El golpe terrorista contra la clase obrera

Hoy se cumplen cuarenta años del más reaccionario de los golpes de Estado registrados en la Argentina en el siglo XX. Encabezado por el Teniente General Jorge Rafael Videla, dio origen a la más sangrienta de las dictaduras que asolaron la Argentina, dictadura que se bautizó a sí misma con el rótulo de “Proceso de Reorganización Nacional”. Sin embargo, este golpe no fue un relámpago en un cielo cristalino. Fue precedido por la dramática resolución de las contradicciones de clase del peronismo en favor de la burguesía.
Desde la masacre de Ezeiza hasta el accionar de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), alentados no solo por López Rega e Isabel, sino proyectado por el propio Perón, se fue preparando el camino para el golpe del 24 de marzo de 1976.
“Desde la muerte de Perón en julio de 1974, el gobierno peronista debió enfrentar el inicio de una crisis catastrófica de la economía mundial que comenzaba a proyectar su sombra sobre la Argentina y que comenzó a poner en cuestión el Pacto Social. Las condiciones para un gobierno cuyo objetivo era desviar el ascenso de la clase obrera iniciado en el Cordobazo en 1969 estaban agotadas. (…) Como consecuencia de la muerte de Perón, el único que contaba con autoridad para contener las demandas de los trabajadores, el gobierno de Isabel se apoyó abiertamente en la camarilla lopezrreguista que dio vía libre al accionar desembozado de la Triple A. La represión paraestatal se transformó en el principal argumento del peronismo para enfrentar la lucha de la clase obrera y la juventud”, afirman Ruth Werner y Facundo Aguirre.
El gobierno Perón-Perón fue a la historia argentina lo que la Comuna de París fue a la historia de Francia. No porque la clase obrera argentina hubiese tenido el poder en 1973-1976, sino porque tras la derrota del proletariado, la burguesía argentina pudo sujetar políticamente a los trabajadores, de la misma manera que la burguesía francesa pudo sujetar a los obreros después de la derrota de la Comuna en 1871.
Con el golpe de Estado se profundiza el enfrentamiento con el proletariado y el pueblo. Este enfrentamiento se desplegó por medio del terrorismo de Estado, por la fascista política represiva que dio origen a los detenidos-desaparecidos y, por otro lado, con la política económica de Martínez de Hoz, tendiente a modificar la anatomía económica de las clases sociales en la Argentina contemporánea.
Leemos en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP): “(…) a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. (…) De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de ‘excesos individuales’? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. (…) De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra –¡triste privilegio argentino!– que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo”.
El terrorismo de Estado estuvo dirigido, en primer término, contra la clase obrera, con la finalidad de privarla de sus militantes más conscientes y combativos, tanto gremial como políticamente. Se trataba de descabezar y amedrentar a los trabajadores. En segundo lugar, contra la pequeña burguesía radicalizada al compás de la influencia de la Revolución Cubana en América latina en los años 60 y 70. Es por esto que no admitimos que en el informe de la CONADEP se hable de un terrorismo para caracterizar a las formaciones guerrilleras de esa década, más aún si tenemos en cuenta que la violencia estatal contra los obreros se había iniciado con el golpe de Estado de 1955 y se había profundizado con el régimen de Juan Carlos Onganía desde 1966. Y en tercer lugar, y solo como consecuencia de la política del terror, el golpe fue también contra sectores que por motivos económicos o de luchas intestinas resultaban molestos para los dueños del terror.
Pero el principal objetivo del terror eran los trabajadores. Según el informe de la CONADEP, los desaparecidos eran obreros (30,2%), estudiantes (21%), empleados (17,9%), profesionales (10,7%), docentes (5,7%), autónomos y varios (5%), amas de casa (3,8%), conscriptos y personal subalterno de Fuerzas de Seguridad (2,5%), periodistas (1,6%), artistas (1,3%) y religiosos (0,3%).
La política de terror amparaba a la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de economía del dictador Videla. Su política estuvo orientada a quebrar el mercadointernismo que con variantes se fue desarrollando en la economía argentina desde mediados de los años 30, para que el país fuese gobernable para los grandes terratenientes, financistas y monopolistas. Si esta alianza de clases dominante no había podido gobernar el país después del golpe de 1955, entre otras causas se debía a que se enfrentaban a una clase obrera homogénea social y políticamente. Quebrarles el espinazo a los trabajadores significaba terminar con el “estatismo mercadointernista”.
El interés financiero se convirtió en la parte alícuota de la plusvalía que desempeñaría el rol central en el proceso de acumulación de capital. Se trataba no solo de comprimir y desvalorizar salarios, sino también de afectar al conjunto del sector industrial de la economía, sometido ahora al alto costo del dinero (tasas de interés), a la apertura indiscriminada del mercado interno a la libre importación de mercancías y a un endeudamiento externo generalizado, que subordinaba al conjunto de la economía argentina a los grandes monopolios internacionales, al capitalismo financiero, a la banca internacional. Es la nefasta política de convertir al Dinero (D) en Dinero Prima (D’) sin pasar por la Producción (P), condenando a la desocupación y la indigencia a millares de trabajadores argentinos.
Dice Jorge Schvarzer: “Los cinco años transcurridos entre 1976 y 1981 ofrecen una de las mejores oportunidades para explorar el funcionamiento de la sociedad y la economía de la Argentina. En ese período, José Alfredo Martínez de Hoz, desde su cargo de ministro de Economía, emprendió el más sólido, duradero y coherente intento de reestructuración global de la nación que se haya conocido en las últimas décadas, en consonancia con los criterios y expectativas de los grupos dominantes”. Pensemos que el libro de Jorge Schvarzer fue publicado en 1986 y que es anterior a la política económica de Domingo Cavallo, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el peronismo se convirtió en el partido liberal de la gran burguesía financiera. Asimismo, recordemos que fue Cavallo el que estatizó las deudas privadas de los grandes grupos monopólicos, por medio de una circular del Banco Central.
Podemos decir que con Martínez de Hoz se inició un proceso tendiente a dividir a la sociedad argentina en tres fracciones: a) un sector minoritario integrado a un sofisticado mercado de bienes y servicios; b) un sector incorporado al mercado de trabajo, pero con salarios comprimidos y devaluados y que tiene acceso a un restringido mercado de bienes y servicios; y c) un sector excluido del mercado de trabajo y por ende del mercado de bienes y servicios. Empezó así una duradera política de la burguesía financiera para mantener sujeta a la clase obrera argentina y explotarla.
¿Qué conclusión podemos sacar del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”? La lección más profunda que nos queda es que la burguesía argentina no vaciló en recurrir al terror blanco cuando vio amenazados sus intereses de clase.

Fuentes consultadas
Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Buenos Aires, Eudeba, 1984.
Schvarzer, Jorge. La política económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
Werner, Ruth y Aguirre, Facundo. “El PST en la mira de las Tres A”, en Ideas de Izquierda, Buenos Aires, Diciembre de 2015, Nº 26.