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TRAS CARTÓN   La Paternal, Villa Mitre y aledaños
 29 de marzo de  2020
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Ya hay ley para enajenar inmuebles del Estado

Ya hay ley para enajenar inmuebles del Estado

En una de las habituales sesiones maratónicas próximas a los fines de año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó, con los votos de la mayoría oficialista y la negativa o la abstención de todos los demás bloques, una ley que establece un nuevo régimen para la disposición de los bienes inmuebles del Estado.

El proyecto correspondiente fue enviado por el reelecto jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y girado a la Comisión de  Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, donde se le hicieron modificaciones con las que llegó al recinto.

Se trata de un texto extenso (consta de 51 artículos) que especifica en el segundo de ellos que “las disposiciones de la presente ley son de aplicación en todo el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformado por la administración central, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las Comunas; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.

En el artículo siguiente establece que “los principios generales a los que deben ajustarse los procedimientos tendientes a la disposición de bienes inmuebles de dominio de la Ciudad” son los de libre competencia, de concurrencia e igualdad, de legalidad, de publicidad y difusión, de razonabilidad, de transparencia, de eficiencia y eficacia, de economía y de la vía electrónica.

Dispone a continuación que “la repartición enajenante podrá establecer los términos, condiciones y procedimientos que regirán, en cada caso, la disposición de bienes inmuebles”, aclarando que “la repartición enajenante será la que resulte de las competencias atribuidas por la Ley de Ministerios y su reglamentación”.

Establece más adelante que “la selección del adquirente para la disposición de bienes inmuebles se realizará mediante el procedimiento que establezca la repartición enajenante, pudiendo optar entre subasta pública, licitación pública,  concurso público, disposición directa y venta con prioridad de compra”, precisando que “por regla general, el procedimiento aplicable será el de subasta pública”.

El debate

Abrió el debate la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la oficialista Paula Villalba, quien consideró que en “una materia que es específica, como es la disposición de bienes inmuebles, la experiencia ha puesto en evidencia que dicho procedimiento resulta insuficiente”, que “es necesario adaptarse a la dinámica actual para llevar adelante una gestión eficaz” y que “a tal fin se requiere avanzar en una regulación independiente de los bienes inmuebles de la ciudad”.

En momentos en que enumeraba “los lineamientos básicos a observar en los procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio de la ciudad”, se vio interrumpida por gritos y otras manifestaciones de desaprobación por parte del público.  

Sin embargo, alzó la voz y siguió con su discurso, entre pedidos de silencio a la barra formulados por Roy Cortina, que presidía la sesión.

En los últimos tramos, Villalba enfatizó que “la autorización a la disposición de inmuebles le corresponde como siempre a la Legislatura, y es importante destacar que la misma siempre se ha otorgado para transformar inmuebles subutilizados o desocupados en obras públicas para uso y goce de todos los vecinos, buscando siempre el mayor beneficio para la ciudad”.

Estos conceptos provocaron nuevos gritos. La legisladora concluyó afirmando que el proyecto de ley que se trataba “coloca una vez más a la Ciudad de Buenos Aires en la vanguardia, con una nueva herramienta para la disposición de bienes inmuebles de su propiedad acorde a la dinámica que exige una gestión eficiente, moderna y transparente, cuidando los recursos de los porteños”.

A continuación, Gabriel Solano (PO), recordó que ya “se remataron propiedades muy valiosas”, y que “cuando se remataba este patrimonio público de la Ciudad se lo justificaba en nombre de que lo recaudado iba a ser utilizado en función de determinados proyectos, por ejemplo, ‘vendemos tal edificio [y lo recaudado] va a ir a urbanizar la villa 31’”.

Se preguntó “qué es lo que tenemos después, como balance de doce años de gobierno de Pro, donde se vendieron más de 400 hectáreas”, para responderse que “se ha rematado el patrimonio público y las villas no han sido urbanizadas”, y afirmó que “invocar finalidades positivas para llevar adelante una enajenación negativa ha sido un viejo cuento que no queremos volver a escuchar”.

