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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 20 de febrero de  2018
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Crisis que genera incógnitas

Crisis que genera incógnitas

Prosigue la crisis que tuvo sus puntos más altos en la suspensión y posterior detención del jefe de la recientemente creada Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar.

La suspensión fue dispuesta en forma preventiva por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a través del decreto 139/17, por estar Potocar involucrado en una causa que investiga el juzgado de Ricardo Farías, con intervención del fiscal José María Campagnoli.

Todo empezó el año pasado, cuando un efectivo de la Seccional 35 de la Policía Federal, con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra y a cuyo frente estaba el comisario Norberto Villarreal, denunció que en esa dependencia funcionaba una organización dedicada a recaudar dinero, periódica y sistemáticamente, por parte de comerciantes y cuidacoches (“trapitos”) a cambio, respectivamente, de “seguridad privilegiada” y “protección”.

Se denunció también que parte de esa recaudación se derivaba a organismos superiores de la Policía Federal, como la Circunscripción VII y la Dirección General de Comisarías, entonces a cargo de Susana Aveni y de Potocar, respectivamente.

En la oportunidad, Campagnoli pidió la detención de Villarreal, a lo que Farías hizo lugar, pero el sospechoso aún está prófugo.

De todos modos, ya hay varios jefes, oficiales y suboficiales procesados con prisión preventiva en esta causa. De entre ellos se destaca Susana Aveni, quien al momento de los hechos era la superior directa de Villarreal.

Previamente, la mujer había sido titular de la Comisaría 47 del barrio de Villa del Parque, en la Comuna 11, donde supo cultivar excelentes relaciones con organizaciones y fuerzas vivas locales que solían elogiarla, homenajearla y ponerla como ejemplo.

Sin embargo, a principios de este mes la funcionaria policial fue procesada como jefa u organizadora de la asociación ilícita que funcionaba en la Comisaría 35, y permanece detenida, puesto que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña confirmó el rechazo de la excarcelación por considerar que, en caso de otorgársela, Aveni podría eludir la justicia o “entorpecer la investigación, procurando amedrentar testigos”.

Así las cosas, el martes último también quedó detenido Potocar, imputado por el juez Farías de los delitos de cohecho y asociación ilícita en calidad de jefe; el magistrado hizo lugar así al pedido formulado el día anterior por Campagnoli, y Potocar quedó alojado en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional.

Rápidamente, la defensa presentó un recurso de excarcelación que fue rechazado por el juez, quien manifestó en su resolución que “se debe tener en consideración, las singulares características del hecho investigado y los resultados que arrojaron los allanamientos y las demás medidas ordenadas, aunado a los reiterados pedidos que realizó el señor Fiscal en relación a la solicitud de detención”.

Y agregó: “Todo lleva a considerar en la hipótesis que de declararse su culpabilidad, la pena a imponerse debería ser de efectivo cumplimiento, lo que me lleva a presumir que el nombrado intentaría eludir el accionar de la justicia, o entorpecería la investigación".

Cabe mencionar que durante el allanamiento de la Comisaría 35 ordenado por Farías se encontró un cuaderno con anotaciones hechas a mano donde pueden leerse, entre muchas otras cosas, la palabra “Gorda” y las siglas DGC, seguidas de sendas cifras. Para los investigadores, se trataría de un registro de distribución de dinero mal habido, donde la mencionada palabra correspondería al apodo de Susana Aveni y las siglas a la Dirección General de Comisarías, a cuyo frente, como se dijo, estaba Potocar.

“En esto corresponde ser absolutamente claro: el hallazgo de este documento ilustra a la perfección cómo los provechos económicos de esta actividad criminal llegaban a manos de las más altas esferas de la -hoy- Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Irónicamente, los destinatarios finales de esta cadena de corrupción eran quienes debían velar por el control y cumplimiento de los deberes de quienes fueron confiados con la enorme responsabilidad de proteger a la gran cantidad de personas que habitualmente transita esta urbe”, manifestó Campagnoli en el dictamen donde pidió indagar y detener a Potocar.

En las últimas horas, la defensa del detenido ex jefe policial hizo circular la reproducción de una hoja del cuaderno de marras, donde aparece el nombre José Campagnoli. En distintas declaraciones periodísticas, el fiscal aseguró que el mencionado no es él sino el legislador José Cruz Campagnoli (FpV), quien a su vez dijo que se había comunicado con personal de la Comisaría 35 para pedir seguridad para un festival que en febrero último organizó su partido en febrero en Puente Saavedra, y consideró que la explicación de Campagnoli podría ser cierta.

Por su parte, el jefe de Gobierno respaldó a Potocar, aunque aclaró que acompañaba y apoyaba la investigación judicial. “Hay una investigación en marcha y nos enteramos de que estaba mencionado: decidí separarlo del cargo, más allá de que él tiene, obviamente, el derecho del principio de inocencia”, expresó Rodríguez Larreta a un canal de noticias.

Y prosiguió: “Nosotros acompañamos y apoyamos a muerte la investigación y ponemos toda la información a disposición, pero también prima el derecho de inocencia en la Argentina, con lo cual, hasta que no se demuestre lo contrario él es inocente; la Justicia lo determinará, y ojalá que lo haga rápido”.

El desempeño de Potocar mereció la siguiente opinión del jefe de Gobierno: “”Había demostrado ser un muy buen profesional, con una carrera intachable; de hecho, cuando lo nombré, no hubo ni un solo comentario, ni de los más extremos opositores, en contra de él, de su nombramiento ni de su carrera; pero que la Justicia investigue”.

Finalmente, aseguró: “No nos van a frenar; estamos convencidos del cambio que estamos llevando adelante, estamos haciendo lo que dijimos en campaña que íbamos a hacer y nadie se puede sorprender”.

En este contexto, distintos bloques presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma un pedido de citación al ministro de Seguridad, Martín Ocampo, para que dé las correspondientes explicaciones sobre estos hechos en la Comisión de Seguridad de ese cuerpo colegiado, lo que fue rechazado por el PRO y la CC-ARI. A su vez, el legislador Marcelo Ramal (FIT) presentó un proyecto de resolución para interpelar al ministro.

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