11 de mayo de 2013

REPERCUSIONES DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LA CIUDAD

Preocupación en la Legislatura

En la Legislatura de la Ciudad Autónoma se presentó ayer un proyecto de declaración para que ese cuerpo colegiado exprese su preocupación por los efectos que producirá sobre la ciudad el blanqueo de capitales propiciado por el Ejecutivo nacional.

Presentaron el proyecto los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fernando Sánchez (Coalición Cívica) y Jorge Selser (Partido Socialista Auténtico), quienes sostienen que el blanqueo “ha de generar un importante beneficio a quienes tienen dinero proveniente del delito privado y de la corrupción pública, brindándoles una inmerecida impunidad que agravia al buen sentido de la gente honesta y a la ética pública”.

En los fundamentos se explicita que “se libera de responsabilidad a quienes evadieron impuestos, hicieron balances falsos, certificaron a sabiendas esas falsedades y lucraron profesionalmente realizando esas conductas ilícitas”.

Se hace constar también que “se los exime del pago de los impuestos evadidos (Ganancias, IVA, Transferencia de Inmuebles, Créditos, Débitos ‘y otras operatorias’), con lo cual se premia al delito, a la evasión y, por este medio, se contribuye con el enriquecimiento de todos los que hubieren realizado esas conductas ilícitas”.

Se expresa asimismo que “los ‘sujetos’ que participen de esta operatoria no serán denunciados por infracciones a la Ley Penal Tributaria y Provisional (ley 24.769) y las leyes penales cambiarias”.

De este modo, considera, “se brinda un marco de protección e impunidad a quienes se enriquecieron ilegalmente no pagando los impuestos y tributos debidos, a la vez que se les asegura a los delincuentes el derecho de no declarar a la AFIP el origen del dinero que ‘blanqueen’, y se les garantiza que ni la AFIP ni el Banco Central impulsarán las acciones penales ni las investigaciones que tienen el deber de realizar cuando aparecen signos o evidencias que ponen de manifiesto dineros no declarados o patrimonios irregularmente excluidos del pago de impuestos”.

Es así como, prosiguen, “todo ello viene a premiar e incentivar la evasión fiscal, al igual que lo fuera la denominada ‘Ley de Blanqueo’ de 2008 (ley 26.476) y que mereciera análogos reparos por tener análogos efectos”.

En consecuencia, aseguran, “el Proyecto presentado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo viene a brindar un marco de protección que permite regularizar dineros provenientes del delito privado y de la corrupción pública, y ello implica incentivar y premiar las conductas ilícitas que los generaron”.

Por último, afirman: “Ese incentivo al delito que propicia el Poder Ejecutivo Nacional con el proyecto aludido ha de tener consecuencias significativas en el ámbito de nuestra Ciudad, por lo cual consideramos que esta Legislatura debe expresar su preocupación al respecto”.

Denuncia de Raffo
Cabe destacar por otra parte que la semana última Julio Raffo denunció al fiscal subrogante Carlos Gonella, de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” (art. 249 del Código Penal). La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini.

Raffo basó su denuncia en las graves acusaciones vertidas formalmente sobre Gonella por el fiscal federal Guillermo Marijuan, según las cuales aquel, entre otros (u “otras”) cometieron las siguientes irregularidades: “Obviaron pedir que se investigara buena parte de lo denunciado”; tanto Gonella como el fiscal Omar Orsi habrían actuado “como defensores y no como fiscales”; interpretando la motivación de esa conducta, el fiscal habría señalado que la misma habría tenido lugar “vaya a saber por qué razones” (o “propósitos” en otra versión) y “el PROCELAC habría omitido cumplir con sus responsabilidades en la causa mencionada”.

Señaló Raffo que esas omisiones consistieron, principalmente, en no imputar a Lázaro Báez en la causa judicial mencionada, iniciada a raíz de las denuncias públicas realizadas por Leonardo Fariña y Federico Elaskar, respecto de “lavado” de dinero realizado por cuenta de Báez; no imputar a Martín Báez, titular de la empresa Teegan, creada en Belice, y a cuyas cuentas se habría derivado el dinero ilegalmente sacado del país mediante operaciones de “lavado”; y no requerir ni impulsar diligencias de investigación e información obvias y necesarias respecto de las cuentas en el exterior (Suiza), a las cuales se habría derivado parte significativa del dinero ilegalmente sacado del país mediante operaciones de “lavado”.