Vigía del culto por la vida

Falleció ayer en la clínica San Camilo del barrio porteño de Caballito, donde estaba internado, Julio César Strassera, fiscal del histórico Juicio a las Juntas. Tenía 81 años.

Aún resuenan los ecos de su voz profiriendo “nunca más”. Esas palabras que habían sido, merced a la magistral pluma de Edgar Poe, lamento de romántica desesperación, pasaron a ser, desde ese 18 de septiembre de treinta años atrás, clamor de cívico hartazgo, sintética y formidable advertencia popular.

El 11 de septiembre de 1985, Strassera comenzó la lectura de su acusación en ese juicio que constituye un hecho inédito en la historia del mundo y se inició en medio de amenazas de bombas. Uno de los jueces, Ricardo Gil Lavedra, recuerda que “la dictadura había terminado y había subido un gobierno civil, pero la estructura [militar] y los personajes, incluso los involucrados en estos crímenes gravísimos, conservaban muchísimo poder”.

Subraya en ese sentido que “estaban todos en actividad, seguían al mando de tropas, en los cuarteles y en las comisarías y en consecuencia, luego de un periodo tan negro y tan sangriento, no era fácil la posibilidad de llevarlos frente a un tribunal”, y señala que “el fiscal fue el que llevó el peso de la acción, ofreció la prueba y seleccionó los casos”.

A su vez, la referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Nora Cortiñas, observó que Strassera “tuvo el coraje de iniciar el juicio en momentos que eran muy difíciles”.

En esa acusación, a despecho de los horrores que describe, se manifiesta una firme voluntad de apostar a la vida. Así, en uno de los primeros párrafos, el fiscal habla de “condenar el uso de la violencia como instrumento político, venga ella de donde viniere, para desterrar la idea de que existen muertes buenas y muertes malas, según sea bueno o malo el que las cause o el que las sufra”.

Y agrega: “Si de este modo logramos sustituir aquel fanático ‘viva la muerte’ con que Millán Astray reivindicaba su perversa doctrina, por un ‘viva la vida’ en rescate de los valores éticos sobre los cuales esta Nación fue fundada, habremos de darnos por satisfechos”.

Expresa seguidamente que “la violencia como método de imponer dogmas políticos no es nueva” y que “los ejemplos, ya sean vernáculos o extraños, resultan ociosos”.

En cuanto al célebre alegato final, preciso es decir que en la versión que aparece en el archivo de documentos históricos de la Biblioteca Digital Escolar “construida por el Estado argentino”, según reza en la información correspondiente, insólitamente se han suprimido párrafos que sí constan en la transcripción taquigráfica.

Se trata de los siguientes:

“Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la Nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el período 1976/82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se les endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y, finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su conducta”.

“Por todo ello, finalmente este juicio, esta condena, son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata por supuesto de revivir viejos slogans, como aquel de que: ‘La sangre derramada no será negociada’, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando; se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida”.        

También se omite la parte en que el fiscal detalla las penas solicitadas para los procesados comandantes.

Una vez condenados estos, el presidente Raúl Alfonsín designó a Strassera embajador ante las oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, cargo al que renunció cuando Carlos Menem indultó a todos los militares procesados.

A partir de entonces, se consagró a la práctica privada de su profesión de abogado, sin dejar de participar en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).

En los últimos tiempos, había acusado al gobierno kirchnerista de apropiarse de esa noble causa para obtener réditos políticos.

“El partido hoy gobernante avalaba la ley de autoamnistía, se negó a formar parte de la Conadep; jamás se preocuparon por los derechos humanos Néstor KIrchner ni su mujer”, expresó en declaraciones radiales el ex fiscal, quien agregó: “Ahora vieron el negocio y están desesperados por los derechos humanos”.

Atribuyó esa actitud a “una forma de atraer votos y nada más” y refirió: “Yo tuve a la vista todos los hábeas corpus del país en ese momento porque los pedí como prueba; no hay uno solo firmado por Cristina Fernández de Kirchner, que se dice abogada, ni por Néstor Kirchner”.

A principios de este mes se sumó a la convocatoria a la marcha en homenaje a la memoria del fiscal Alberto Nisman. Fiel a su estilo, definió en pocas y descarnadas palabras la gravedad de la situación institucional: “Acá hay nada menos que un fiscal de la Nación que acusa a la presidente, a su canciller, a un legislador y a algún otro funcionario y ex funcionario, y a los dos días aparece muerto”.

Ya muy enfermo, no pudo participar de la movilización. Pero la multitud que el 18 F marchó bajo la lluvia coreó las palabras Nunca Más, vueltas consigna de rechazo a los presentes y futuros moradores del Séptimo Círculo que Julio César Strassera mencionó en su acusación, donde recordó que Dante lo reservaba “para los violentos, para todos aquellos que hicieran algún daño a los demás mediante la fuerza”.