“Defendemos el derecho a manifestarse”

El joven abogado Dimas Ponce, acompañado por su letrada defensora Liliana Alaniz, de la Asociación Profesionales en Lucha (APEL), concurrió al local de La Paternal del Partido Obrero, al que los dos pertenecen, para dar una charla. La ocasión resultó propicia para escuchar, en las propias palabras de ambos, la explicación de los hechos que sucedieron en la Plaza del Congreso el 18 de diciembre último, durante la sesión en la que la Cámara de Diputados aprobó la muy cuestionada reforma previsional. Como se sabe, Ponce y su compañero César Arakaki fueron recientemente liberados en la causa que se les instruye por presuntos delitos cometidos en esa oportunidad, y la charla formó parte de las actividades organizadas para obtener el desprocesamiento de los dos.

–¿Por qué decidió concurrir a las manifestaciones en contra de la sanción de la reforma previsional?
Dimas Ponce: –Este ajuste de políticas del Gobierno en contra de los trabajadores y más de los jubilados, que es el sector más vulnerable de la sociedad, fue lo que me motivó a movilizarme en contra tanto el 14 como el 18, ejerciendo mi derecho de protesta y de reclamo y de disconformidad total. 

–¿Por qué resultó detenido?
–Empecé a tener la presunción de que me iban a detener ya en los primeros días de enero; en todo momento estuve muy confiado porque decía que si a uno lo están acusando de un delito, y es consciente de que no lo cometió, ¿por qué se va a negar a presentarse a la justicia y declarar? Por eso estaba muy confiado, y en mi indagatoria lo que hice fue explicarles al juez y a la secretaria, minuto por minuto, lo que se veía en dos videos presentados por la Policía y por la Defensoría del Pueblo, diciéndoles “acá no estoy, acá yo estoy a 18 metros”. Mientras declaraba, me decía “estoy diciendo que soy inocente, estas son las pruebas, saben que no me pueden detener”; y ni bien terminé la indagatoria me preguntaron “¿tenés preferencia por algún pabellón?”.  

–En algún medio publicaron que usted atravesó con una lanza a un policía caído.
–Yo no lo toqué al policía, eso obra en la causa y ese fue el motivo de mi excarcelación: no hay un nexo causal entre mi actuación y el hecho que se me imputa, que es el de lesiones gravísimas del policía, y el mismo policía, en su testimonio, dice que fue una piedra y yo en ningún momento arrojé piedras. Ahí se evidencia que junto con mi compañero César Arakaki, que también está imputado en la causa, somos los chivos expiatorios del Gobierno para los que se quieren manifestar en contra, como diciendo “esto les va a pasar a los próximos que se vayan a manifestar”, y ahora que se viene la reforma laboral va a ser más o menos lo mismo. La represión siempre va a ser el arma que tiene el Estado para que no haya ninguna manifestación en contra. 

–¿En algún momento cometieron actos de vandalismo?
–No, en ningún momento; yo en todo momento estaba con un estandarte y nada más. Esos no son de ninguna manera nuestros métodos, el objetivo de todos era permanecer en la plaza.

–¿Cuál es actualmente el estado de la causa?
Liliana Alaniz: –En este momento nosotros hemos apelado el procesamiento, en primer lugar porque cuando a ellos los detienen les imputan esta calificación de lesiones graves contra el policía –una figura pesada porque no es una cuestión menor–  y, como bien decía él, un hecho que de ninguna manera ellos podían cometer, ni desde la lógica ni desde lo mismo que se ve en la causa. Ellos no tenían los medios ni los elementos necesarios para generar una fractura de cráneo como la que tiene [Brian] Escobar, porque tenían cañas y, por otro lado, por la distancia en que estaban al momento en que se ve al policía caído, y cuando luego se toman las imágenes en que ellos están cerca con las cañas. Nosotros hicimos en ese momento planteos de libertad ante el juez [Sergio] Torres y luego ante las cámaras de apelación, y se los negaron.

