Salvador Allende y una transición fallida

Se cumplen hoy cincuenta años del sangriento golpe fascista en Chile que puso fin al gobierno de Salvador Allende y a una experiencia prácticamente inédita: la de la transición pacífica al socialismo.

Para Salvador Allende, Chile estaba llamado a configurar un nuevo modelo de transición al socialismo: el de la transición pacífica sin guerra civil. La vigencia por un largo período de tiempo de las instituciones democráticas, el “profesionalismo” de las Fuerzas Armadas, la consolidación de dos grandes partidos marxistas, el socialista y el comunista, como partidos de la clase obrera, y la participación de estos en las luchas electorales daban origen a una situación histórica donde esa transición era posible. Con la plena vigencia de la Constitución, con las libertades democráticas y en el pluralismo partidario era posible transitar al socialismo. Si bien Marx y Lenin, figuras fundantes del socialismo científico, habían previsto la posibilidad de la transición pacífica, jamás perdieron de vista el carácter de clase del Estado y ante todo de sus fuerzas armadas; más aún, cuando Lenin orientó a la revolución rusa hacia el camino pacífico (entre febrero y julio de 1917), lo hizo teniendo en cuenta que los soldados respaldaban a los soviets y la burguesía carecía de fuerzas militares con las que reprimir una revolución obrera. El error de Allende fue el de la “idealización de las fuerzas armadas”, el de creer en su “profesionalismo”, el no advertir que, con la agudización de la lucha de clases, dados los cambios que se estaban realizando, las fuerzas armadas romperían esa “neutralidad”, revelarían su carácter de clase y conducirían a Chile por el camino del fascismo.

La experiencia chilena demostró que en determinadas circunstancias se puede acceder electoralmente al gobierno, pero que los partidos obreros deben siempre estar preparados para cambiar sus formas de lucha, de las pacíficas a las armadas, cuando el cambio de las condiciones históricas lo requiera. Nunca se debe olvidar el carácter de clase de las fuerzas armadas y de las propias instituciones y libertades que tienen un carácter burgués. No se trata de instituciones democráticas y libertades “a secas”, generales, sino de democracia y libertades burguesas. La propia burguesía demostró con el caso de Chile que ella no vacila en pisotear su democracia y sus libertades cuando la propiedad privada del capital se encuentra amenazada; pueden más sus intereses de clase que las formalidades de su democracia y libertad. El gobierno de la Unidad Popular terminó siendo prisionero de la propia democracia que le había permitido acceder por medio del sufragio al gobierno, pero que sucumbió cuando la lucha de clases puso al descubierto la alternativa socialismo o capitalismo, socialismo o fascismo.

Salvador Allende, al frente de la Unidad Popular (formada por los partidos socialista, comunista, radical, MAPU y API), había ganado las elecciones presidenciales de septiembre de 1970. Durante tres años llevó adelante un proceso de transición al socialismo que se basaba en determinadas premisas económicas, políticas y culturales. Desde lo económico, su programa se basaba en una economía transicional que se proyectaba en tres áreas: la de la propiedad social (o de todo el pueblo), formada por las empresas nacionalizadas; la mixta, formadas por empresas donde el Estado se asociaba a capitalistas privados; y el área privada, formada por empresas que continuaban siendo propiedad de los capitalistas, en su inmensa mayoría pequeñas o medianas. “Nosotros –decía Allende– queremos estatizar en esta etapa de 120 a 150 firmas sabiendo que en Chile hay 35.000 o más empresas”.

La transición económica debía articularse sobre la base de la nacionalización de las empresas monopólicas, los bancos y el control estatal del comercio exterior; todo ello vinculado a una reforma agraria que pusiese fin al latifundio y a su contracara: el minifundio. La transformación del régimen de tenencia de la tierra no era una tarea sencilla. En primer lugar, la distribución de tierras entre los campesinos daría origen a un esquema de pequeñas y medianas propiedades agrarias que no rebasaban el orden burgués de la propiedad de la tierra; en segundo lugar, parte del campesinado chileno estaba formado por mapuches que tenían sus propias tradiciones culturales, con lo cual, en regiones del sur de Chile, la reforma agraria debía tener un componente antropológico; en tercer lugar, era indispensable la organización de Consejos Campesinos para llevar adelante la expropiación de tierras y en este sentido se constituyó una contradicción entre los movimientos autónomos de los campesinos que ocupaban las tierras y el objetivo del gobierno de llevar adelante la reforma agraria de una manera ordenada y “dirigida”; en cuarto lugar, estaba la resistencia de los latifundistas. Todo esto fue generando una situación social convulsiva.

