El Gobierno porteño podrá comprar vacunas contra el Covid 19

Por amplia mayoría, la Legislatura de la Ciudad Autónoma sancionó en su última sesión la ley que faculta al Ejecutivo local a comprar vacunas contra el Covid-19.

El proyecto correspondiente fue presentado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Salud, que reunidas en conjunto emitieron dictamen para su pronto debate y votación.

Como anticipamos, en su artículo primero la nueva norma faculta al Ejecutivo local a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos –incluso en moneda extranjera– previo informe fundado de la autoridad sanitaria local, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19”.

En virtud del punto 2 de ese mismo artículo, podrán incluirse en los contratos respectivos: “(i) cláusulas o acuerdos de confidencialidad; (ii) prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas; (iii) cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y aceptación de la ley extranjera aplicable; (iv) incluir otras cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna”.

Cabe destacar que el proyecto incluía, al final del ítem (ii), la siguiente frase, suprimida en el texto del despacho: “con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.  

En cuanto al punto 3, establece que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho a acudir a los tribunales locales o federales del país”.

A su vez, el segundo artículo dispone la creación de una Comisión Especial de Adquisición de Vacunas, que funcionará en el ámbito de la Legislatura y estará integrada por cinco miembros de ese cuerpo pertenecientes a las comisiones de Presupuesto o de Salud, a quienes el Ejecutivo deberá informar cada treinta días sobre toda adquisición, entrega y distribución territorial de vacunas.

El debate

En su carácter de miembro informante, abrió el debate la vicepresidenta primera de la Comisión de Salud y ex ministra del área del Gobierno de la Ciudad, Ana María Bou Pérez (VJ), quien señaló que “estamos viviendo una situación epidemiológica gravísima, donde por suerte la ciencia, contra reloj, desarrolló varias vacunas que empiezan a hacer ver un futuro distinto y a hacernos sentir que la pandemia en algún momento va a desaparecer”.

Consideró que “la vacuna, entonces, se vuelve ese bien buscado y deseado, esa sustancia que todo el mundo quiere tener para sus ciudadanos”, recordó que “el Gobierno nacional, como todos sabemos, hizo una compra” y destacó que “la ciudad de Buenos Aires tiene la intención de adquirir mayor cantidad de vacunas para poder acceder, facilitar y acelerar este proceso de inmunización”.

Especificó que “para hacer esto tiene que cumplir con la Ley Nacional N° 27.563”, que “admite que las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden adquirir vacunas, siempre con respaldo legislativo”. Y remarcó: “Y es aquí donde estamos haciendo esto, respaldando a nuestro Poder Ejecutivo para poder iniciar la compra de vacunas Covid-19”.  

Por su parte, Myriam Bregman (PTS) opinó que la ley que se estaba tratando “es la ley Pfizer, tiene un nombre, no es una ley para comprar vacunas en general”. Dijo después: “Se nos pide que votemos un cheque en blanco para la compra de vacunas y aceptar el chantaje de los laboratorios”. Caracterizó a estos últimos como “laboratorios de estos mafiosos que recorren el mundo haciéndose jugosas ganancias con una pandemia mortal”.

Y enfatizó: “Esto no es una compra de vacunas, nosotros queremos que haya vacunas pero no podemos seguir arrodillándonos ante este negocio criminal de unos buitres que hoy se pintan la cara de laboratorios”.  

A su vez, Sergio Abrevaya (Gen) manifestó que “tenemos un aprendizaje que hacer en torno a lo que sucedió con todo el esquema de confrontación o de abordaje de este virus tremendo”, y afirmó que “esta combinación de factores que te obliga a aprender incluye como variable importante la vacunación, una variable que nosotros no logramos manejar”. 

En ese sentido, explicó que “los acuerdos para producir acá siempre estuvieron condicionados a que el principio activo venga de afuera porque acá no había descubrimiento, por lo cual terminaste dependiendo de los laboratorios que tenían capacidad económica para desarrollarlo en el mundo, no acá, y este es un problema serio que no lo resolvés con facilidad en medio de una pandemia”.  

Y siguió: “Si creyésemos que con la expropiación resolvemos la vacunación habría que hacerla, pero no la vamos a resolver porque dependemos de los que tienen montado el esquema”. Precisó que este abarca “no solo la patente sino el know how y la capacidad de producir en grandes números”.

En otro orden, refirió que la posibilidad de compra de vacunas por parte de los Estados provinciales “se abrió, no porque Nación no tuviera plata para negociar, sino porque tenía dificultades con las negociaciones”, advirtió que no se trató de “una concesión graciosa”, y consideró que “esto no es menor, porque no se puede competir con Nación, salvo que tenga atrancada alguna de esas negociaciones”. 

En representación del Frente de Todos habló Javier Andrade, quien adelantó: “Vamos a acompañar en general el proyecto, porque todos queremos que exista la posibilidad de más vacunas para los habitantes de la Ciudad, al margen de las que vienen de Nación”.

Después de otros conceptos, hizo notar: “En la reunión de Comisión nos encontramos con que desde Juntos por el Cambio planteaban un mínimo detalle: sacar una frase del inciso ii del punto 2 del artículo 1, que tenía que ver específicamente con las excepciones en el marco de la indemnidad que plantea este inciso”. En ese sentido, recordó que, como dijimos en la primera parte de esta crónica, esa frase expresa: “con excepción de aquellas originadas por maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”. 

Explicó que “negligencia o conducta fraudulenta son términos del ámbito jurídico anglosajón que refieren en los términos locales a lo que tiene que ver con culpa y dolo”, lo que “implica una acción intencionada de cometer un daño”, y sostuvo que “ese es el objetivo por el cual esa frase se pone en el articulado”.

En consecuencia, anunció: “Nosotros vamos a acompañar en general, no vamos a acompañar el inciso ii del punto 2 del artículo 1”. 

Cerró el debate el jefe del bloque oficialista porteño, Diego García Vilas, quien afirmó: “Hemos visto, a lo largo del año pasado y de principios de este año, una política muy errática por parte del Gobierno nacional en la adquisición de vacunas”. 

Refirió que “tenemos en la Argentina casi 79.000 muertes y tenemos un promedio de vacunación total, y cuando hablamos de vacunación es con las dos dosis, que es la que debiéramos tener para que nuestra población esté inmunizada, del 6%”. 

Tras asegurar que “estamos resguardados” y que “el andamiaje jurídico y los principios generales siguen protegiendo los derechos de los habitantes”, exhortó: “Quiero terminar solicitando a todos los espacios políticos que abandonemos esta grieta ideológica y nos pongamos a trabajar en conjunto para resolver los problemas de la gente”.

Y concluyó: “En un marco de pandemia, es más que claro que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y conseguir la mayor cantidad de vacunas posible”.

Puesta a votación, y sobre 57 votos emitidos, la iniciativa resultó aprobada en general por 53 afirmativos aportados por las distintas bancadas y 4 abstenciones de los bloques de izquierda.