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TRAS CARTÓN   La Paternal, Villa Mitre y aledaños
 1 de noviembre de  2024
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La esclarecedora Semana Roja

La esclarecedora Semana Roja

En el Día Internacional de los Trabajadores, recordamos aquel 1º de mayo acontecido en la ciudad de Buenos Aires hace 110 años, en el cual se produjo una brutal represión que dio lugar a la huelga general conocida como la Semana Roja. En este artículo nos ceñiremos a analizar la actitud de las clases dominantes ante aquellos episodios.

El 1º de mayo de 1909 la manifestación anarquista en plaza Lorea fue brutalmente reprimida por la policía. Ante esta situación, en la manifestación socialista de ese mismo día, desarrollada en las proximidades de plaza Constitución, se despliega la reivindicación de huelga general por tiempo indeterminado hasta que presente su renuncia el coronel Ramón L. Falcón, jefe de la policía. El comité de huelga, que se constituye inmediatamente, hegemonizado por anarquistas y sindicalistas, no incluye la renuncia de Falcón entre sus reivindicaciones, las cuales se encontraban limitadas a la reapertura de los locales obreros, la libertad de los detenidos y la libre circulación de la prensa obrera. Este sector consideraba que la renuncia de un jefe policial no introduciría cambios sustanciales en el carácter del Estado y la sociedad. Sin embargo, la renuncia de Falcón fue la reivindicación más sentida por las clases trabajadoras en el desarrollo de esta huelga general conocida como la Semana Roja de 1909.

Antes de referirnos a las dos tendencias que se manifestaron en el seno de la clase dominante en relación a estas circunstancias, es importante puntualizar primero algunos conceptos teóricos. Todo Estado es un órgano de dominación de clase; esa dominación se ejerce por una combinación de represión y consenso, y en este sentido cabe indagar en las actitudes del aparato represivo del Estado (policía, ejército, burocracia), por un lado, y del aparato ideológico del Estado (periódicos, Iglesia, escuelas), por el otro.

Gramsci decía que el Estado era represión revestida de consenso. En el caso que nos ocupa, la represión es ejercida sobre todo por la policía, mientras la búsqueda del consenso, por la reflexión ideológica sobre lo acontecido, está representada por los editoriales del diario La Prensa. Puntualicemos también que la función de la policía es reprimir, mientras la de los periódicos es “producir ideologías”, vale decir, ideas amoldadas a las formas de dominación vigentes.

Panetieri sostenía que en el Estado, a principios del siglo XX, se presentaban dos tendencias frente al movimiento obrero: una que consideraba que la sociedad se encontraba frente a un problema meramente delictivo cuando se desarrollaban huelgas y boicots, frente a los cuales solo cabía la represión (ley de residencia, despliegue policial, estado de sitio), y otra que afirmaba que la sociedad se encontraba frente a un problema nuevo, desconocido por la Argentina pastoril, y que para resolverlo se necesitaba una nueva legislación (Código Nacional del Trabajo, Departamento Nacional del Trabajo, leyes sociales) que encauzase dentro de los límites de la sociedad vigente los reclamos obreros y su “solución”.

En el caso de la huelga general de 1909 cuando la policía reprime, mata y encarcela, no solo cumple con la función que el Estado le asigna en tanto aparato represivo sino que además elabora un justificativo ideológico a partir de la consideración del problema obrero como una cuestión delictiva. Por el contrario, cuando La Prensa reflexiona, y hasta critica por momentos el accionar policial, cumple con su función de aparato ideológico al tratar de esclarecer para las clases dominantes la verdadera magnitud del problema al que tienen que hacer frente.Veámoslo. Después de la represión del 1º de mayo, la policía elabora un informe sobre las características de lo vivido, donde la ideología que justifica la represión responde a situaciones pretéritas. En efecto, para la policía los sucesos de aquella jornada se explican por: 1) una provocación de elementos antisociales, una conmoción de los bajos fondos, de elementos patológicos no adaptables a la sociedad argentina; 2) la presencia de “detritus” extranjeros, casi podríamos decir delincuentes, arrojados por los países europeos y que delinquían en la Argentina, y 3) el sectarismo anarquista y cierta actitud del Partido Socialista, que habían amalgamado a esos activistas antisociales y extranjeros para agredir a la policía y entonces esta no había tenido otra alternativa que reprimir la “convulsión social” para mantener el orden.

