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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 23 de junio de  2018
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Tarifas de agua y gas, sin Ingresos Brutos

Tarifas de agua y gas, sin Ingresos Brutos

En su sesión de ayer, la Legislatura de la Ciudad Autónoma sancionó la ley que exime del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) y Metrogás S.A. hasta finalizar el ejercicio fiscal correspondiente a  este año.  

El proyecto correspondiente, de autoría del Ejecutivo local, fue enviado por su titular, Horacio Rodríguez Larreta, el 26 de abril último y girado para su tratamiento a la Comisión de Presupuesto, donde diez días después obtuvo dictamen favorable.

En su artículo primero, la nueva ley precisa que “esta exención no alcanza a las actividades financieras y los servicios de financiación, así como a otras actividades no relacionadas con la prestación de los servicios públicos” que realicen las nombradas empresas.

En cuanto al artículo segundo, establece que “la presente exención solo será procedente, si dicha liberalidad impacta directamente en las tarifas cobradas a los usuarios”.

Por lo que hace a los fundamentos, se expresa en ellos que “el colapso energético no es un relato, cada vecino lo vivió en carne propia: barrios enteros sin luz por largos días, la inseguridad que ello conlleva, gente atrapada en sus departamentos, comida que había que tirar porque se pudría en las heladeras, comercios que perdían toda su mercadería y hospitales que para brindar servicios debían recurrir a generadores”.

En ese sentido, se enfatiza que “relato fue que los servicios públicos eran casi gratis, cuando se pagaba el costo real de destruir nuestro sistema energético, de pasar de ser exportadores a tener que importar en un año más de ocho mil millones de dólares, habiendo perdido la posibilidad de contar con esos recursos para invertir en la estructura necesaria”.

Se afirma, por otra parte, que “las tarifas están aumentando de manera gradual para morigerar el impacto, en la Ciudad de Buenos Aires hay 300 mil hogares que tienen la tarifa social”, y se concede: “No obstante ello, sabemos del esfuerzo que está realizando cada vecino y lo sabemos porque estamos cerca de ellos y los escuchamos”.

Asimismo, se puntualiza que “la Ciudad es la jurisdicción del país que menor carga tributaria tiene en las boletas de servicios públicos”, que “ha decidido realizar un esfuerzo fiscal para alivianar el de sus vecinos" y que se propicia que la exención tenga vigencia “hasta el final del año, ya que a partir del período 2019 comienza una fuerte reducción de alícuotas en varias actividades económicas y en particular, en las relacionadas a las de los servicios públicos, conforme al consenso fiscal firmado por la Ciudad".

Se anuncia también que “se ofrecerán gratuitamente lámparas led a todos los hogares de la Ciudad, lo que conlleva un ahorro de hasta un 14% en las boletas de luz”, especificando que “este esfuerzo de la Ciudad de las medidas tiene un costo fiscal de $1.500 millones que va a ser financiado postergando alguna obra”.

Estos últimos conceptos motivaron que, en la reunión de Comisión, el legislador Juan Nosiglia (SUMA+) solicitara a la presidenta Paula Villalba el listado de las obras que se postergarían.

Cabe destacar que se presentaron al respecto otros proyectos, como el que suscribieron conjuntamente el Bloque Peronista y el Gen, que planteaba eximir de ingresos brutos a los usuarios residenciales y a las pequeñas y medianas empresas en las facturas de servicios públicos. También presentaron sendas iniciativas Unidad Ciudadana y el Frente de Izquierda.

Finalmente, la Comisión aprobó un despacho de mayoría basado en el proyecto del Ejecutivo, que fue llevado al recinto, en tanto que el legislador Gabriel Solano (FIT) presentó una observación para enviar el expediente al archivo.

El debate                                                                  

Como miembro informante del oficialismo, abrió el debate  Paula Villalba quien dijo, entre muchas otras cosas, que “este es un proyecto para tratar de ayudar a los porteños con las boletas y esta suba en los servicios”, que lo que se busca es “reducir el impacto del aumento de las tarifas del agua y del gas en los vecinos” y que la iniciativa “es una forma de alivianar los gastos en los bolsillos de los contribuyentes, porque la reducción de ingresos brutos se va a reflejar directamente en las facturas del mes próximo”.

A propósito de la crisis energética, consideró que “hay formas más fáciles de encarar el problema heredado”, como “negarlo, esconder la cabeza como el avestruz, patearlo para adelante para que lo resuelva el próximo, o ponerse los pantalones largos, hacer los esfuerzos que sean necesarios y gobernar pensando en las próximas generaciones”.

