10 de noviembre de 2012
MIEMBROS DE LA JUNTA COMUNAL 11 CONTRA LA TRATA
“Hay que terminar con semejante degradación”
Con el título Susana Trimarco: un ejemplo, una esperanza, el presidente de la Junta Comunal 11, Carlos Guzzini, produjo un documento en el que condena la trata de personas e informa que otra integrante de ese cuerpo ejecutivo colegiado, Alejandra Viviani, presenció en Tucumán el juicio impulsado por la madre de Marita Verón.
El documento empieza precisamente por definir que el juicio por Marita Verón “debería marcar un antes y un después, por la incesante búsqueda de justicia liderada por su mamá, Susana Trimarco”.
Sostiene después que el “cóctel de droga, prostitución, impunidad y corrupción que termina con la esclavitud de jóvenes mujeres para someterlas en prostíbulos donde concurren autoridades políticas, judiciales, policiales o empresariales, entre otros, hay que erradicarlo”.
A continuación, hace saber: “En este marco viajó, en representación nuestra, la juntista Alejandra Viviani junto a otras mujeres de la ciudad, a presenciar el juicio y fundamentalmente a ponerse a disposición, acompañar y hacerle llegar nuestra solidaridad y nuestro compromiso a Susana Trimarco y su causa”.
Y da cuenta de los testimonios obtenidos en el lugar por Alejandra Viviani acerca de la terrible odisea que sufrió Marita Verón, quien “fue raptada por tres hombres, le pegaron un culatazo en la cabeza” y “Susana supone que fue drogada y llevada a una fiesta desde donde se escapó, y recapturada por policías, fue devuelta a sus captores”.
El documento prosigue contando que “se cree que [a Marita Verón] la llevaron a La Rioja y la vendieron a quien la explotó en un burdel llamado Candy y quien a su vez la revendió a su hijo”, que “ese hombre la hizo su esclava sexual, y del cual, se presume, habría tenido un hijo”.
Dice también que la víctima “estuvo un tiempo encerrada en una celda del prostíbulo desde donde la sacaban para ofrecerla por la paga” y que “siempre drogada, según testimonios de otras jóvenes esclavizadas que pudieron contar sus vivencias, la trasladaban a distintos lugares, La Rioja, Catamarca, Rio Gallegos, Santa Fe y España, donde se cree fue llevada a partir del 2003”.
A renglón seguido, el documento expresa una serie de aspiraciones con respecto a la Justicia: “Esperemos que los jueces puedan actuar a la altura de lo que la sociedad espera, sin presiones políticas y con total independencia. Que reivindiquen los valores de la Justicia tan cuestionados en estos tiempos. Que puedan aplicar el peso de la Ley a todos los integrantes de esta perversa red de traficantes de personas y a todos los que de alguna manera hicieron posible este aberrante hecho. Que sean lo suficientemente duros, para que aquellos que siguen actuando en negocios similares recapaciten y para que la gente común sienta que la Justicia la respalda, que las denuncias no caen en saco roto, que vale la pena hacerlas”.
Por último, manifiesta que “si todos luchamos pondremos a la Justicia en el lugar que corresponde, para que sea la garantía de la libertad y de los derechos de las personas” y enfatiza: “Si todos luchamos, sin duda, no habrá más Maritas Verón”.