Dijimos que la función de la policía era reprimir y eso es lo que efectivamente hizo. Y toda represión está ideológicamente justificada, solo que como las ideologías se modifican más lentamente que las condiciones materiales de vida, entonces aquellas reflejan una situación pretérita. La inmigración fue la política que el Estado argentino adoptó para proletarizar la fuerza de trabajo. La mayoría de los inmigrantes nutrieron las filas de la clase obrera, por eso los periódicos de la burguesía, como La Nación, consideraban al movimiento obrero como un movimiento de extranjeros. Y frente a estos extranjeros que no se adaptaban a la sociabilidad argentina solo cabían la represión y ley de residencia para expulsarlos del país. Sin embargo, considerar que el problema obrero era un “problema de extranjeros antisociales” achataba la comprensión que las clases dominantes podían tener respecto de la nueva situación social producida por el desarrollo capitalista agroexportador. La sociedad argentina había cambiado, debía entonces modificarse su legislación y abrir paso a un nuevo comportamiento del Estado frente a la cuestión obrera. De allí las reflexiones del diario La Prensa ante la huelga general de 1909.

La Prensa comienza por señalar que se había anudado un problema de Estado con una huelga que reclamaba la renuncia del jefe policial. Se encontraba el Estado ante un problema en el cual una huelga era utilizada con fines políticos. Para La Prensa, el huelguista es un contratista, el obrero puede recurrir a la huelga cuando se trata de cuestiones del salario o de las condiciones de trabajo, pero no para planteos políticos, porque el huelguista no entiende nada de política. Estas cuestiones solo son atinentes a los profesionales de la política, vale decir, a los diputados, senadores, concejales.

La huelga general carecía de legitimidad. Era la irrupción de un método que nada tenía que ver con la política. Y se había producido no por obra de “extranjeros alocados” sino porque el obrero no comprendía los métodos de la política. Se anudaban “problemas de Estado” porque el Estado carecía de una legislación adecuada. No se podía gobernar el país como si las nuevas clases trabajadoras no existiesen, no se podía gobernar el país sin contemplar la existencia de las organizaciones gremiales. Eran necesarias leyes que regulasen la actividad gremial; eran necesarias leyes que solo admitiesen huelgas parciales y localizadas; era necesario garantizar la libertad de trabajar al momento de producirse una huelga parcial; era necesario que fuesen los tribunales de la justicia los que resolviesen los problemas obreros y no la policía.

Se tenía el antecedente del proyecto de Código Nacional del Trabajo, que ciertamente contemplaba reformas sociales, pero a un mismo tiempo establecía una legislación gremial, vale decir, una regulación de las actividades gremiales por las leyes de un Estado que por su carácter de clase respondía a los intereses de la burguesía. Para La Prensa, se necesitaba una legislación que, contemplando la nueva realidad social, dotase al Estado de leyes que le permitiesen desarticular los “excesos de las huelgas” antes de que se anudasen “problemas de Estado” por un mal uso de las huelgas por “huelguistas que no comprenden de política”.

La Prensa apunta a crear un nuevo consenso: es necesario que el conjunto de la sociedad comprenda que cada individuo es un “ciudadano de derechos perfectos”, que la Argentina es un país que redime al proletariado de los pueblos viejos permitiendo al proletario transitar a la condición de propietario. La sociedad debe tener garantizado su “desarrollo normal”, un desarrollo en el cual las libertades de cada uno sean el eje vertebrador de la “normalidad social”. Entonces no será necesaria la represión.

Sin embargo, lo que la ideología del consenso oculta es que la sociedad no es una “suma de individuos de derechos perfectos” sino una forma social con clases antagónicas. Más aún, se ha instalado una nueva represión, aquella que ha dotado al Estado de instrumentos jurídicos para regular las huelgas antes que estas lleguen a situaciones donde sea necesaria la represión policial. La nueva represión es “invisible” porque está dada por las leyes gremiales que reprimen al condicionar la actividad gremial y las huelgas. Es una represión revestida por un nuevo consenso –la sociedad de individuos con derechos iguales y perfectos– y hasta podemos decir que las tendencias reformadoras de las clases dominantes instalan la represión antes que la represión policial sea necesaria. Por eso “esta represión invisible” es más reaccionaria que la represión visible de la policía. La ideología tiende mantos que ocultan la esencia de las relaciones sociales.     

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