Buenos Aires, revolución y secesión (I)

Hoy se cumplen 170 años de la Revolución del 11 de septiembre de 1852, suceso que al implicar la secesión de Buenos Aires del resto de las provincias abrió una ruptura en el proceso que conducía a la organización política de la Nación mediante un Congreso Constituyente.

Después de la batalla de Caseros en febrero de 1852, los planes constitucionales de Justo José de Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos, fueron consensuados por todos los gobernadores provinciales en el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que tuvo lugar en mayo de 1852. Pero Buenos Aires temía que una mayoría provinciana en el Congreso adoptase una política contraria a sus intereses, por ejemplo, nacionalizando la Aduana, con lo cual dejaría de usufructuar en forma exclusiva sus rentas, o federalizando a la ciudad de Buenos Aires al declararla capital de la Nación y, por ende, separándola del territorio provincial. Entonces, oponiéndose a la designación de Urquiza como Director Provisorio de la Confederación Argentina, la provincia de Buenos Aires rechazó el acuerdo de San Nicolás y, cuando Urquiza procedió militarmente contra ella, una vez que se produjo la retirada del gobernador entrerriano, aprovechó para asistir al Congreso convocado en Santa Fe y, en tales circunstancias, protagonizó la revolución del 11 de septiembre.

Para comprender la dimensión de este acontecimiento es necesario, en primer lugar, señalar que la lucha se plantea al interior de la burguesía terrateniente y mercantil, regionalmente diferenciada. Para aquella fracción de la burguesía radicada en Buenos Aires, la cuestión nacional, vale decir, la conformación de una economía y un Estado nacional, consistía en integrar a las provincias del interior Mediterráneo y a las del Litoral a su economía capitalista liberal portuaria. Por el contrario, para la fracción radicada en el Litoral, particularmente en la provincia de Entre Ríos, la cuestión nacional, sin negar el carácter liberal de la política económica, consistía en romper con el monopolio portuario de Buenos Aires sancionando la libre navegación de los ríos interiores de la Confederación y habilitando otros tantos puertos y aduanas exteriores en ciudades litoraleñas para comerciar directamente con el mercado mundial por medio de las exportaciones e importaciones. Precisamente, poco antes de la revolución del 11 de septiembre, Urquiza había promulgado una ley por la cual se habilitaban numerosas aduanas exteriores. Con ello se intentaba romper con la intermediación monopólica de Buenos Aires. Se ha señalado, y con razón, que esta medida adoptada por Urquiza, que iba contra los intereses de la provincia hegemónica, está detrás de la revolución del 11 de septiembre.

En segundo lugar, debemos considerar que después de la batalla de Caseros se reconstituye en Buenos Aires la movilización política urbana. Ello implicó la conformación del liberal Partido de la Libertad, donde se daban cita ex rosistas con unitarios y románticos, unidos todos para defender los intereses de la provincia o, mejor dicho, de la burguesía terrateniente y mercantil que controlaba el poder del Estado.

Pero no todo era unidad en el partido liberal. Este se dividió en dos sectores o tendencias. Por un lado, la fracción liberal nacionalista, encabezada por Bartolomé Mitre, que, como su nombre lo indica, quisieron nacionalizar la revolución del 11 de septiembre, vale decir, proyectar hacia el Interior y el Litoral lo acontecido en Buenos Aires y, de esa manera, hegemonizar la formación de un Estado nacional imponiéndole el predominio de los intereses de su fracción. Por otro lado, la fracción liberal autonomista, defensora acérrima de los privilegios de Buenos Aires, que llegó a acariciar el proyecto de separar definitivamente a Buenos Aires del resto de las provincias. Este sector fue el que inicialmente se impuso y así dio origen a Buenos Aires como Estado rebelde, que se dio la plena jerarquía de Estado y su propia constitución en 1854.

La fracción liberal-autonomista estaba encabezada por Valentín Alsina. Esto no quiere decir que todos los autonomistas bregaban por la secesión definitiva de Buenos Aires, pero sí que se distinguieron, según sostiene Oscar Oszlak en La formación del Estado argentino, por “su posición antiurquicista extrema” y por considerar la unidad nacional como algo para negociar antes que como objetivo político fundamental. Ahora bien, durante todo el período que duró la secesión de Buenos Aires –de derecho, hasta la batalla de Cepeda y el Pacto de San José de Flores o Pacto de Unidad Nacional de noviembre de 1859 y, de hecho, hasta la batalla de Pavón de 1861– el partido liberal, más allá de su división y sus discrepancias, permaneció unido y tuvo incuestionablemente el control del gobierno.

Así, hacia 1852-1854 la nación estaba dividida en dos estados: por un lado, la Confederación Argentina, con su constitución de 1853, presidida por Justo José de Urquiza y con capital provisoria en Paraná, y por el otro lado, el Estado de Buenos Aires, con su constitución de 1854 y cuyos principales gobernadores fueron Pastor Obligado, Valentín Alsina y Bartolomé Mitre.

Las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires oscilaron entre la paz y la guerra. Asistimos, en estos años de mediados del siglo XIX, al intento más radical realizado en la historia argentina por organizar un Estado nacional al margen de los intereses de Buenos Aires y a su fracaso: Urquiza no pudo conformar un mercado nacional, base ineludible del Estado nacional, dada la supervivencia de las aduanas interiores; no pudo, tampoco, organizar el monopolio del poder coactivo, o sea, organizar un ejército nacional, dada la supervivencia de las guardias provinciales; y no pudo extraerle regularmente a la sociedad recursos mediante impuestos para garantizar la viabilidad presupuestaria del Estado confederal. En consecuencia, Urquiza recurrió nuevamente a la guerra contra el Estado rebelde. Triunfó en la batalla de Cepeda (1859), reintegró a Buenos Aires a la Nación, salvaguardó –aunque no pudo evitar reformas– a la constitución de 1853 y finalmente nacionalizó la aduana, con lo cual sus rentas se convirtieron en nacionales y pudieron ser distribuidas entre todas las provincias. Pero, de hecho, Buenos Aires venía alargando su incorporación al Estado nacional: socavaba al gobierno de la nación (por entonces Urquiza había sido sustituido en la presidencia por Santiago Derqui) agitando en su contra a las provincias, particularmente a través de la revolución sanjuanina. Todo ello llevó a que Derqui le ordenase a Urquiza tomar nuevamente las armas contra Buenos Aires.

Llegamos así a 1861 y a la batalla de Pavón, en la cual Urquiza fue derrotado por Mitre. Las autoridades nacionales se disolvieron y Mitre se encargó provisoriamente del “ejecutivo nacional”. Con la batalla de Pavón se alcanzan los objetivos nacionales que el sector liberal-nacionalista del Partido de la Libertad había intentado alcanzar en 1852. Hubo entonces Estado nacional, pero con la hegemonía de Buenos Aires.

Fuente consultada

Oszlak, Oscar (1985). La formación del Estado argentino. Buenos Aires, Editorial de Belgrano.