otros tantos debieron ser hospitalizados en grave estado por haber consumido drogas, reavivaron un debate en el que los distintos sectores involucrados eluden responsabilidades para achacárselas a los demás y solo queda en claro la degradación que alcanzamos como sociedad.

Si el drama es malo, si la comedia es insulsa, si la película no dice nada, golpéame con el theremin, ruidosamente. Me parecerá entonces que estoy respondiendo a la obra. En realidad, respondo con reflejos táctiles a las vibraciones. No interesa. Quiero entretenimientos sólidos.  

RAY BRADBURY, Fahrenheit 451  

En su edición del 13 de abril último, el diario La razón anunciaba: “El mundo de la música electrónica espera con ansias su gran evento con el festival Time Warp que entre el viernes y el sábado reunirá a los mejores DJ del momento en la tercera vez que el encuentro musical llega al país”.
Se refería al espectáculo que se realizaría los días 15 y 16 de ese mes, y explicaba seguidamente que “se trata de un festival prestigioso, con más de veinte años de historia y mundialmente reconocido en el planeta de la música electrónica” y que “este gran show apuesta a la perfecta interacción entre la música, la iluminación y el cómodo espacio que en este caso otorgarán los pabellones 2, 3 y 5 del predio Costa Salguero, los cuales permiten una intensa experiencia en las diferentes pistas”.
Se trataba de la tercera vez que ese festival se realizaba en nuestro país. A propósito de la primera, el 30 de mayo de 2014 el diario La Nación informó, en inconsciente y horrible predicción: “Creado en la ciudad alemana de Mannheim hace 21 años, el festival desembarca por primera vez en América del Sur y, claro está, elige a Buenos Aires como ‘víctima’, la plaza más danzarina de estas latitudes”.

De los hechos
Según las primeras informaciones, minutos después de las 6 de la mañana del 16 de abril concurrieron adonde se desarrollaba el festival ocho ambulancias del SAME, cuyo titular, Alberto Crescenti, manifestó que habían sido convocadas por “un paciente que había entrado en coma, en paro respiratorio, que fue uno de los que murió”.
Posteriormente, se confirmó que los muertos eran cinco: dos ya lo estaban cuando llegó la asistencia pública, uno falleció en la ambulancia que lo trasladaba, otro en el hospital Rivadavia y el restante en el Fernández.
En la unidad de terapia intensiva de este último establecimiento fueron internados otros tres jóvenes, en tanto que otro lo fue en el hospital Argerich y posteriormente derivado al Británico, y un quinto fue conducido al Rivadavia. Al cierre de esta edición, todos ellos ya habían sido dados de alta.
El lunes 18, en rueda de prensa improvisada en la puerta del hospital Fernández, y preguntado por las sustancias que habían ingerido los internados, Crescenti reveló que “el screen toxicológico había dado metanfetamina y éxtasis”.
Se hizo cargo de la causa el titular del Juzgado de Instrucción N° 3, Guillermo Caravajal, con la intervención del fiscal Sandro Abraldes, quien dispuso la clausura preventiva del predio y apartó de la investigación a la Prefectura Naval, que se ocupaba de la seguridad del lugar.
Pero no habían pasado veinticuatro horas cuando juez y fiscal, a instancias de este último, se declararon incompetentes y la causa pasó a la justicia federal. En declaraciones a distintos medios, Abraldes manifestó que “la conclusión provisional que motiva que la causa pase a federal es que las muertes se vinculan con el suministro de sustancias estupefacientes”.
Asimismo, dijo que había desplazado de la investigación a la Prefectura porque miembros de esa fuerza le habían manifestado que no había drogas en el lugar.
Así las cosas, la causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, con la intervención del fiscal Federico Delgado.

