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TRAS CARTÓN   La Paternal, Villa Mitre y aledaños
 16 de junio de  2024
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La Litoraleña: una salida colectiva

La Litoraleña: una salida colectiva

Ubicada en Chacarita, a muy pocas cuadras de donde este barrio limita con La Paternal, la empresa recuperada por sus trabajadores y constituida hace ocho años como cooperativa batalla por estos días contra una amenaza de desalojo.

Las tapas de empanadas y pascualinas son “su producto estrella”. Una fábrica que, en 2015, tras un largo y extenuante conflicto gremial por vaciamiento, fue recuperada por sus trabajadores: eso es la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Limitada. La empresa batalla por estos días contra la amenaza de desalojo y pérdida de sus cerca de 50 puestos de trabajo. El blanco principal de la disputa es el edificio de la calle Girardot, donde funciona además toda la maquinaria con la que la cooperativa lleva adelante sus tareas cotidianas.

El caso es que una parte de los acreedores de la quiebra que tuvo lugar en 2016 (más que nada financieras y ex proveedores, aunque también algunos ex empleados) claman para que esos bienes se vayan cuanto antes a remate. No importa tanto si con eso se consigue un precio “de chatarra”: la idea, más bien, pasa por cobrar lo más rápido posible lo que se les debe. Quienes conforman la cooperativa –que son, a la vez, los mayores acreedores– pretenden en cambio que lo que se les adeuda por salarios e indemnizaciones pueda computarse para “compensar créditos” y quedarse así en la fábrica para hacerla producir.

Ofrecen además sumar la cifra de 80 millones de pesos en efectivo que se destinaría a pagar a los demás acreedores que por el momento rechazan la oferta. Quien reviste la responsabilidad de tomar una decisión es la doctora Valeria Pérez Casado, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 18.

Hacia un punto de no retorno

Retrocedamos. Deconti SA era, hasta principios de la década pasada, una compañía próspera. Vendía a varios supermercados, tenía una nómina de más de un centenar de empleados, exportaba y planeaba, incluso, mudarse a una nueva y moderna planta en Pilar.

Luis Baini, presidente de la cooperativa, sitúa el inicio de los problemas en 2013: “La empresa empezó a bajar drásticamente la calidad de la producción. Compraba materia prima de la peor calidad posible, llegamos a tener devueltos pallets enteros que había que tirar a la basura. Emitía cheques sin fondos o directamente no pagaba a proveedores. Dejó de hacer mantenimiento en la planta. Los accidentes laborales se convirtieron en moneda corriente. Y por supuesto no hacía los aportes patronales, ni los sindicales, ni obra social, ni jubilación. Llegó a debernos entre cuatro y cinco meses de salario. En un momento ya no quedaban dudas: era inminente que la fábrica iba a cerrar, y con todos nosotros afuera”.

Deconti era, decíamos, una empresa próspera. Pero antes de continuar explotándola en esa línea la patronal apostó a obtener mediante estafa unas tomas de ganancias extraordinarias. “Lo curioso –dice el síndico de cooperativa, Fabián Pierucci– es que todas las instancias que podrían haber evitado el desastre fallaron, o ni existieron”.

Y precisa: “Los bancos, como si nada, siguieron hasta último momento abriendo cuentas corrientes y revoleando chequeras. Y lo mismo las financieras: esas mismas que hoy están pidiendo el remate nuestro vendían garantías sin evaluar los riesgos. La gente del Sindicato de Pasteleros pasaba a tomar café por la oficina del dueño, y cuando se iba pedía: ‘Aguanten, muchachos, esta no es la manera’. El Ministerio de Trabajo no hizo el seguimiento de las actas de acuerdo posteriores a conflictos casi permanentes. Y la AFIP tampoco hizo valer su poder de policía”.