Explicó que lo que “tiene de peculiar este proyecto que lo hace más negativo de lo que ha ocurrido hasta el momento” es que “se pretende ahora sortear los límites que la Legislatura presentaba para la enajenación del patrimonio público”, y subrayó que “estamos frente a un proyecto que es claramente inconstitucional, porque ahora cualquier dependencia del Estado va a poder avanzar en la venta de patrimonio público sin necesidad de una ley especial con la mayoría de los dos tercios, de la audiencia pública y de la doble lectura”,

Seguidamente, Marta Martínez (AyL) anunció que en su intervención iba a “usar uno de los términos que utiliza el mismo proyecto” que es “uno de sus principios, el de la razonabilidad, que usa este régimen para la disposición de bienes de la Ciudad”.

Después de señalar que “en realidad son bienes inmuebles del pueblo de la Ciudad, y sin embargo es el Gobierno de la Ciudad quien decide qué bienes inmuebles deben enajenarse”, se preguntó si “es razonable vender terrenos públicos para pagar deuda externa solicitada por el gobierno para construir el Paseo del Bajo, un formidable negocio para los amigos del macrismo”, si “es razonable que se hayan enajenado más de 85.000 metros cuadrados comercializados entre 2017 y 2018 en zonas con el mayor potencial para desarrollos inmobiliarios”, si “es razonable que a espaldas de la población se hayan traspasado más de 12 canchas de River a manos privadas, un desmantelamiento de la propiedad pública que ha sido enajenada sin consultar a los reales propietarios, que son el pueblo de la Ciudad”.  

Se preguntó también si “es razonable que se decidan enajenar inmuebles mientras en la última década en la Ciudad de Buenos Aires crecieron en un 30% las personas que alquilan y se incrementaron además 85% las personas que viven en villas” y que “mientras se hacen leyes para establecer los procedimientos para enajenar inmuebles públicos el presupuesto en vivienda se ve disminuido, hay una expulsión de la población más precarizada de las villas y se generan las condiciones para que unas pocas manos se hagan de lo que es del pueblo”.  

A su turno, Paula Penacca (UC), empezó por referirse a “alguno de los aspectos de forma, y no tan de forma, que no nos permiten bajo ningún concepto acompañar la aprobación de esta norma”, y que “uno de esos aspectos tiene que ver con esta urgencia, con este apresuramiento, que parecería ser un intento de aprovechar y exprimir al máximo esta mayoría automática de 40 votos que reúne hoy este cuerpo legislativo a favor del oficialismo, que además ha convertido en estos últimos cuatro años a esta Legislatura en la inmobiliaria de Rodríguez Larreta”.

Sostuvo en ese sentido que “el gobierno de Macri primero y el de Larreta después convirtieron la venta de tierra pública para los negocios inmobiliarios en una política de Estado de este oficialismo”.  

Terminó pronunciándose en contra de “un proyecto que lo que genera es una profundización de la discrecionalidad que en general ha ido en el sentido de beneficiar el negocio inmobiliario por sobre los intereses de la población de la Ciudad”.

Por su parte, Sergio Abrevaya (Gen) anunció su abstención, que fundamentó en que “la posibilidad de una ley que le dé procedimiento a la venta de bienes inmuebles es correcta, necesitamos una buena ley que la regule”, pero observó: “Entra el 8, el 15 la despachamos y la estamos votando hoy”.  

Y añadió: “Esta es una ley de procedimiento que ni siquiera existía; no la estamos reformando, la estamos tratando por primera vez, necesita más tiempo; necesitamos esta ley, pero de otra manera”.

Hablaron también Inés Gorbea (Ev), Laura Marrone (IS) y María Rosa Muiños (BC).

Finalmente, el proyecto fue aprobado con 33 votos a favor del bloque VJ, 13 en contra de UC, BP y la izquierda y 9 abstenciones de GEN, PS, MC y Ev.

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