El presupuesto de contingencia
- Por Tras Cartón
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En la última sesión del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó el Presupuesto 2021, definido como “de contingencia con fuerte reducción del gasto público”, como consecuencia de la quita del porcentaje de coparticipación por parte del Gobierno nacional.
Según informó ese cuerpo colegiado, “el total de gastos y recursos planificado para el año próximo es de $ 612.643.520.015, lo que representa en términos nominales aproximadamente un 40% más que el presupuesto aprobado para 2020”, e “incluye una previsión inflacionaria del 29% en el ejercicio venidero y una estimación de crecimiento económico del 5,5%”.
Por otra parte, “se tratará de aumentar recursos mediante la eliminación de exenciones de impuesto a los Ingresos Brutos en operaciones financieras de pases, títulos del BCRA Leliq más la aplicación del Impuesto de Sellos a las tarjetas de crédito (alícuota del 1,2%, equivalente a lo que aplica la provincia de Buenos Aires)”.
El debate se prolongó más de cuatro horas y fue áspero, se expusieron más argumentos políticos que económicos y no faltaron cruces ni chicanas. En primer término habló el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), quien lo hizo en su carácter de miembro informante. Empezó por manifestar “una profunda tristeza producto de no haber podido este año cumplir con los altos estándares que tiene el Gobierno de la Ciudad con respecto a su presupuesto” y explicó: “Debido a la quita intempestiva y salvaje de la coparticipación por parte del Gobierno nacional impulsamos hoy un presupuesto de contingencia con fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de grandes contratos y medidas transitorias”.
Y aclaró: “Es de contingencia porque si la situación se retrotrae al 9 de setiembre porque hay un fallo de la Corte, este programa transitorio que presentamos no se va a aplicar”.
Dijo después que “pese a la baja recaudación y a la quita de la coparticipación, las partidas destinadas a las áreas esenciales como seguridad, educación, salud y desarrollo social se mantienen” y precisó que “estas tres últimas áreas sociales se llevan el 51% de la masa presupuestaria” y que “la decisión en esos cuatro servicios esenciales es no bajar la calidad y seguir manteniendo como hasta ahora a cada uno de ellos”.
En cambio, anunció que “se suspenden, se ralentizan o se postergan obras, planes y proyectos, se pasa a un mantenimiento de lo mínimo y esencial del espacio público y se revisan los grandes contratos y servicios que brinda la Ciudad”.
Por su parte, Gabriel Solano (PO) observó que “estamos ante un ajuste encadenado, porque hay un ajuste del Gobierno nacional a la Ciudad, de eso no cabe ninguna duda, y ese ajuste el gobierno de [Horacio Rodríguez] Larreta lo traslada integralmente a los vecinos y a los trabajadores de la Ciudad, incluso a los que no viven en ella”.
Aseguró que “es falso que la reducción de la coparticipación de la Ciudad tenga que ver con un interés por el interior, cualquiera que lea un diario se da cuenta que dentro de los acuerdos que busca el Gobierno nacional y todavía no logró llegar con el FMI hay un punto clave, se comprometería [el ministro de Economía de la Nación, Martín] Guzmán a reducir el actual déficit fiscal de este año, que más o menos ronda el 8%, y llevarlo a 4 puntos según dice el presupuesto, pero en conversaciones oficiosas que han dicho por ahí quería llevarlo al 3%, y cuando uno se pregunta cómo se reduce un déficit del 8 al 3, hay que sacarle a la Ciudad, a Salta, a Tucumán, a Santa Cruz y a Jujuy”.
En ese contexto, destacó que “justo los 60 mil millones de pesos que la Nación le saca a la Ciudad, serían lo que pierden como masa salarial los trabajadores de la Ciudad con una pauta paritaria que va a quedar como 20 puntos por debajo de la inflación”.
Por su parte, Lucía Romano (VJ) remarcó que “cuando se habla de que la ciudad de Buenos Aires debe ser más solidaria se olvida de que aporta un 25% a la masa de recursos coparticipables de la Nación, recibiendo hasta septiembre de este año un 3,5%, y el decreto de Alberto Fernández bajó ese porcentaje en 1,18% y con la amenaza de una quita aún mayor en función de lo que se disponga en la Ley de Presupuesto nacional”.
A su vez, María Rosa Muiños (FdT) consideró que “el sistema tributario de la Ciudad fomenta la recaudación de impuestos al consumo y reduce la participación de los impuestos patrimoniales y de la riqueza, es decir, se perjudica a una gran mayoría de porteños y porteñas y se beneficia a una minoría”.
Especificó que “mientras baja la asignación presupuestaria en las comunas más pobres y baja la asignación en transporte, en trabajo, en vivienda, en ecología, todo alrededor del 20%, suben los gastos en publicidad”.
Luego, Martín Ocampo (UCR-Ev) opinó que “lo que estamos viendo no es, como algunos quieren decir, una idea de equiparación entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias”, sino que “lo que se está buscando es perjudicar una gestión, y no es la gestión por la gestión misma, es la gestión porque el responsable político de ella es uno de los potenciales candidatos a presidente, y como cuenta con altas chances electorales han decidido mermar esas chances perjudicando su capacidad de gestión”.
