“El proyecto no trae mejoras para el barrio”

A pesar del descontento de los vecinos, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó en segunda lectura, con los votos de la mayoría oficialista y el rechazo de todos los otros bloques, el proyecto del Ejecutivo que convalida el convenio celebrado entre el Gobierno local y el titular de dominio de los terrenos aledaños al parque La Isla de la Paternal, que incluye la construcción en ellos de once torres de diecisiete pisos.

Cabe destacar que, en el debate, el último número de Tras Cartón fue citado y expuesto como fuente por uno de los más destacados oradores de la oposición, el representante de Unidad Ciudadana Javier Andrade.

En ese número reseñábamos la reunión que en la Asociación Vecinal Círculo La Paternal mantuvieron el subsecretario de Proyectos del Gobierno de la Ciudad, Álvaro García Resta, y legisladores del oficialismo con vecinos que se oponen a la edificación en altura en el lugar. Asimismo, anunciábamos una segunda reunión, que contó además con la asistencia de representantes del propietario de los terrenos y tuvo lugar en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, dos días antes de la aprobación definitiva del proyecto del Ejecutivo.

Como también informamos en su momento, la aprobación en primera lectura se efectuó el 29 de octubre último por 33 votos a favor aportados por el oficialismo y 25 sufragios en contra que sumaron todos los demás bloques, en tanto que la audiencia pública correspondiente se celebró el 11 de marzo y todos los participantes manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Sin embargo, esta obtuvo despacho favorable de la Comisión de Planeamiento Urbano once días después, con las firmas de los miembros oficialistas; en la media hora previa, vecinos y representantes de ONG expresaron sus críticas y objeciones al respecto.

Ese dictamen de mayoría fue llevado al recinto, mientras que Andrade, por su parte, presentó un despacho de minoría pidiendo el archivo del expediente. 

El debate
En su carácter de miembro informante habló en primer término Gonzalo Straface (VJ), quien empezó por “agradecer a la presidenta de la Comisión [de Planeamiento Urbano], Victoria Roldán Méndez, y a todo su equipo, el trabajo realizado; a los diputados integrantes de la misma, al titular de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Álvaro García Resta, y muy especialmente a los vecinos de La Isla de La Paternal”.

Y agregó, refiriéndose a estos últimos: “Con quienes, más allá de las diferencias, hemos podido construir un ámbito de diálogo respetuoso, reflejado no solo en la audiencia pública sino en las sucesivas reuniones de trabajo realizadas con el Poder Ejecutivo, integrantes de la Comisión de Planeamiento e incluso los titulares del predio”. 

A continuación, hizo una breve reseña histórica “de los terrenos en cuestión”, que cerró relatando que “en el año 91 se demuele el albergue Warnes y el predio es comprado por el supermercado Carrefour, para lo cual en el año 97 se le otorga, por el antiguo Concejo Deliberante, una norma urbanística que crea justamente la U 26”.

Especificó que “esta norma, con la vigencia que tiene al día de hoy, le permite al dueño de los terrenos, que no es más Carrefour sino un privado que le compró a Carrefour en el año 2007, la construcción de 121.000 metros cuadrados cubiertos en 48,5 metros de altura máxima, exclusivamente residenciales, sin ninguna vinculación con el entorno y quizás repitiendo malas experiencias de complejos habitacionales de nuestra ciudad, totalmente cerrados, que producen un aislamiento total del entorno urbano”, y resaltó: “El convenio urbanístico que hoy tratamos intenta remediar y mejorar en gran medida esa situación”.

Después, entre los que llamó “los puntos más salientes del convenio”, mencionó que “obliga al privado, en primer lugar, a la cesión a perpetuidad y el cargo en la construcción de 8.800 metros cuadrados que van a ser anexados y van a formar parte del parque existente”, que “no se permitirá la instalación de ningún tipo de cerca o de reja o cerco perimetral en todas las construcciones”, y que “para evitar experiencias de complejos habitacionales aislados del entorno se va a permitir en el 100% del basamento de la construcción la incorporación de usos mixtos”.