El síndico describe: “Ochocientos cheques sin fondos hicieron. La modalidad era siempre la misma: iban a un banco, inscribían a dos o tres compañeros para que tuvieran ahí sus cuentas sueldo. Y los oficiales, entusiasmados de tener un nuevo cliente, les entregaban alegremente una chequera. Llegaron a firmarse así 800 cheques con 20 bancos”. Y aparte, añade, estaban las facturas truchas.

“Descontaban facturas de los supermercados con los bancos, y después, cuando los bancos quisieron ir a cobrarlas, descubrieron que eran falsas”, relata. Y concluye: “Esas ventas nunca se habían hecho”. Ese delito está siendo juzgado en una causa penal separada que lleva ya ocho años.

Hasta el día de hoy jamás se hizo una investigación a fondo sobre el destino de los capitales fugados, lo que en definitiva deja impunes al empresario y a sus familiares. Pierucci advierte: “Creemos que el dueño de la sociedad anónima, Rodolfo Conti, falleció. Lo que es seguro es que la estafa que se hizo es impresionante: la deuda verificada alcanza diez veces el valor del activo. Es como si hubiera vendido por diez veces lo que valía. Si el tipo se la jugó, si la fugó, si la metió en el colchón, nosotros no lo sabemos. Y en el fondo no es asunto nuestro. Pero el tema es que tampoco se investiga, y mientras tanto nos reclaman que nos vayamos”.

Punto de quiebre

Las ventas habían bajado abruptamente. Se compraba la peor harina, la peor margarina, y no incluían los aditivos que hacen falta para dar a las tapas y pascualinas una vida útil de 30 o 45 días. Así que enseguida se agarraban hongos, o se rompían. Siempre salían mal. La deuda con los empleados se había vuelto una bola inmanejable. A casi todos se les iban cayendo las tarjetas, en tanto los préstamos en la mutual sindical empezaban peligrosamente a multiplicarse. Corría la segunda mitad de 2015: faltaba nada para las elecciones. Entonces corrió la voz de que el valor en cheques voladores alcanzaba ya los setenta millones de pesos.

Los trabajadores se decidieron a organizar guardias para que nadie osara llevarse las máquinas, todo mientras iban y venían del Ministerio de Trabajo. El sindicato –Pasteleros– insistía en que aguanten. No hicieron caso. Establecieron turnos, empezaron a quedarse a dormir. En colchones, en bolsas, sobre cajas. Donde se podía. Hacía frío, una noche se presentó el dueño. “Muchachos –alegó– la van a pasar pésimo acá, mejor vayan a sus casas”. Los grupos eran numerosos, nunca menos de 20 personas. Tenían completamente claro que de otra forma podrían haber sido corridos por la Infantería. Ese mismo dueño había sido en otro tiempo un empresario cercano, de esos que caminan todos los días la fábrica y conocen uno por uno a sus empleados.

Al principio del conflicto formaban parte de la empresa 115 personas. Hubo luego quienes consiguieron trabajo y con los días fueron yéndose. Como delegado, a Baini le tocó atravesar la etapa más dura del conflicto.

“No era solamente lo que vivíamos acá: la tensión explotaba también con nuestras familias. Porque te quedás en la fábrica tantas horas, pero al final no llevás la plata, te empiezan a preguntar si estás boludeando. Por meses tuvimos que atravesar todo eso llevándonos monedas”. Y luego, estaba el temor. Así lo vivía Baini: “Era consciente de que iba a venir la policía, de que tendría una causa penal. No era ajeno a eso. Pero algunas decisiones a veces hay que tomarlas. Y si sos frágil, enseguida te vencen”.

El arranque

El 27 de septiembre de 2015 cayó martes. Ese día se hizo una asamblea en la que se decidió la toma de la fábrica y el cese de actividades. A partir de entonces no se dejó entrar más al dueño, tampoco a los empleados administrativos. “Dejame ir a sacar mis cosas”, pedían. “De acá no sacás nada”, era el diálogo que se repetía.