En lo que hace al sector industrial, también se manifestaban contraposiciones entre las tendencias autónomas de los trabajadores y las formas ordenadas con que el gobierno popular, en el marco de la institucionalidad burguesa, quería llevar adelante la expropiación de los monopolios. No se trataba solo de nacionalizar sino de coordinar el nombramiento de los directores de las empresas estatizadas por el gobierno, empresas en las que participaban los trabajadores en la administración de la producción a través de comités designados por colectivos laborales que, a su vez, debían combatir con las tendencias anarcosindicalistas que pudieran surgir en el seno de las diferentes colectividades de trabajadores.

Y todo ello en el marco de una batalla por la producción. Los trabajadores debían comprender que ahora trabajaban para Chile y para ellos mismos, y que por ende era necesario aumentar la productividad y combatir el ausentismo laboral y el llamado “San Lunes” (ausencia en el trabajo los días lunes). Fueron nacionalizados el cobre, el salitre, el carbón (la minería de Chile), las principales empresas monopólicas y casi la totalidad de la banca.

Mientras a nivel de la economía se trataba de modificar las relaciones de propiedad, a nivel de la política se intentaba llevar adelante este proceso en los marcos de la institucionalidad de la república burguesa. “Este proceso –decía Allende en su discurso en el Estadio Nacional, con motivo del aniversario de su primer año de gobierno– está dentro de los cauces legales; lo son, lo repito y lo subrayo, las fuerzas armadas y carabineros de Chile, a los que rindo homenaje, al pueblo que viste uniforme, por su lealtad a la Constitución y a la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos”. En más de una oportunidad Allende remarcó el carácter profesional de las fuerzas armadas, con lo cual no solo perdió de vista su carácter de clase, sino que además no advirtió que la burguesía sí estaba armada y el proletariado en este sentido carecía de armas para defenderse.

En cuanto al aparato institucional del Estado, el gobierno popular contemplaba la necesidad de su transformación. “Entregaré –anunciaba Allende en el mencionado discurso– al Congreso Nacional el proyecto que establece la Cámara Única para reemplazar al Senado y a la Cámara de Diputados”. Y precisaba: “Un parlamento unicameral que posibilite la adecuación del sistema a nuestra realidad política y social y permita más rapidez en la dictación de las leyes, simplificando los trámites. Se aprovechará el proyecto de parlamento para corregir en cuanto al poder legislativo algunos de los inconvenientes y vacíos que presenta la Constitución vigente”. Llama la atención que en el proyecto de reforma del Estado se mantuviese la división del Poder Ejecutivo respecto del Legislativo, división que hace de este un “charlamento” y del primero un aparato burocrático desde el cual se ejerce realmente el poder. Ciertamente la Unidad Popular había conquistado el gobierno (Poder Ejecutivo), pero la burocracia del Estado no fue destruida y la contraposición entre el Ejecutivo y el Legislativo se profundizó a medida que el gobierno avanzaba en sus reformas.

Además, la burguesía resistía no solo desde el Legislativo, sino también desde las acciones callejeras. Los paros y sabotajes y los medios periodísticos fueron creando una situación económica, social y política cada vez más incompatible con las instituciones de la república burguesa. A ello debemos sumarle la oposición que desde el exterior organizaba el imperialismo norteamericano y el bloqueo que en el plano crediticio se pretendía ejercer sobre Chile.

El 29 de junio de 1973 hubo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende que, ante la multitud reunida en la Plaza de la Constitución, expresó: “Llamé al Pueblo dos veces por radio para señalarles que tuvieran confianza en las fuerzas armadas, en carabineros e investigaciones, y segundo para decirles que ocuparan las empresas, las industrias. Que estuvieran en los centros de trabajo los dirigentes y los militantes partidarios en sus centros, en sus casas políticas, y que además el pueblo se agrupara en cuatro o cinco sectores que señalé para que estuvieran prestos por si acaso necesitaba su presencia para combatir junto a los soldados de Chile”. Erróneamente, Allende continuaba creyendo en la neutralidad del ejército, si bien reconocía que “este país estaba potencialmente en insurrección y al borde de la guerra civil”.

Pero no preparó al proletariado para la guerra civil. Su política terminó convirtiéndose en suicida. Años antes le había manifestado a Regis Debray: “En el caso de Chile, si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino con la diferencia quizá que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas, porque será una lección objetiva muy clara de que esta gente no se detiene ante nada”.

Fuentes consultadas

Allende, Salvador (1973). La revolución chilena. Buenos Aires, EUDEBA.

Debray, Regis (1971). Conversación con Allende. Buenos Aires, Siglo XXI.

Sachi, Hugo (1972). Historia de América: Allende, la Unidad Popular en Chile. Buenos Aires, CEAL.