Después, su compañero de bancada Claudio Romero relató: “Llegamos acá porque tenemos un déficit fiscal que arrastramos hace 105 años, nada más ni nada menos, y en este siglo los únicos dos años que no hubo déficit fiscal fueron cuando proclamamos el default y cuando devaluamos la moneda el 300%”.

Refirió que “el gasto público, del 25% del PBI en 2001, pasó al 45% a fines del 2015” y destacó: “Ese desastre financiero es el que encontramos cuando vinimos a gobernar este país. Recibimos un agujero fiscal corriente de 12 puntos del PBI, y era un desafío extraordinario poder cubrir esto sin caer en la emisión descontrolada de moneda, que es lo que genera alta inflación y, por lo tanto, es la máquina de generar pobreza. Nosotros vinimos aquí para sincerar la economía porque los argentinos en 2015 decidimos cambiar y en 2017 lo reafirmamos”.

Y agregó: “Nosotros no implementamos las políticas de shock sugeridas, implementamos el gradualismo porque sabemos que la sociedad argentina no resiste un shock; elegimos no ir al default ni emitir moneda en forma descontrolada y sí preservar los fondos que están en el Banco Central”.

A su turno, Solano comenzó diciendo que “en la Argentina solo se habla del pacto con el FMI que el gobierno pidió de manera improvisada, mandando de urgencia al ministro [de Hacienda, Nicolás] Dujovne a Estados Unidos”, de “hasta dónde va a llegar el precio del dólar y cómo esto va a impactar finalmente en el precio de los alimentos y en la inflación en general” y de “qué va a pasar el próximo martes, cuando vencen 660 mil millones de pesos de Lebac que al cambio actual representan el 60% de las reservas del Banco Central”, pero que “nada de esto dijo la diputada informante”.

En consecuencia, manifestó: “Cuando uno ve que una diputada, que por algo su bloque la eligió para presidir la Comisión [de Presupuesto], omite lo único que se discute en Argentina y nos vienen a proponer que la solución es bajar veinte pesos de la tarifa de gas o de agua, no solamente tenemos una crisis económica y política, sino que quienes tienen que timonearla están totalmente perdidos y desmoralizados”.

Sostuvo que “tenemos un gobierno de CEOS, cuyos miembros más importantes hicieron su riqueza personal especulando en las bolsas internacionales y ahora están sufriendo, como se dice habitualmente, una aplicación de su propia medicina”, porque “les están haciendo lo que ellos hicieron siempre para ganar mucha guita”.  

En otro orden, recordó que “en 2001, [el actual presidente del Banco Central, Federico] Sturzenegger, cuando era miembro del gabinete de [el entonces ministro de Economía, Domingo] Cavallo como secretario de Política Económica, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para firmar un blindaje” que “sabemos cómo terminó”.  

Explicó que “el FMI le dio guita al gobierno de Sturzenegger, Cavallo y [el ex presidente Fernando] de la Rúa hasta noviembre para asegurar la fuga de todos los capitales, y cuando todos se fugaron el país fue rematado”, pronosticó que “ahora le van a dar guita para asegurar que todos los que invirtieron en Lebac se la puedan llevar, y luego van a rematar el país” y espetó: “Y ustedes me vienen con el verso de ingresos brutos a la tarifa de agua, ¿no les da vergüenza?”

Por último, anticipó su voto “en contra de este proyecto, para repudiar esta farsa y el pacto con el FMI, que todavía no sabemos si  lo van a poder cerrar y en qué condiciones lo van a hacer” y “en contra del ajuste que están preparando contra el pueblo argentino y ya están llevando adelante con despidos, rebajas salariales y  paritarias a la baja”.  

Por su lado, Myriam Bregman (PTS) consideró que “estamos en  medio de una crisis, por ahora económica pero, como todos sabemos, va a tener consecuencias inmediatas en otros ámbitos como el social”, se preguntó cuál es el país “donde las recetas del Fondo Monetario Internacional fueron exitosas” y aseguró que “la vuelta al FMI es la peor noticia que puede recibir el pueblo trabajador”.    

Se remontó después a diciembre de 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner canceló la deuda total de nuestro país con ese organismo internacional, y estimó “muy trágico que se le haya pagado pesito por pesito al FMI, porque se hizo en época de bonanza pero legitimó el pago de una deuda  escandalosamente fraudulenta y usuraria, que incluso la justicia argentina había cuestionado”.

Finalmente, observó que “no parece que sea serio que nos devuelvan 4, 5 o 6 pesos, que nos hacen acordar de aquella película de las tres empanadas, cuando nos están robando miles”.

A su vez, Marcelo Depierro (Mejor Ciudad), detalló: “En una factura de 500 pesos, en el caso del gas la baja de ingresos brutos que estamos votando hoy representa aproximadamente 17 o 18 pesos, y en la de agua es imposible saberlo porque ni siquiera está discriminado el cargo”.