–¿Y para qué tenían cañas?
–Las cañas están para poner las banderas y para enganchar las pancartas con las cuales uno va a peticionar. 
Ponce: –No es un arma, como dice la justicia; no se puede tomar el poder con una caña.
Alaniz: –De ninguna manera es un arma, es algo absolutamente inocuo; lo que realmente no es inocuo y preocupa al Gobierno y le genera temor es que una persona pueda manifestarse llevando una consigna en contra de esta estafa contra los jubilados; no nos olvidemos de que hace menos de un año, en campaña electoral, el macrismo decía que no se iban a tocar las jubilaciones, que nuestros viejos eran lo que más les importaba; no les importó demasiado porque lo primero que hicieron fue esta confiscación, este robo, porque no hay otro modo de decirlo, a los jubilados y a los niños beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y que el 14 de diciembre no pudieron hacer pasar por el Congreso, a pesar de que lo intentaron y de que la Gendarmería Nacional salió a reprimir de manera violentísima a todas las personas que se habían movilizado para exigir que la ley no se aprobara. Ante la fallida posibilidad de sancionarla el 14, llamaron a la sesión extraordinaria del 18.

–Durante la que no estuvo la Gendarmería.
–Claro, el Estado nacional tuvo que reconocer, aunque fuera tácitamente, que había recurrido a los medios represivos y había quedado mal parado, y lo hizo corriendo a la Gendarmería Nacional y poniendo en su lugar a la Policía de la Ciudad: el objetivo era el mismo, esta ley tenía que pasar. Para eso tuvieron que recurrir al pacto fiscal: trajeron a los gobernadores de todas las provincias a presionar a sus diputados para que se sienten y levanten la mano por este proyecto vergonzoso, o por lo menos den el quórum; sabiendo  que afuera estaba la balacera y una tremenda represión, igual siguieron sesionando para aprobar este proyecto. 

–Volviendo a la causa, ¿con qué argumentos les negaron la libertad?
–El juez Torres, cuando plantea el hecho de que los mantenía privados de la libertad tanto a César como a Dimas por los delitos sobre los que los estaba acusando, toma una verdad a medias porque manifiesta que es un delito grave por la expectativa de la pena, que supera los ocho años, y que estos chicos pueden escaparse y no cumplir en el caso de que sean condenados. Pero tanto César como Dimas, ni bien supieron que sus nombres estaban vinculados en la causa, se presentaron voluntariamente; entonces nosotros les decíamos a los jueces de la Cámara, cuando tuvimos que apelar, explíquennos cómo vamos a pensar que se va a fugar una persona que se somete voluntariamente al juez que está requiriendo su captura y se presenta sabiendo que va a quedar detenido.

–¿Qué pasó entonces?
–Simultáneamente con lo que el equipo de abogados desarrolló en la causa se desplegó una campaña fantástica a lo largo y ancho del país e incluso internacionalmente, tuvimos el apoyo de organismos de derechos humanos, se realizó una movilización de 20.000 personas en la Plaza de Mayo. Ha habido apoyos de sindicatos, de actores, por la pertenencia de César, también músicos como Javier Malosetti, que participó en un acto por el desprocesamiento; antes lo habíamos convocado por la libertad de Dimas y César. Desde distintos sectores se han manifestado en defensa del derecho a peticionar, el derecho a manifestarse, el derecho a permanecer en la plaza y contra cualquier tipo de criminalización de la protesta.

–¿Cuál fue la decisión del juez?
–Cuando el juez Torres tiene los plazos ya vencidos para sostener la situación de César y Dimas, le es necesario dar un cierre y pasar a la etapa de procesamiento. Ahí, técnicamente, un juez tiene tres posibilidades en este sistema: sobreseer, declarar la falta de mérito o procesar. Obviamente, no podía ni sobreseer ni dictar la falta de mérito porque había que justificar más de un mes con estos chicos presos; entonces, recurrió a una figura penal que nos da la razón a medias, porque es la de lesiones en agresión, que básicamente significa que no se sabe quién las hizo. Ahora ellos siguen procesados pero ya en libertad, y los delitos que se les imputan son lesiones en agresión, atentado a la autoridad e intimidación pública. Este delito significa que se impide  al funcionario público desarrollar determinada tarea, o sea que lo que nos está queriendo decir Torres es que la policía no podía desarrollar su tarea.