Y previó: “Ahora seguramente vamos a escuchar discursos –y ya escuchamos algunos– donde nos recriminan por qué no hacemos lo otro, lo otro y lo otro; ¿y cómo lo vamos a hacer si nos sacan la plata, con qué recursos lo vamos a hacer?”.
A su turno, Leandro Santoro, en tono vehemente, afirmó que “este es un programa regresivo y recesivo porque, en lugar de tratar que los sectores que ganaron con la pandemia como los supermercados, los laboratorios, las entidades financieras no bancarias e incluso los bancos, hagan un esfuerzo mayor, está en deuda con las porteñas y los porteños que tienen que pagar a través del parquímetro, del acarreo, del ABL, del aumento del subte, de los servicios públicos esenciales y del aumento que han puesto al consumo con una tarjeta de crédito, el agujero fiscal que el jefe de Gobierno no supo prever”.
Posteriormente, Sergio Abrevaya (Gen) puso de manifiesto que “la ciudad de Buenos Aires es una provincia más y como tal es una integrante de la Confederación Argentina y tiene derechos que son previos a la Constitución, que tienen que ver con la firma de los pactos, y esos derechos federales se garantizan con la autonomía”. Se preguntó “cómo se garantizan las autonomías” para responderse “por supuesto, con la independencia de poderes y sobre todo con la plata”.
Advirtió que en las actuales circunstancias, “la ciudad de Buenos Aires es sometida a discutir el presupuesto y sus ingresos de una manera totalmente distinta”, y acentuó: “Y a mí me obliga a defender a la Ciudad en su autonomía a través de instrumentos, y ‘me obliga’ significa que en otro cuadro de situación no les aprobaría muchos de los instrumentos que hoy se van a votar, pero estando en discusión la autonomía no queda otra que votar a favor y defender a la ciudad de Buenos Aires en sus ingresos y en ese presupuesto que no está bien, pero que es en definitiva un presupuesto de contingencia”.
Después, Roy Cortina (PS) sostuvo que “la crisis que tiene hoy la Argentina es producto de las macanas que se mandó la dirigencia política de distintos colores desde los últimos 50 años, aproximadamente”, y ofreció “una prueba irrefutable”, según la cual “desde el 2000 para acá han pasado muchos presidentes y muchos ciclos políticos y la Argentina no pudo bajar el 25% de pobreza”, y exhortó: “Toda la dirigencia política tenemos que hacer una autocrítica”.
Remarcó que “la ciudad de Buenos Aires no es la capital de otro país, es la capital de la Argentina, y la crisis que tenemos en la ciudad es también un espejo de la crisis acumulada durante décadas en la Argentina”, y consideró que “la construcción del discurso de la opulencia, culpabilizando a la Ciudad por las vicisitudes de las provincias, es de altísima irresponsabilidad”.
Luego, Javier Andrade (FdT) estimó que “en esa idea de coparticipar no pensamos en la parte interna de la Ciudad”, y se preguntó “por qué no pensamos de una vez por todas y les damos jurisdicción a las juntas comunales, que son electas y pueden tener su presupuesto y resolver los problemas de la gente, porque los compañeros y compañeras de las juntas comunales son los que están más cerca de nuestra gente cotidianamente”.
Se manifestó de acuerdo con que “tiene rango de provincia la ciudad de Buenos Aires”, coligió que “las comunas son intendencias” y exhortó a darles “la jurisdicción presupuestaria, para que puedan gestionar como lo dicen la Ley N° 1.777 y la Constitución”.
Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Diego García Vilas, refutó varias observaciones y objeciones expuestas por miembros del principal bloque opositor. Así, expresó que “plantean cuánto se gasta en publicidad sin entender que todo este último año toda la publicidad oficial estuvo contemplada a la atención de la pandemia, donde le tuvimos que informar a la ciudadanía cuáles eran los mejores mecanismos para prevenir el contagio y establecer un montón de campañas para cuidarnos entre todos”. Resaltó además, entre otras cosas, que “el 51,4% del total del presupuesto está destinado a gastos sociales y el 19,4% a educación”.
El cierre estuvo a cargo del miembro informante Claudio Romero, quien, refiriéndose al oficialismo nacional, manifestó: “Alguien dijo ‘esto es peronismo’, y yo creo que esto no es peronismo, esto es un neoperonismo populista, porque hay muchas cosas en las cuestiones sociales con las que yo no estaría de acuerdo, aunque sí me considero peronista”.
Y citó, sin nombrarlo, al creador del movimiento: “Mejor que decir es hacer, y nosotros hicimos, hacemos y haremos con lo que nos quede de presupuesto y defendiendo a los porteños”.
Finalmente, se procedió a la votación de modo nominal y, sobre 59 votos emitidos, el presupuesto y otras leyes complementarias se aprobaron por 39 votos afirmativos (VJ, UCR-Ev, PS, Gen y CF) contra 20 negativos (FdT y partidos de izquierda).