Concedió que “es una rebaja que a la gente la ayuda, uno cargará medio litro más de nafta, otro hará dos viajes en el subte”, pero determinó que “no es una cuestión de plata, es una cuestión de que otra vez estamos poniendo en manos de las empresas la baja de un impuesto sin contraponerles, aunque sea, el cargo de que figure en la factura”.

Señaló seguidamente que “por otro lado, estamos pagando una contraprestación altísima, la Ciudad va a dejar de invertir en los siete meses que quedan del año 1.500 millones de pesos”.  

Mencionó los distintos aniversarios que suele celebrar la Legislatura, dijo que no se imaginaba “a nadie, dentro de cincuenta años, conmemorando una ley para bajar 18 pesos de ingresos brutos durante siete meses” y vaticinó en cambio que “dentro de cincuenta años nos van a juzgar a todos por la valentía que hayamos tenido para enfrentar una situación de crisis como la que estamos viviendo”.  

Acerca del proyecto de marras, remarcó que “estas cosas no sirven, estamos comprando dos centímetros en el diario de mañana para que diga que la Ciudad votó una rebaja y después nadie pueda saber realmente si esa rebaja se hizo o si la empresa se quedó con estos 1.500 millones”.   

Y exhortó: “Empecemos a plantearnos qué discusión es la que tendríamos que estar dando ahora en vez de esta baja de tarifas totalmente intrascendente y que dentro de tres meses ninguno de nosotros, ni el gobierno, ni el usuario van a poder saber en cuánto impactó en su bolsillo”.

Por último, anticipó: “Voy a votar a favor sabiendo que estoy votando nada, que es una cuestión discursiva que mañana va a salir en los diarios y se va a terminar ahí”.

Por su parte, Mariano Recalde (Unidad Ciudadana) dijo que  “proponen paliar el tarifazo más salvaje de la historia con una quita de impuestos del 4%” y que “más que un proyecto de Mauricio Macri, este es un proyecto de Durán Barba”.

Asimismo, contó: “En 2015 se cansaron de prometer que no iba a haber tarifazos, que era una campaña del miedo nuestra, y nosotros decíamos que para aplicar la política que ellos quieren aplicar de quitar las retenciones, quitar el impuesto a las ganancias -que después no lo quitaron-, quitarles impuestos a los ricos, como el impuesto a los bienes personales, y endeudar al país y llevar gran parte del presupuesto a pagar intereses, iban a tener que aplicar tarifazos y quitarles los subsidios a la gente para dárselos a los grandes, a los poderosos”.

Opinó que todo eso “efectivamente ocurrió y sigue ocurriendo, porque en 2017 volvieron a prometer que no iba a haber tarifazos y están los registros mediáticos para corroborarlo, y otra vez estamos discutiendo tarifazos” que, a su juicio, “son los más feroces que se conocen en la historia argentina”.

En uso del micrófono, Nosiglia enunció que “la exención en ingresos brutos a las tarifas de gas y agua es un beneficio que solamente impactará en un 4% en las boletas, porcentaje poco significativo pero que es bienvenido en el contexto de la situación económica actual”.

Recordó que “la decisión tendrá un costo fiscal de 1.500 millones de pesos, que el proyecto dice que se financiará posponiendo obras”, y protestó por la falta de respuestas a su pedido de “especificaciones para saber cuáles son las obras que serán postergadas”.

Al respecto, remarcó: “Entre tantos gastos innecesarios que el Ejecutivo hace y nosotros denunciamos, queremos decirle al oficialismo que no vamos a convalidar que está decisión postergue las obras de infraestructura escolar, hospitalaria o las de urbanización en Villa 20, Fraga y Rodrigo Bueno”.

Asimismo, reclamó “conocer a quiénes se les distribuirán cinco millones de lámparas led, con qué criterio y a qué costo” y propuso prorrogar la exención por un año más, revisar la contribución que pagan las compañías eléctricas y modificar las leyes de revalúo y actualización del ABL.

Terminó por anticipar el voto positivo de su bloque, no sin antes advertir que “el Gobierno de la Ciudad debería hacer un esfuerzo fiscal más importante, a la altura del que le pide a los vecinos “.

En la oportunidad hablaron también Claudio Cingolani y Agustín Forchieri (VJ); Fernando Vilardo (AyL), Patricio del Corro (PTS), Sergio Abrevaya (Gen), Roy Cortina (PS) y María Rosa Muiños (BP).  

Finalmente, el proyecto fue aprobado por 52 votos a favor, con  3 en contra (FIT y AyL) y 2 abstenciones (PTS).

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