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28 de septiembre de 2012

EN LlNIERS, PALERMO Y CABALLITO

Denuncian que el Gobierno nacional promueve operaciones inmobiliarias

El defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad y referentes de reconocidas ONG acusaron al Gobierno nacional de promover operaciones inmobiliarias en terrenos que pertenecieron al ex ferrocarril Sarmiento, ubicados en los barrios de Liniers, Palermo y Caballito.

 

Gustavo Desplats, de Proto Comuna Caballito, fue el primero en salir al cruce de las declaraciones de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, plasmadas después en el decreto 1723, que dispone que esas tierras públicas “deberán destinarse al desarrollo de proyectos integrales de urbanización y/o inmobiliarios”.

Sí al Parque, No a las torres K en Caballito

Así tituló Desplats un comunicado donde comienza diciendo que escuchó “las palabras de la presidente de los argentinos con asombro y desesperanza”.

A continuación denuncia que “el Estado nacional propone violar a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al Plan Urbano Ambiental de la Ciudad (Ley 2.930) y al Código de Planeamiento Urbano Porteño (Ley 449), promoviendo la utilización de los terrenos de la ex Playa de Cargas y Maniobras Caballito para la construcción de viviendas”. Y considera que “el Estado nacional se suma a los especuladores que en los últimos 10 años eligieron a nuestro barrio como su lugar preferido para la construcción especulativa”.

En el párrafo siguiente sostiene que “no es en Caballito donde hay que sumar vecinos” y precisa que hoy ese barrio “casi llega a los 30.000 habitantes por km2, duplicando el promedio de la ciudad, y sólo tiene 1,2 metros de espacios verdes por habitante cuando la ciudad, sumando a la Reserva Ecológica, araña los 4 m2 por habitante, lejos de los 10 recomendados por la OMS [Organización Mundial de la Salud] y que ostentan numerosas ciudades europeas y latinoamericanas”.

Especifica que se trata de “una de las zonas con más alto nivel de contaminación del aire, sonora y visual”, que “se encuentra al borde del colapso cloacal y de provisión de agua y con niveles de saturación en el tránsito y el transporte” y que “en sólo 6,8 km2 viven más de 180.000 personas, más o menos la población de una provincia chica”.

En ese sentido, ejemplifica: “Hace pocos días la Justicia paró un emprendimiento de 50.000 m2 a cuadras de la playa de cargas por falta de infraestructura de agua y cloacas (Torres Astor Caballito)”.

En su opinión, “el Ejecutivo nacional se intenta plegar al grupo de especuladores que concentró la mayoría de la construcción en un pequeño sector de la ciudad, olvidando a las zonas que más necesitan de la construcción” y sostiene: “Apilar gente sobre gente no es progreso”.

Por otra parte, estima que “el Corredor Verde del Oeste es fundamental para cerrar la herida del Sarmiento sobre la trama de la Ciudad y tiene 12 años de elaborado”, que “está listo para ser cumplido” y que “es fruto de años de trabajo interdisciplinario”.

Señala asimismo que “la Constitución de la Ciudad establece modalidades especiales de tratamiento para estos terrenos” en sus artículos 89 y 90, y que según el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, la mayor parte de ellos “deben de ser un parque público”.

Seguidamente recuerda: “Desde hace ya más de 20 años, diferentes organizaciones de la sociedad civil hemos luchado para el cumplimiento del llamado (a lo largo del tiempo) Parque de la Estación, Parque Caballito, Parque del Bicentenario, diferentes nombres para las 12/14 manzanas residuales de la ex Playa de Cargas y Maniobras Caballito del Ferrocarril Oeste”. Y subraya: “Dentro de este accionar, en el año 2005 promovimos una iniciativa popular donde logramos el apoyo de 14.000 vecinos con sus firmas”.

Informa además que actualmente se encuentra en estudio en la Legislatura de la Ciudad Autónoma una iniciativa del diputado Pablo Bergel (Proyecto Sur) que plantea “rezonificar estos terrenos de UF (Urbanización Futura), su actual zonificación en el Código de Planeamiento Porteño, a UP (Uso Público)”.

Destaca también que “numerosos estudios encarados por la Ciudad de Buenos Aires establecen que el uso parque es el necesario para estos terrenos en una de las zonas más densas y altas de la ciudad”.

Y enfatiza: “Es incomprensible que luego de luchar durante 10 años con los especuladores privados que destruyeron nuestro barrio, sea ahora la Nación Argentina la que siga sus pasos y amenace nuestra calidad de vida y la sustentabilidad de nuestra vida”.

Por último, advierte: “No lo dejaremos pasar. Lucharemos. Estaremos en la calle. Es el futuro de Caballito el que está en juego. Son nuestras familias. El futuro de nuestros hijos. No a las torres K. Sí al Parque”.

 

De Carlos Saúl Menem a CFK (la continuidad inmobiliaria)

Con este título, Osvaldo Guerrica Echevarría, de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y de Queremos Buenos Aires, dio a conocer un documento donde comienza por preguntarse, precisamente, “por qué sería CFK la continuadora de CSM”.

Y menciona seguidamente el “decreto CFK Nº 1723/12 por medio del cual el PE transferirá a una Sociedad Anónima las tierras públicas nacionales –dominio público del Estado Nacional– pertenecientes a tres ex playas ferroviarias: Palermo de 12 has, Liniers de 42 has y Caballito de 16 has”.

Observa que “estas tierras quedan así liberadas para emprendimientos inmobiliarios” y prevé que “tres o cuatro organismos nacionales, con la colaboración de la Sociedad Central de Arquitectos, se transformarán en el Gran Jurado Urbanizador, echando por la borda nada más ni nada menos que a la Constitución Nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires y toda la normativa urbana vigente en el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad”.

Y pone de manifiesto que “previamente (9/8/2012) se había dado a conocer el Decreto CFK Nº 1382/12, por el cual se transferían a una nueva Agencia de Administración de Bienes del Estado todas las tierras del dominio público del Estado (fundamentalmente las ferroviarias e isla Demarchi) pasando por encima, también, de toda la legislación vigente”. A su juicio, “este fue el paso previo necesario, dado para tener bajo control operativo directo esos bienes públicos”.

Hace notar a continuación que “todo esto que resulta tan novedoso para los recién llegados al tema, no es una novedad” y que “sólo resulta ser un salto cualitativo en las ‘políticas de Estado’ que se vienen desarrollando a través de diferentes administraciones nacionales y de la ciudad desde hace muchos años”.

Y concluye sin ambages: “Muchas ONG venimos llamando a esta política el saqueo de las tierras públicas”.

Se disfraza de política de vivienda una operación inmobiliaria sobre terrenos destinados al Corredor Verde del Oeste

No son menos contundentes estas expresiones, que el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Gerardo Gómez Coronado, eligió para titular las declaraciones que sobre el tema publicó en su web personal.  

En ellas, y con referencia a “las afirmaciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el destino de los predios lindantes al ferrocarril Sarmiento luego del soterramiento”, manifestó: “Lamentamos que el Gobierno nacional y el de la Ciudad sólo se pongan de acuerdo en promover operaciones inmobiliarias sobre el Corredor Verde del Oeste (CVO)”.

Se informa a continuación que “el CVO es una iniciativa que estipula la creación de espacios verdes sobre la totalidad de la traza que quedará luego del soterramiento, a fin de minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de los vecinos” y que “la Defensoría del Pueblo de la Ciudad emitió la resolución 20/12, por la que recomienda el cumplimiento de este proyecto que fuera incluido en los primeros borradores del Plan Urbano Ambiental”.

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