De la causa judicial
En consonancia con los tiempos que se viven, también en este caso fueron funcionarios del Poder Judicial los que asumieron, e incluso monopolizaron, la producción de hechos de fuerte impacto mediático.
Al cierre de esta edición, el último de esos hechos fue la detención de Víctor Stinfale, acusado de ser uno de los organizadores de la fiesta a través de la empresa Energy Group, proveedora del agua mineral y de la bebida energizante que allí se vendieron.
Según afirmó Delgado en su dictamen, esa firma, cuya titularidad atribuyó a Stinfale, “fue más que un proveedor, tuvo una presencia material en la reunión y una participación activa en la producción de los hechos”.
Sostuvo asimismo que el mediático abogado “concretamente fue parte de la creación de ese espacio social excluido de la soberanía estatal”, que “estuvo sustraído de cualquier tipo de control público y que permitió en los hechos el funcionamiento de una suerte de mercado al que concurrían libremente quienes querían vender y los que deseaban comprar drogas prohibidas y que culminó con 5 muertes”.
En ese sentido, aseguró que “el agua es el complemento necesario de las drogas que se vendían en la Time Warp”, observó que “hay muchas formas de vender una bebida” y se preguntó si “hay otra mejor que administrar la sed”.
Delgado pidió además la indagatoria y detención del empresario Walter Santángelo, accionista mayoritario de Energy Group.
Es así como, hasta el momento, son siete los detenidos en esta causa. Los otros son Adrián Conci, presidente de la empresa Dell Producciones, organizadora de la edición local de Time Warp; Maximiliano Ávila, apoderado de esa firma; Carlos Garat, miembro de Dell Producciones y responsable del plan de evacuación de la fiesta, y tres supuestos dealers, procesados por comercio de estupefacientes: el argentino Lautaro Crespo, el dominicano Rafael Ramírez Legrón y el colombiano John Giraldo Guerrero. En tanto, permanecen prófugos Santángelo y Facundo González, vinculado a Dell Producciones.
En el dictamen en que fundamentó el pedido de indagatoria y detención de Conci, Delgado así detalló las condiciones en que se desarrolló la fiesta: “Más allá del evento musical o a propósito de él, se montó todo un dispositivo de venta de drogas que tomó un cariz dramático pero real, en la medida que dentro de ese mercado que fue la Time Warp, se suscitaron diversas situaciones que agravaron el curso del evento, como ser, entre otras, baños colapsados, nula ventilación, ambiente sin ventanas y sin ventiladores, altísimas temperaturas, grandes colas de personas para acceder a la compra de botellas de agua (más de una hora de tiempo) las cuales se vendían a 40 pesos e incluso se llegaban a pagar $100 si en la caja no tenían cambio, robos de botellas de agua y avalanchas en el ingreso y en horario pico, producto de la excesiva cantidad de gente que había”.
Manifestó asimismo que “ni bien se ingresaba, los vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo keta, led, éxtasis, cocaína y superman” y que “el lugar además estaba hacinado [sic], con poca ventilación, hacía calor y escaseaban las bebidas a medida que los concurrentes las necesitaban”.
Y agregó: “Por ello muchos tuvieron principios de asfixia. Pero no solo se racionó la venta de bebidas. También, según algunos testigos, la red de agua corriente se cerró a la madrugada”.
Por otra parte, Casanello citó a indagatoria al titular del predio Costa Salguero, Néstor Bogado; a los responsables de la seguridad, de los accesos y de los socorristas, Ezequiel Venturino, Carlos Penise y Nahuel Chumbita, respectivamente; a los inspectores del Gobierno de la Ciudad Gustavo Herms, Néstor Cella y Pablo Fontanellas; a diecinueve integrantes de la Prefectura que durante el festival se hicieron cargo de la seguridad externa, contratados como policía adicional por los organizadores, y a otros treinta y cinco miembros de esa fuerza que estuvieron dentro del predio. Al parecer, el juez sospecha que esos efectivos no cumplieron con su deber y considera que “como mínimo, no ejercieron los controles prevencionales propios de su función”.
En ese contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación relevó de sus funciones al prefecto de zona Río de la Plata y al jefe del Departamento Narcotráfico, Federico Bader y Raúl Kannemann, respectivamente, y suspendió preventivamente a otros 39 miembros de la fuerza.
A su vez, el legislador Patricio del Corro (PTS) no dudó en apersonarse en el juzgado de Casanello para “formular una denuncia penal por comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el director de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta”, como contó.
Y prometió: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias: sobreventa exponencial de entradas, un déficit negligente en la estructura y organización del evento Time Warp, funcionarios y fuerzas de seguridad cómplices son la columna vertebral de lo sucedido en Costa Salguero”.
En medio de este bullicio tribunalicio, que podría inducir a pensar cuánto y qué bien trabajan jueces y fiscales, no estaría de más considerar que compete a estos funcionarios lograr que los casos lleguen a juicio, y que en nuestro país las estadísticas indican que de cien delitos que se investigan menos de uno llega a condena, como advirtió recientemente el ministro del área, Germán Garavano. En estas circunstancias, cabe preguntarse qué pasará cuando la vertiginosidad de la información desplace a los hechos de Costa Salguero de la primera plana de los medios.   

