10 de enero de 2011
LOS DESMANES EN LA ESTACIÓN CONSTITUCIÓN: ENTREVISTA A MARCELO RAMAL
“Hubo un móvil muy claro”
Por Haydée Breslav
La reciente muerte de Luis Enrique Pizarro Araya a consecuencia de los hechos de Constitución suma un nuevo y desdichado componente al complejo conjunto de circunstancias y de intereses en que se desarrolla la lucha de los trabajadores tercerizados del ferrocarril, y que ya se había cobrado la joven vida de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero (PO). Sobre estos y otros temas dialogamos con Marcelo Ramal, dirigente nacional de esa agrupación política.
–¿Cuál es tu comentario acerca de la muerte de Pizarro Araya?
–La muerte de esta persona, que se encontraba circunstancialmente en Constitución el día 23 [de diciembre], es indudablemente un hecho lamentable que pone de manifiesto que el Gobierno no hizo ninguna investigación sobre esos hechos, y en cambio sí avanzaron en el procesamiento de los militantes ferroviarios y del Partido Obrero. La única información que difundió el Gobierno sobre el tema de Constitución fue manifiestamente fraudulenta y maliciosa.
–¿A qué te referís?
–A la conferencia de prensa que dio Nilda Garré el día 27 de diciembre, en la que dijo cosas tales como que, de los detenidos en Constitución, habría diez que serían del PO; lo dijo en potencial justamente para deslizar algo sin poder afirmarlo, pero hizo algo todavía más pérfido: al explicitar una lista de supuestos detenidos, incluyó en ella a Jorge Hospital, a sabiendas de que efectivamente había sido detenido ese día, pero por la medida gremial de Avellaneda; es decir que maliciosamente lo incluyó entre los detenidos de Constitución con el solo objeto de mencionar a alguien del PO que supuestamente estaría detenido por esos hechos. La contracara de esta nula investigación de los desmanes de Constitución –lo que es grave, porque hay varios indicios de que en esos desmanes estuvo presente la patota sindical; nosotros inclusive hemos mostrado fotos vinculadas a este hecho– es que al mismo tiempo se procesa a los militantes del PO por el corte de vías en Avellaneda, y les achacan la figura penal de extorsión.
–¿Cómo debe interpretarse esto?
–Es el clásico expediente de tratar a los luchadores gremiales –como es el caso de estos compañeros– como si fueran delincuentes comunes, es decir, se trata de la penalización de la protesta social. La acusación de extorsión contra ellos no cabe desde ningún punto de vista, porque una extorsión es un acto de naturaleza personal, de una persona hacia otra: cuando una fuerza colectiva, en este caso de los trabajadores, realiza una medida de fuerza, está apelando a su método histórico, a su único recurso para poder hacer valer sus derechos. Si lo de aquel día hubiera sido una extorsión, entonces cuando los maestros hacen huelga alguien podría suponer que están extorsionando al Gobierno por un aumento de sueldo.
–¿No era Hospital testigo del asesinato de Mariano Ferreyra?
–Claro, y aportó elementos muy importantes a la causa: lo hizo en un acto muy valiente, porque Hospital no es un tercerizado, sino un trabajador estable del ferrocarril, y un dirigente de mucha trayectoria en la oposición a [José] Pedraza en el sindicato ferroviario; como parte de esa tarea, ha organizado a los tercerizados. Y desde ese lugar de trabajador estable del ferrocarril fue a testificar para denunciar todos los elementos conocidos en los talleres y en los lugares de trabajo, respecto de cómo los lugartenientes de Pedraza reclutaban a los patoteros y a los barrabravas para las acciones de ese tipo. El procesamiento de Hospital es un acto de criminalizacíón de la protesta social y un ataque al derecho de huelga, y por supuesto los abogados del Partido Obrero van a apelar. Al mismo tiempo queremos destacar de qué modo han querido dar vuelta las cosas: a dos meses del crimen de Mariano Ferreyra, sus compañeros se sientan en el banquillo de los acusados, pero a Pedraza todavía nadie lo sentó en ningún banquillo.
–¿Por qué creés que se produjeron los hechos de Constitución?