–¿Y qué aducen ustedes?
–Nosotros decimos en nuestra apelación que el funcionario público policial desarrolló su tarea perfectamente, primero, porque la organizó hace días y segundo porque, como todos sabemos, es una organización vertical que responde en definitiva al Poder Ejecutivo Nacional que dice cuántos policías van a ir, cómo van a ir vestidos, qué armamento van a llevar y dónde van a cortar. Y tenemos el rebote del fiscal de feria, [Carlos] Rivolo, que apela el procesamiento pero no en el sentido de nosotros, de sobreseerlos, sino en el sentido de decir “el juez se quedó corto, estos chicos tienen que volver a prisión porque queda demostrado que cometieron este delito de lesiones”; pero además le agrega el delito de sedición, lo que se da de bruces con cualquier análisis jurídico técnico que se pueda realizar. 

–¿Presentó alguna prueba diferente?
–No, no presenta ninguna prueba diferente, hace meramente un análisis de palabra. Y los videos, hay que destacarlo, son los que usa Torres para acusarlos a Dimas y a César, y de los que nosotros decimos “prestemos atención, miremos minuto por minuto, cuadro por cuadro”.
Ponce: –Claro, lo dije yo en mi declaración indagatoria. 
Alaniz: –No han presentado absolutamente nada, es simplemente la voluntad política de llevar adelante esto; se evidencia en uno de los apartados del pronunciamiento del juez Torres cuando dicta el procesamiento de ellos, donde hace un desarrollo de lo que es el derecho de protesta y al final de todo insta al Estado nacional a que arbitre los medios para regular la protesta y para que se acorten los tiempos de reclamación: un protocolo como el que venían anunciando desde hace tiempo y va justamente en contra del derecho de protesta, del que el juez hace una interpretación muy forzada diciendo que es un derecho individual, y por supuesto que cada uno, individualmente, tiene derecho a protestar, pero se ejerce de manera colectiva. Nosotros hemos apelado, apeló el fiscal y apeló la defensa del policía [Dante] Barisone, que con la moto le pasó por encima a una persona que estaba en las inmediaciones de la plaza y le causó lesiones severísimas. Este policía se presenta a la justicia y no lo detienen, piden la detención ahora porque descubrieron que mandaba whatsapp y mensajes a sus camaradas de fuerza para que no lo identificaran.

–¿A cuántas personas se detuvo ese día?
–El 18 se detuvo a 69 personas: hay casos que fueron muy conocidos, como el de Damiana, la chica que no estaba en la movilización y en el momento que la detienen es abusada por un gendarme que la manosea, y ella también se pasó la noche adentro. Ese es solo uno de los casos, porque hay un montón de arbitrariedades en la causa, pero ya no queda nadie detenido.  La represión del 14 tuvo 50 personas detenidas: la mayoría está en libertad menos cinco de ellas, pero ahora nos quedan tres detenidos; la excusa, en un caso que yo conozco, es que tiene antecedentes. En la causa, que se tramita ante el juzgado de [Claudio] Bonadío, el procesamiento que dictó es tremendo: por ejemplo, en el caso de uno de los compañeros que  defendemos nosotros y que no declaró, Bonadío dice que hay como prueba la detención que llevaron adelante los gendarmes, ¿y qué dicen los gendarmes? “Yo llegué cuando ya lo habían detenido”, el otro dice: “Él estaba ahí, yo me lo llevé”. Es literal y además está citado, por eso es tan bizarro el fallo, y como el compañero no declaró se tiene por cierto lo que dicen los gendarmes. Acá se ha dado vuelta el principio más fácil de entender, el de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y que te asiste el derecho a no declarar, y la situación de estos compañeros es muy vidriosa. También en defensa de ellos tenemos que asumir esta campaña, que si bien la desarrollamos por el desprocesamiento de Dimas y César,  ante todo y sobre todo vamos a defender el derecho a manifestarse de cualquiera, incluso de nuestro propio enemigo si fuese necesario. Tanto los del 14 como los del 18 tienen que estar todos en libertad, y se tienen que caer todos estos procesamientos truchos que fueron dictados de la mano del Estado nacional.