Remarcó luego que “con este convenio urbanístico no se modifica la cantidad de metros cuadrados a construir” y que “se mantiene la misma cantidad de metros cuadrados cubiertos que el titular de las parcelas hoy puede construir, y se mantiene la misma altura”.

A continuación, Fernando Vilardo (AyL) manifestó su rechazo a “esta clase de proyectos que tienen una orientación a profundizar y desarrollar los negocios inmobiliarios que van en contra de lo público y del espacio verde”.

Criticó asimismo “la imposibilidad de que la población pueda decidir sobre qué tipo de proyectos quiera llevar adelante” y señaló que “hay un proyecto que tiene muchísima más legitimidad que el proyecto que se está votando, que es el de los vecinos”.

Como todos los representantes de la oposición, expresó su solidaridad con estos y elogió el proyecto alternativo que elaboraron y presentaron en la Legislatura con el apoyo de más de 4.000 firmas.   

En ese contexto, se refirió a la reunión del 9 de abril último y denunció que se trató de “una maniobra burda”, porque “se reunieron con el privado y ya tenían cocinado el proyecto y ya se sabía que se iba a votar”. 

En su breve intervención, Myriam Bregman (PTS) consideró que “lo que les queda ahora por vender son las tierras de la Ciudad, son las nuevas joyas de la abuela y las están rematando a pesar de que los vecinos están y estamos en contra”.

Seguidamente, Roy Cortina (PS) opinó que “es obvio que los intereses públicos y privados están en una permanente tensión en metrópolis o en ciudades de las características de Buenos Aires” y que “en realidad el problema no es ese, el problema es cuando a esas tensiones el Estado las resuelve mal, y este es un caso brutalmente típico”. 

Afirmó que el que se votó “es claramente un proyecto de apropiación privada de un espacio común” y lo definió como “una aberración” porque “se está rodeando un parque de torres y se le está haciendo dificultoso a la gente que acceda a ese parque, que ya no va a ser el mismo”, pues “un espacio es realmente público cuando su uso es colectivo, pero cuando se limita y se le ponen barreras a ese acceso colectivo, deja de ser público”. 

A su turno, Gabriel Solano (PO) afirmó que “el bloque oficialista decidió cortar el diálogo e imponerles a los vecinos de La Paternal un negociado inmobiliario, lo demás es mentira”. 

Se preguntó “¿a quién beneficia eso?” para responderse: “A los vecinos de La Paternal está claro que no, ellos tienen otro proyecto”. Y siguió: “¿Beneficia a las personas que no tienen vivienda en la ciudad de Buenos Aires? Tampoco, ¿o los van a poder comprar esos departamentos? De ningún modo. ¿Va a beneficiar al trabajador inquilino o a quien vive en un barrio precario? No, no lo va a beneficiar. Entonces, ¿para qué es este proyecto? Este proyecto es para valorizar el suelo, para que quienes son los propietarios incrementen sus rentas y para que quien construya sobre esa tierra haga un negocio inmobiliario”. 

A renglón seguido, Laura Marrone (IS) estimó, con relación al proyecto de los vecinos, que “no se ha respetado el reglamento de la Legislatura, [según el] que debió haber sido considerado en forma conjunta” con el que se estaba debatiendo, y observó por otra parte “un problema de falta de respeto a la voluntad democrática de los habitantes de la Comuna 15”. 

A su vez, Javier Andrade (UC) planteó, al principio de su intervención: “Sabemos que el privado que posee esta tierra puede construir torres de 48 metros de altura; sabemos que eso ya estaba establecido y era la norma que se le dio en la época del gobierno de [Fernando] de la Rúa. Ahora, la pregunta que nos hacemos, que es el nudo, es: ¿por qué, si tenía esta norma durante todos estos años, nunca construyeron en una ciudad donde entre 2011 y 2016, que es lo que tenemos estadísticamente, se construyeron 1.400.000 metros cuadrados? ¿Por qué en este lugar, teniendo normas para construir 48 metros, no construyeron?”.