–En nuestra caracterización, lo de Constitución tuvo un móvil muy claro. En el momento en que se produce, se estaban desarrollando en el Ministerio de Trabajo las negociaciones entre los tercerizados y el Gobierno, y tuvo el claro objetivo de frustrar cualquier acuerdo. Los grandes interesados en que ese acuerdo se frustre son los Pedraza, que no quieren, desde ningún punto de vista, que los tercerizados ingresen al ferrocarril porque, como se ha revelado, ellos mismos son empresarios, dueños de las empresas o seudocooperativas que emplean a trabajadores tercerizados; entonces, preservan ese negocio indigno y por eso hacen una oposición cerrada a la reivindicación de que los tercerizados ingresen a la planta del ferrocarril. Importa señalar también que, desde el crimen de Mariano Ferreyra, este entramado entre los privatizadores del ferrocarril, el Estado y la burocracia sindical no se ha alterado en lo más mínimo: fijate que, a pesar de que hay siete patoteros procesados, el subsecretario de Transporte Ferroviario sigue siendo Antonio Luna, un hombre de Pedraza y de [Omar] Maturano, el dirigente sindical de La Fraternidad.
–¿Desde cuándo funciona este entramado?
–En un sentido más o menos amplio, te diría que sobre este esquema fueron armadas las privatizaciones menemistas del ferrocarril: este fue privatizado con la complicidad de los mismos dirigentes sindicales que están ahora, y a cambio de esa complicidad siempre les otorgaron el manejo de algunos negocios. El kirchnerismo dejó integralmente en pie esta estructura corrupta, y por eso continúa el manejo de estas empresas tercerizadas con los dirigentes sindicales como empresarios de ellas, y algunos elementos que son de características todavía más graves.
–¿Cuáles son esos elementos?
–Actualmente, el ferrocarril tiene un manejo operativo de estos concesionarios privados; por ejemplo, el que maneja el Roca es una unión transitoria de empresas que se llama Ugofe, donde participan el grupo Roggio, el grupo Cirigliano y el grupo Romero: se trata de tres grandes grupos con intereses en el negocio del transporte, que tienen un contrato muy singular porque reciben importantes subsidios para la operación del ferrocarril, pero al mismo tiempo el Estado toma a su cuenta todos los gastos centrales de mantenimiento y compra de materiales. Es una privatización sui generis, donde factura el privado y gasta el Estado, que encima le otorga subsidios, y a cambio de cerrar los ojos ante esta realidad, Pedraza ha recibido su tajada. Esta lucha de los tercerizados y la movilización por el crimen de Mariano Ferreyra pusieron de manifiesto esta trama que, insisto, a dos meses de ese crimen sigue inalterable.
–¿Puede decirse que el crimen de Mariano forma parte de esa trama?
–En los días previos, ya había habido ataques del estilo de “zurdos de m..., los vamos a echar del ferrocarril”; ese clima ya se vivía previamente en los talleres; por eso es mentira que el crimen de Mariano haya sido un accidente o un episodio imprevisto o colocado por fuera de la situación política. El crimen de Mariano Ferreyra podría haber ocurrido en el hospital Francés cuando las patotas entraron a degüello contra los delegados; en el Casino, cuando el SOMU del Caballo Suárez arremetió contra los delegados; en el Indec, con la patota de [Guillermo] Moreno y de UPCN... En fin, el recurso a las patotas ha estado siempre presente en la metodología de este gobierno, y lo que también ha puesto de manifiesto esta lucha de los tercerizados y la movilización por el crimen de Mariano es una alianza muy sólida entre el Gobierno y la burocracia sindical, que el Gobierno no rompe a pesar de la conmoción política que se ha creado. Fijate que en estos días, a raíz de las últimas movilizaciones, se anunció varias veces que los tercerizados iban a pasar a la planta permanente del ferrocarril; hasta dijeron que habían pasado mil, y es mentira. Son dos mil cincuenta y siete, y de ellos hasta ahora sólo han pasado doscientos; acerca de los demás, está todo en veremos, porque Pedraza presiona todos los días para que no pase ninguno.