La patronal había jurado a principios de la semana que el viernes depositaría parte de los salarios adeudados; lo que hizo fue mandar el jueves 32 telegramas de despido. Varios compañeros lo recuerdan bien: se enteraban porque en plena toma les avisaban desde sus casas que los habían echado.

Seis días en total estuvieron sin trabajar. Pero el de los alimentos es un rubro en el que no es factible permanecer parado por mucho tiempo. Fue entonces cuando arrancó una primera, incipiente, etapa de gestión obrera. “La situación, dentro de todo, nos agarró con algo de mercadería terminada y algo de insumos como para poner en marcha la producción”, recuerda Baini.

El desafío era recuperar parte de la cartera de clientes, sabiendo que resultaba imposible venderles a los súper e hipermercados. Se hicieron, igual, algunas ventas. La idea era que los productos no se vencieran. Con la harina que había y un poco de margarina, que tampoco era mucha, se decidió el sábado 6 de noviembre arrancar la producción. Cooperativas como La Cacerola, La Casona y el B.A.U.E.N. colaboraron con comida, también comprando algo de mercadería.

Fueron semanas de altísima tensión. La empresa estaba en concurso de acreedores y muchos de los proveedores, dadas las cifras que se les adeudaban, no querían venderles. “Tuvimos que ir uno por uno para explicar que no éramos la misma gente, que queríamos seguir trabajando”, relatan. Hubo allanamientos por estafa y al dueño lo llevaron de los pelos con la policía para buscar facturas. En medio de ese maremoto los trabajadores tomaron la decisión de constituirse como la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Limitada, aunque a la matrícula recién la tuvieron el 20 de enero. Siempre en asamblea acordaron dos cosas: una, recuperar la calidad del producto; y dos, aspirar a la mejor calidad de vida posible, empezando por no lastimarse en el trabajo.

El concurso seguía su trayectoria en medio de rumores de compra que al final nunca se concretaban. El primer mes pagaron a luz para que no la cortaran. Y luego, a los proveedores. El dinero que los trabajadores se llevaban a sus casas seguía siendo escaso. La AFIP no les dio el CUIT con el domicilio fiscal de Girardot. Tuvieron que conseguir un lugar temporal. En agosto de 2016 se decretó la quiebra.

Pidieron un permiso de explotación, pero se les negó, porque se consideró que existía un delito previo: el de la usurpación. Y así estuvieron trabajando clandestinamente en tanto apelaban, hasta que en 2017 la Cámara les dio la razón. Trabajaron a todo vapor para conseguir habilitaciones y permisos. Repuntaron las ventas. Consiguieron financiamiento, pudieron comprar mejores insumos, desplegaron un impresionante trabajo artesanal de reconstituir procesos y procedimientos de calidad. Llegaron a hacer dos, incluso tres asambleas por semana. “Pero lo más impactante de todo –reflexionan– fue pasar de ser empleados a empezar a producir”.

Los lazos

Subraya Baini: “Con el tiempo fuimos entendiendo que no podemos tocar el capital de trabajo: es lo que nos mantiene el laburo. No podíamos llevarnos de bolsillo más de lo que daba, porque entonces no hubiéramos podido comprar insumos, ni habilitar la fábrica, ni mantenerla en funcionamiento. No tener un patrón también tiene que ver con eso. Dependemos de nosotros”.

Hoy, aseguran, no están nada mal. El convenio de Pasteleros suma 44 horas de trabajo semanales: 8 de lunes a viernes, 4 los sábados. Pierucci afirma: “Nosotros no llegamos a cubrir las 35 con un salario similar, o incluso mayor. La diferencia es que todavía somos monotributistas. Pero nuestro ingreso de bolsillo es mayor que el de unos cuantos rubros”.

