Julio Argentino Roca: el Orden Conservador

Se cumplen hoy 110 años del fallecimiento de Julio Argentino Roca, figura central en la historia política argentina. Su rol como “Gran Elector” y su influencia en la construcción del orden conservador definieron una era marcada por la paz interna, el crecimiento económico y la consolidación del poder estatal.

Julio Argentino Roca, quien había nacido en San Miguel de Tucumán en 1843, fue presidente de la Nación Argentina en dos ocasiones: entre 1880 y 1886, y luego entre 1898 y 1904. Estos periodos coinciden con la llamada República Conservadora, una etapa marcada por el crecimiento de la economía agroexportadora, que integró al país en el mercado mundial como proveedor de materias primas agrícolas como trigo, maíz, carne y lana. A nivel social, fueron los años de una gran inmigración europea, especialmente italiana y española, que transformó el tejido social argentino y dio lugar a lo que se conoce como una “sociedad aluvial”.

En ese contexto, mientras la tradición liberal vio estos años como una época dorada de progreso y modernización, con Argentina como una nación rectora de destinos para América Latina y redentora de los viejos pueblos europeos a los que abría sus fronteras para que emigrasen a la joven nación y pudiesen transitar de su condición de proletarios a la de propietarios, se alzaron las visiones críticas de la tradición populista y la de los “marxistas clásicos” que, más allá de algunos aspectos que las diferenciaban, coincidieron en caracterizar al período como el de un régimen político sustentado en una economía capitalista dependiente del imperialismo, sobre todo el inglés.

Estas apreciaciones, empero, no nos pueden llevar a perder de vista el verdadero carácter de la economía argentina desde 1880. No se trata de una clásica dependencia como la que sujetaba al resto de las economías latinoamericanas. Ello se debió a las ventajas comparativas de la región pampeana como productora agropecuaria derivada de la fertilidad natural del suelo y de la distancia a los mercados consumidores, ventajas comparativas que determinaron que los costos de la producción agropecuaria en la pampa fuesen inferiores a los costos internacionales que fijaban el precio mundial de las mercancías agrarias. Como resultado se dio una situación que permitió a los exportadores apropiarse de una parte alícuota del plusvalor internacional, es decir, obtener una renta diferencial que tuvo un efecto multiplicador en la economía argentina, ya que parte de ella se transfirió a otros sectores de la producción como las industrias y los servicios. Estas afirmaciones no niegan la explotación del proletariado, los problemas e injusticias sociales, el “drama” de la vivienda en ciudades como Buenos Aires y Rosario, pero sí deben llevar a reconocer que para los inmigrantes o para buena parte de ellos, las retribuciones salariales o las condiciones sociales eran mejores a las que se encontraban en sus países de origen, ante todo, las de Italia y España.

Con la primera presidencia de Roca, después de decenios en que las guerras habían sido la variable dominante, el país alcanzaba la paz. En efecto, la revolución de 1880, hacia fines de la presidencia de Nicolás Avellaneda, fue el último acto de la prolongada guerra civil que se había iniciado en la primera década revolucionaria –1810-1820– con el enfrentamiento entre directoriales y artiguistas. La Argentina ingresaba ahora en decenios de “desarrollo pacífico” y la paz debía ser complementada por la administración, cabe decir, la gobernabilidad de todo el espacio social a cargo de las instituciones establecidas por la constitución de 1853. El propio Julio Argentino Roca, en su discurso de su primera asunción como presidente, señaló: “El imperium de la nación establecido para siempre después de sesenta años de lucha, sobre el imperium de provincia; y las consecuencias que de estos hechos se desprenderán para el progreso y el afianzamiento de la nacionalidad, podrán en una época próxima responder del acierto o del error de mi conducta”. La conducta a la que se refiere es la del predominio incuestionable del predominio del estado nacional sobre los estados provinciales.

El laicismo fue parte constitutiva de esta “paz y administración”. El estado nacional se apropió de funciones sociales hasta entonces desarrolladas por la iglesia. El Registro Civil y el Matrimonio Civil privaron a la iglesia del control de nacimientos, casamientos y defunciones. La ley 1420 de Educación Común estableció la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, indispensable para la “educación del soberano”, pero también para la integración a la nación de los contingentes inmigratorios, en particular sus hijos. La ley 1420 fue la base desde la que se construyó un sistema que llevó a la educación argentina a ser una de las mejores del mundo. Tenemos, por ejemplo, que diez años después de su sanción, el índice nacional de analfabetismo había descendido al 53,5% y en 1914 al 35%. La Argentina alcanzó una educación prácticamente plena y el sistema fue una herramienta central en la argentinización de millares de inmigrantes y sus hijos. En ese sentido, no debemos perder de vista, que la Argentina terminaba por abrirse a las corrientes migratorias internacionales. Se cumplían los objetivos de la constitución de 1853 cuyo preámbulo establecía que la misma era sancionada para todos los hombres del mundo que desearan habitar el territorio argentino. Los años 80 del siglo XIX vieron que el movimiento inmigratorio adquiría, por primera vez, características verdaderamente masivas.

En su análisis del régimen político, Natalio Botana ofrece una interesante perspectiva sobre la mecánica del orden conservador. Identifica dos fórmulas clave: una prescriptiva y otra operativa. La fórmula prescriptiva alude a la formalidad de las instituciones y a la legitimidad de los gobernantes, que en teoría se derivaba del sufragio. Por otro lado, la fórmula operativa hace referencia a las prácticas concretas del ejercicio político.

Desde el plano prescriptivo, como se ha mencionado, la legitimidad de los gobernantes provenía de la libre emisión del voto por parte de los ciudadanos, quienes eran formalmente los electores. Sin embargo, en el plano operativo, las múltiples formas de corrupción política, que iban desde la venalidad del sufragio hasta la violencia comicial, invertían este principio de legitimidad. Así, la voluntad ciudadana dejaba de ser el factor decisivo, cediendo su lugar a lo que Botana denomina el “Gran Elector”, identificado con el presidente de la República. Este “Gran Elector” decidía las candidaturas y organizaba las condiciones para asegurar el triunfo de sus elegidos.

Un análisis más preciso de la figura del “Gran Elector” muestra que este rol era asumido directamente por el presidente cuando Roca ocupaba el cargo. No obstante, incluso fuera de la presidencia, Roca continuaba ejerciendo esa función a través del control de las dinámicas cotidianas de la política. La figura del “Gran Elector” es crucial en el estudio de Botana, ya que revela quién decidía realmente quiénes ocuparían los cargos gubernamentales. Roca no solo seleccionaba a los candidatos, sino que también garantizaba su éxito electoral. Así, tras su primera presidencia, elige a su sucesor, Miguel Juárez Celman, y da su aval a la revolución que en 1890 lo derroca; veta la candidatura de Roque Saénz Peña y fabrica la de Sáenz Peña padre; y, tras su segunda presidencia, nuevamente impone a su delfín, esta vez Manuel Quintana, aunque ya su influencia estaba declinando como resultado de las divisiones en el partido Autonomista Nacional.