Consideró luego que “el objetivo principal” de la iniciativa en debate “es mejorar las condiciones del proyecto inmobiliario que se quiere hacer, es decir, no están trayendo mejoras para el barrio, están mejorando las condiciones para que sea más redituable el proyecto inmobiliario que se va a realizar en ese lugar”.

En ese sentido, aseguró que “lo que están agregando hace mucho más redituable al proyecto”, y destacó “la posibilidad de tener un zócalo comercial con una variedad muy amplia de usos”, como “si fuese un lugar autónomo de la ciudad que va a tener absolutamente todo” allí, e infirió que “lo que se quiere construir es una suerte de isla para que la disfruten muy pocos, que van a ser los que puedan comprar esa vivienda suntuosa que va a contar con todo lo que necesiten para que puedan llegar con su auto hasta ahí y después se vayan”. 

En otro orden, con respecto al oficialismo, refirió: “Dicen que dialogaron con los vecinos; el otro día, como soy miembro de la Comisión de Salud, fui al CeSac 34, que está en la Comuna 11, por un tema aparte, y hay un periódico que se llama Tras Cartón [y lo mostró], que en la tapa figuraba la primera reunión que tuvieron con los vecinos, donde les prometían otra para el 9 de abril con los propietarios del predio; se hizo esa reunión con participación de miembros del oficialismo”. Y, después de una pausa, expresó: “La nada misma”. 

Acerca del “proyecto alternativo que presentaron los vecinos que vienen trabajando hace mucho tiempo”, preguntó: “¿Saben lo que proponen?”. Aclaró que en “la propuesta [del Ejecutivo] son once torres que van a estar de un lado y del otro del parque”, e ironizó: “Los vecinos, como son muy revolucionarios y tienen una mirada muy de izquierda, están proponiendo que junten los edificios de un lado y que les bajen un poco la altura”. 

Enfatizó que “el nivel de ver la posibilidad de resolver, aunque sea una parte del problema que tienen, es tremendo” y lamentó: “Yo creo que los engañaron, les hicieron creer que era posible modificar el proyecto y trabajar en conjunto. Ellos les creyeron. Es muy triste”.

A continuación, Sergio Abrevaya (GEN) deploró “qué cosa que tiene la ciudad de Buenos Aires, que le cuesta armar y reconocer su historia”.

Contó que “en la propia capital norteamericana, si querés cambiar una ventana hay una comisión vecinal que te lo tiene que aprobar y en un barrio no podés cambiar el tipo de construcción, y en la ciudad de Buenos Aires te caen de repente once torres porque la Legislatura tiene el poder para aprobarlo, tiene la sordera de no escuchar lo que le están diciendo los vecinos y tiene la increíble sordera de no escuchar una propuesta que es racional”.

Por otra parte, cuestionó: “Esto es lo que no entiendo del Pro: este, que es un año electoral, y ustedes deberían estar dando buenas noticias a los vecinos, les dan malas noticias; es rarísimo, francamente no se entiende por qué lo hacen, salvo por el impulso que tiene el negocio inmobiliario que en estos doce años ha encontrado en la ciudad de Buenos Aires cobijo permanente”.

Concluyó expresando su “condena a continuar albergando en esta Legislatura proyectos que rompen innecesariamente la historia de la ciudad y la morfología de los barrios y solo le sirven al negocio inmobiliario”.

Cerró la lista de oradores Victoria Roldán Méndez (VJ), para “simplemente aclarar algunas cuestiones respecto del proyecto y de la norma urbanística actual”, y remarcó: “No le estamos aumentando la altura y no le estamos aumentando los metros construibles, eso no es así: son 121.000 metros cuadrados construibles que se van a dispersar en el terreno del privado de distinta manera, pero no le estamos aumentando la capacidad constructiva, es decir, mantiene lo que ya se le otorgó con la ordenanza del año 97, hace más de veinte años”.

Finalmente, el proyecto del Ejecutivo fue aprobado por 34 votos a favor del oficialismo y 23 en contra aportados por todos los demás bloques.