Adhesión al protocolo nacional ILE

Por amplia mayoría aportada por todos sus bloques, a excepción de un unipersonal, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó la adhesión de Buenos Aires al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE).

Lo hizo durante su última y extensa sesión, en la que también sancionó las leyes de alivio fiscal, de regulación del reparto a domicilio y de fomento a la donación de plasma.

La iniciativa, presentada por la legisladora Inés Gorbea (UCR-Ev), propicia, en su único artículo, la adhesión de la Ciudad al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, actualizado en diciembre último por la Resolución N° 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.  

En los fundamentos se expresa, entre otras cosas, que “la situación fáctica y jurídica existente en la Ciudad en esta materia nos condujo a la situación de no poseer en la actualidad un protocolo de interrupción legal del embarazo” y que, en consecuencia, resulta fundamental que adhiera al referido protocolo “a fin de salvaguardar los derechos a la salud y a la vida a las mujeres y personas gestantes que habitan esta Ciudad y que les otorgue seguridad jurídica”.

A su vez, la resolución ministerial cita en sus considerandos el artículo 86 del Código Penal de la Nación, sancionado en 1921, y el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia, de 2012. El primero establece que el aborto “no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”; la Corte lo interpretó en el fallo F.A.L., diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Asimismo, exhortó a implementar protocolos hospitalarios.

El debate

Fue un debate largo y áspero, donde las intervenciones más medulosas estuvieron a cargo de las mujeres y los cruces más ríspidos se produjeron entre integrantes de la bancada oficialista que expusieron posturas opuestas. Empezó poco antes de haberse cumplido una hora y media de la sesión, cuando la legisladora Patricia Vischi (UCR-Ev), presidenta de la Comisión de Salud, pidió la alteración del orden del día para el tratamiento sobre tablas de la iniciativa.

Aprobada la alteración y habilitada la tabla, la primera en ocupar el atril de los oradores fue Vischi, quien resaltó que el tratamiento de la iniciativa surgió “de una decisión transversal de todas las fuerzas políticas con una articulación real con la sociedad civil y académica” y destacó “la receptividad y la predisposición del Ministerio de Salud de la Ciudad para avanzar” en ese sentido.

Pasando a consignar “algunos datos”, informó que “desde el año 2014 la Ciudad de Buenos Aires tiene un registro contabilizado del ILE”, que en ese año se practicaba “solo en dos hospitales, el Argerich y el Álvarez”, y que “el sistema fue extendiéndose de modo sostenido, ya que en 2015 prácticamente la mitad de las situaciones eran asistidas en los CeSac como primer nivel de atención, y para el año 2018 los CeSac pasaron a ser el servicio de salud que realiza mayoritariamente esta práctica”.

Informó asimismo que “los registros entre 2016 y 2018 confirman que hubo un aumento del 900% en la prestación”, que “durante el año 2018 se practicaron más de 4.800 interrupciones legales de embarazo”, que “del total de las ILE practicadas 9 de cada 10 se realizaron por el factor salud, 6% por violaciones y 4% por poner en riesgo la vida de las personas gestantes” y que “el tiempo promedio de espera fue de 8 días corridos, aunque el 72% de los casos se pudieron resolver en menos de una semana”.  

“Esto demuestra”, remarcó, “que hoy estamos reunidos con los consensos necesarios, en condiciones de dar otro paso más en la Ciudad de Buenos Aires en favor del derecho a la salud y a la autonomía de las mujeres”.

Siguió Guillermo González Heredia (VJ), quien, tras reconocer que la iniciativa iba a tener amplia mayoría favorable, dijo: “No va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que las mayorías se han equivocado”. En su prolongada exposición se mostró decidido opositor a la interrupción voluntaria del embarazo y no dudó en ilustrar sus argumentos contando episodios íntimos de su vida personal y familiar.

La intervención de Laura Velasco (FdT) tuvo tonos fervorosos. “Vamos por la soberanía sobre nuestros cuerpos, sabiendo que son las más pobres y las más jóvenes las que mueren por abortos clandestinos y que los países que legalizaron el aborto llevaron a cero la muerte de personas gestantes, y además bajaron la cantidad de abortos que se realizan”, arengó.

En cambio, Lucía Romano (VJ) prefirió el tono didáctico. Consideró que “la Ciudad de Buenos Aires es pionera en el reconocimiento y en el velar por el efectivo cumplimiento de las garantías y los derechos individuales”.