En la cooperativa todos ganan lo mismo. Y toda la operación es transparente: cualquier compañero puede pedir ver lo que entra, lo que sale, en qué se gasta. No hay un peso de deuda. Incluso algunos insumos se pagan por adelantado. Señala el síndico: “Somos una cooperativa de verdad, integrada a una cadena de valor y política. Compramos todo lo que podemos de otras cooperativas, también venimos desarrollando un trabajo fuerte en educación cooperativa con escuelas y universidades. Somos parte activa de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), que a su vez es miembro de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Y tenemos un vínculo muy estrecho con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y con el Banco Credicoop, donde tenemos cuenta y participación en la comisión de asociados”. Y agrega: “A mí me tocó conocer de cerca la experiencia de varias empresas recuperadas, Zanón, Chilavert, Brukman, el B.A.U.E.N., todas con una impronta social, cultural y educativa, que tienen una producción industrial y que pueden autogestionarse. Creo que hoy somos una de las cooperativas más dinámicas. Por la cantidad de trabajo que generamos, por los volúmenes de producción, por el uso de tecnología y por la perspectiva de identidad obrera”.

La experiencia de organización

“Acá hubo desde el principio un núcleo militante, un conjunto de delegados combativo que pudo cortar con la dinámica gremial, entendió la forma de organización autogestionada y se puso al hombro la cooperativa”, sostiene Pierucci. Los administrativos se habían ido todos. Quedaron solamente trabajadores de planta, que tuvieron que capacitarse para poder llevar adelante otras tareas.

El síndico expone: “En una relación de dependencia, especialmente en trabajos de producción, tu tarea está acotada a los ritmos que te imponen, a lo sumo podés rotar por sectores. Pero jamás te dan participación en la fórmula, ni en qué se compra, ni en la calidad, ni en las normas técnicas, ni en decisiones como a quién le vendés, cuánto cobrás o cuáles van a ser los medios de pago. Organizar todo eso significó un enorme aprendizaje”.

Y Baini advierte: “Hoy, a pesar de todo, estamos con dos patas afuera. Todo lo que se hizo se puede ir por la borda por una decisión de la Justicia, o más bien de un grupo de acreedores”. Y enfatiza: “Nosotros entendemos que quieran cobrar, no queremos quedarnos con todo. Pero fuimos a negociar, presentamos una oferta y aun así siguen pidiendo que nos desalojen”.

Pierucci añade: “Dicen que si nos quedamos perjudicaríamos a los otros acreedores, que no somos capaces de gestionar. Prejuicios de este tipo hay en todos lados. A la deuda nos la reconocen, pero no nos permiten compensarla”.

La lucha, mientras tanto, continúa hoy por dos vías: una, la cooperativa presentó en la Ciudad de Buenos Aires un pedido de expropiación, que fue apoyado por los legisladores del Frente de Todos y la Izquierda y que en líneas generales solicita que el Estado expropie el inmueble y lo ceda luego a los trabajadores, algo muy difícil de conseguir teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio tiene hoy la mayoría en el cuerpo. En paralelo se trabajó en lograr el financiamiento para presentar a los acreedores la nueva propuesta.

Describe el síndico: “Estamos ofreciendo 80 millones de pesos en efectivo. Ellos cobrarían y la fábrica no se cerraría. Nosotros nos quedaríamos endeudados por un millón de años, porque ese monto lo vamos a tener que devolver. Pero estaríamos preservando nuestras fuentes de trabajo”. Y prosigue: “En vez de irse cada uno a su casa con la parte que le toca y tal vez, con suerte, ponerse un quiosco, cada quien aporta sus acreencias, salarios adeudados e indemnizaciones y con esos recursos juntos se compra una firma que pasa a ser parte del patrimonio cooperativo, no del individual. Nada más ni nada menos que una salida colectiva”.

 

Foto: Agencia de Noticias ANSOL.
Fuente: ebcprensacooperativa.net.ar.
www.trascarton.com.ar
 es miembro de la Cooperativa EBC

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