De la Legislatura
En su sesión del 21 de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma votó una declaración en la que expresaba “su preocupación y profundo pesar por los sucesos acaecidos en la madrugada del 16 de abril en el marco del festival de música electrónica Time Warp”, así como su “solidaridad y acompañamiento a los jóvenes que se encuentran en grave estado y a los familiares de las víctimas”.
Seguidamente, debatió un pedido de informes al Ejecutivo local cuyo texto fue consensuado entre los distintos bloques. Se trata de una exhaustiva lista de 44 puntos que inquieren, entre otros ítems, sobre distintos aspectos de las relaciones contractuales con la empresa concesionaria del complejo Costa Salguero y sus subconcesionarias, el funcionamiento y habilitación de los locales del lugar, las condiciones en que se desarrolló el festival, la prevención y control del consumo de drogas, el desempeño de inspectores y socorristas y la intervención de agentes de la Prefectura.
Después de un prolongado debate, el pedido de informes se aprobó con 55 votos positivos y la abstención de Marcelo Ramal, del Partido Obrero. “Manifesté que votar eso era ganar tiempo para salvarles la ropa al jefe de Gobierno y a los funcionarios y para no poner sobre la mesa la crisis política que significa Costa Salguero”, refirió el legislador en la alocución que pronunció durante la inauguración del nuevo local de su partido en La Paternal.
Informó en la oportunidad que “la concesión de Costa Salguero es irregular y fue otorgada a grupos económicos ligados profundamente al macrismo”, que ese lugar “es un parque” y solo se pueden realizar allí “actividades de espacio verde”, y que “sin embargo, se han armado locales para organizar megaeventos y luego se ha habilitado todo este negocio a costa del envenenamiento de miles y miles de jóvenes, no esta vez sino muchísimas otras veces”.
Enfatizó que “Costa Salguero es Punta Carrasco, es Puerto Madero, es esa ciudad de Buenos Aires organizada en función del beneficio capitalista, con grupos que muchas veces ni siquiera pagan impuestos y se sostienen sobre la base de la explotación y hasta la muerte de jóvenes, como efectivamente ocurrió”.
Asimismo, hizo saber que su partido “reclama la interpelación a Rodríguez Larreta y el inicio de un juicio político en la Legislatura”, porque “tiene que dar cuenta de la responsabilidad en la orientación social y política del Estado”.

Del Ejecutivo local
En cuanto al jefe de Gobierno, instó a “concientizarnos como sociedad de que tenemos un problema que se llama las adicciones”. Lo hizo en recientes declaraciones a radio Mitre, en las que opinó que “todos miramos a los jóvenes, y en adultos también hay adicciones gravísimas”.
Acerca de la investigación judicial, manifestó: “Que la justicia investigue, eso me parece fantástico”. A renglón seguido, insistió en que “acá el problema que tenemos es que hay chicos que para divertirse a la noche necesitan de la droga, en estas fiestas, en un boliche, en su casa, en la plaza y donde sea” y consideró que “es un problema que tienen todas las ciudades del mundo”.
Observó que “muchas veces, los padres no saben cómo encarar con sus hijos este tema gravísimo” y admitió la responsabilidad de “promover más concientización respecto de este problema”.
En oportunidades anteriores, el alcalde porteño eligió, para referirse a estos hechos, su cuenta en Facebook. Así, el 17 de abril escribió: “Acompaño a los familiares y a los amigos de las víctimas de la fiesta electrónica en este doloroso momento. Como padre puedo imaginar el dolor que están sintiendo. A los familiares y amigos de los chicos fallecidos, quiero transmitirles mi más sentido pésame. Y todo mi aliento para quienes hoy siguen luchando por sus vidas”.
Y añadió: “Con mi familia vamos a rezar por sus hijos”.
Por otra parte, expresó: “Quiero destacar una vez más el compromiso y la vocación del equipo de nuestros hospitales y el SAME, con cuyos responsables, Ana María Bou y Alberto Crescenti, estuvimos reunidos esta mañana para seguir la evolución de los chicos internados”.
Una semana después, publicó un texto que tituló “Más educación y más prevención”, en el que declaró: “Son días de mucho dolor y muy difíciles para los familiares, amigos y también para todos los argentinos. No queremos más familias destruidas por culpa de las drogas y para eso es muy importante que todos estemos informados”.
Estimó que “esta es una pelea que vamos a dar entre todos, con más educación y prevención” y anunció “un paquete de medidas en esos dos ejes”.
Se refirió en primer término a “un proyecto de ley para reducir daños y riesgos en fiestas electrónicas”, y advirtió: “Hasta que no se convierta en ley, no vamos a dar permisos especiales para este tipo de fiestas”.
Mencionó también “un proyecto para que todos los chicos de las escuelas públicas tengan un referente capacitado con quien hablar sobre consumos problemáticos, para que estén informados y sepan a lo que se exponen”, una convocatoria por parte del Ministerio de Salud a ”una mesa de profesionales que analice estos temas y genere propuestas para saber cuál es la mejor manera de abordarlos y cómo prevenirlos”, y el lanzamiento de “una fuerte campaña de prevención y concientización para los jóvenes y también para los padres”.