Y prosiguió: “De lo que estamos hablando hoy acá es de una decisión personalísima, y digo decisión porque no se está obligando a nadie; por supuesto que la mujer tiene derecho a decidir, las mujeres somos personas absolutamente capaces de tomar nuestras propias decisiones en una materia tan sensible”.

Por su parte, Alejandrina Barry (PTS) manifestó que “una de las cuestiones fundamentales por las que debemos pelear es la separación de la Iglesia del Estado, porque no queremos más que esa institución reaccionaria, cuya jerarquía fue parte de un genocidio, siga teniendo injerencia sobre la educación en las escuelas y siga arrogándose el derecho de decidir sobre nuestras vidas”.

A su vez, Claudio Cingolani (VJ) aseveró que, con respecto al tema que se trataba, “no se puede ser políticamente correcto ni callarse”, que “todos tienen que tener postura” y que “no hay grises”. Fundó su oposición en que “adherir a una simple resolución ministerial lesiona nuestro sistema jurídico”, que “es un protocolo bastante ambicioso, le hace decir al Código mucho más de lo que dice”, que “limita la objeción de conciencia, y no solo la personal, también la institucional” y que “en ningún momento se habla de preservación de la vida y tampoco se menciona a la persona por nacer”.  

Desde el mismo bloque, Natalia Fidel, que participó en forma  virtual, expuso su opinión favorable al proyecto. Dijo que “no es momento para agitar confrontaciones, miedos y fantasmas”, y advirtió que “tenemos que ser muy claros cuando explicamos lo que estamos debatiendo”.

Y aclaró: “No estamos debatiendo una ley que otorga un nuevo derecho, sino simplemente un protocolo para que se pueda acceder efectivamente y sin barreras a un derecho que existe desde el principio del siglo pasado. ¿Cuál es ese derecho centenario? Que las mujeres que hayan quedado embarazadas a raíz de una violación y las que transitan embarazos que ponen en riesgo su salud o vida puedan abortar legalmente”.

También intervino en forma virtual María Luisa González Estevarena (VJ), quien adelantó su voto negativo fundado, en primer lugar, en que “el protocolo genera una desprotección alarmante hacia las menores abusadas, pues no exige de manera terminante la denuncia previa o simultánea ni la toma de muestras de ADN para su investigación”.

Por el contrario, su compañera de bancada Victoria Roldán Méndez sostuvo vehementemente que “argumentar que es necesaria una denuncia es desconocer profundamente la causa donde la víctima puede llegar a esa instancia”, que “la ONU indicó que muchas mujeres que sufren abuso sexual suelen evitar hacer la denuncia por cuatro motivos: estigmatización, rechazo, represalias y culpabilización como víctima” y que “la exigencia de la denuncia es, por lo menos, cruel y revictimizante”.

Hablaron también Gabriel Solano (PO), Marta Martínez (AyL), Ofelia Fernández (FdT), Carolina Estebarena, Esteban Garrido, Cecilia Ferrero y Claudio Romero (VJ), Manuela Thourte y Leandro Halperin (UCR-Ev), Hernán Arce (PS) y Sergio Abrevaya (Gen).

Cerró el debate la actual legisladora oficialista y ex ministra de Salud de la Ciudad, Ana Bou Pérez, quien refirió: “Como médica de hospital tuve que acompañar muchas veces las problemáticas de salud y las complicaciones graves de mujeres que habían sufrido un aborto clandestino”.

Dijo después: “Yo creo que hoy no tendríamos que estar discutiendo el aborto, sino en qué forma y en qué lugares se está realizando y cómo están las mujeres que llegan a esos lugares clandestinos”.  

Destacó que “el aborto es ejemplo de desigualdad en el mundo y en nuestro país, especialmente en algunas provincias, golpea fuertemente a las mujeres más vulnerables” y que “no es un tema que pueda tener una mirada moral o religiosa”, porque  “la política está para solucionar los problemas de desigualdad, no para reafirmar nuestras creencias religiosas y morales, y el aborto hoy es una cuestión política”.

Finalmente, la iniciativa fue aprobada por 50 votos a favor, 7 en contra de los oficialistas Cingolani, Estebarena, González Estevarena, González Heredia, Michelotto, Romero y Facundo del Gaiso y 3 abstenciones de Héctor Apreda y Agustín Forchieri (VJ) y de Eugenio Casielles (CF).