La Carbonilla, sin agua potable

El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció que en el barrio La Carbonilla miles de familias carecen de agua potable. Se trata del asentamiento delimitado por las calles Añasco, Trelles y Espinosa y las vías del ferrocarril San Martín, entre el puente de la avenida San Martín y la estación La Paternal.

Según esa prestigiosa institución, aproximadamente cinco mil personas que habitan los sectores N° 1 y N° 2 de ese barrio no tienen acceso al servicio, cuya deficiencia empezó el año pasado con la falta de presión y actualmente llegó a la carencia total en las viviendas durante la mayor parte del día. En esos sectores funcionan también seis comedores, que se encuentran en graves dificultades para cumplir sus funciones más elementales, como higienizar el lugar, preparar las comidas y prestar asistencia alimentaria a cientos de familias.  

Asimismo, el Observatorio informó que, frente a los constantes reclamos, la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), único organismo estatal presente en el barrio para atender los casos de emergencia con relación al acceso a los servicios públicos, solo ha decidido atender esta extrema emergencia con la disposición de un camión cisterna durante tres días a la semana, dejando a los habitantes sin ninguna posibilidad de acceso al agua en los días restantes, y que, además, ese vehículo apenas alcanza a realizar entre cuatro o cinco viajes diarios, con los que no logra abastecer a todas las familias.

Y como si todo eso fuera poco, el Observatorio consigna que “el agua insuficiente que proporciona el camión cisterna tampoco es agua potable y segura”, aclara que “la seguridad solo está garantizada por el acceso a agua de red con presión adecuada, de acuerdo con los lineamientos que controla el Ente Regulador de Agua y Saneamiento” y advierte que, “de lo contrario, las familias, ya sea por la poca presión de la red o por la calidad del agua que suministran los camiones cisterna, sufren cotidianamente el riesgo de estar tomando agua contaminada”.

Señala, por otra parte, que la comisión directiva y delegados del barrio efectuaron también reiterados reclamos y peticiones ante la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), sin obtener resultado alguno. 

Se trata de “los representantes que en 2014 el barrio eligió democráticamente en el marco de la Ley N° 148 de la Ciudad, conformando su junta vecinal”. Esas elecciones fueron parte del proceso de regularización de las representaciones políticas de villas y asentamientos que había ordenado oportunamente el juez Roberto Gallardo, como respuesta al recurso de amparo presentado por Facundo Di Filippo, ex presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura.

Como Tras Cartón informó oportunamente, fue una elección sumamente reñida, puesto que sobre un total de entre 500 y 600 electores, la lista kirchnerista 54K, compuesta por La Cámpora y organizaciones afines, se impuso por 29 votos a la 28J, integrada por miembros de la Corriente Villera e independientes.

Así, la lista que respondía al oficialismo de entonces obtuvo la mayoría de la representación de la comisión directiva, en tanto que la opositora ganó la del cuerpo de delegados, habiendo logrado imponerse en dos de los tres sectores.

Según el Observatorio, “el siguiente paso era iniciar el proceso de reurbanización participativo, pero el Gobierno de la Ciudad decidió no avanzar”, a pesar de que el año último “se aprobó el nuevo Código Urbanístico que, en su capítulo 8, ordena avanzar con la integración social y urbana del Barrio La Carbonilla”, lo que “brindaría solución definitiva a la precariedad en el acceso a los servicios públicos”, y pese a que en octubre último “también se aprobó la Ley Nacional N° 27.453, [de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana] que ordena, precisamente, la reurbanización del barrio y su regularización dominial por encontrarse asentado en tierras nacionales e inscripto en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares)”.

En su artículo 1°, esta ley define como integración sociourbana “al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”.

Y en su artículo 2º declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los barrios populares relevados en el RENABAP, cuya identificación se agrega como anexo”; en este, el barrio La Carbonilla figura en la página 239, inmediatamente después del Playón de Chacarita.  

En este contexto, el Observatorio señaló que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) “está obligado, como mínimo, por cuatro leyes, a iniciar el proceso de integración social y urbana del barrio”; en particular, la Ley N° 1.251 de la Ciudad, sancionada en 2003, establece en su artículo 5, inciso e, la obligación de ese instituto de “planificar la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios”. Sin embargo, “el IVC nunca se hizo presente en toda la historia del barrio”.

A juicio del Observatorio, el barrio La Carbonilla “posee espacios públicos y vías públicas de hecho bien conservadas, buenas edificaciones, una densidad constructiva y poblacional no muy elevada, cercanía y apertura a vías públicas y calles reconocidas formalmente”, de modo que “sus condiciones son muy favorables para una reurbanización con muy bajo costo y sin una alta complejidad”.

Puso de manifiesto, por último, que “en otros barrios de la ciudad, en similares condiciones jurídicas (asentados sobre terrenos nacionales ferroviarios), como el Playón de Chacarita, también de la Comuna 15, ya se iniciaron procesos de integración sociourbana”.