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 20 de octubre de  2017
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Rechazo de inmobiliarias a la nueva ley

Rechazo de inmobiliarias a la nueva ley

El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires Ley 2340 (CUCICBA), que agrupa a los matriculados en esa actividad, manifestó su oposición a la Ley N° 5359, conocida como nueva ley de alquileres, y cabe esperar que inicie acciones judiciales.

En efecto: un día después de la sanción de la norma, esa organización anunció en su página web: “Nuestra institución instrumentará todos los recursos constitucionales y legales para defender nuestros derechos profesionales”.

Anotició, además: “Mientras la nueva ley no esté vigente continuaremos con la operatoria actual. Nuestro Colegio está trabajando con los mejores recursos personales y profesionales para la defensa de sus matriculados”.

Por otra parte, informó que “el mismo día que se tomó conocimiento” del proyecto correspondiente, lo que ocurrió, precisó, el 21 de julio último, “se solicitó en forma urgente audiencia con el jefe de Gobierno porteño, [Horacio] Rodríguez Larreta, luego con el vice jefe, [Diego] Santilli y luego con el jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Felipe Miguel”.

A partir de esa fecha, el Colegio desarrolló una serie de actividades que incluyeron la convocatoria a una reunión “a todos los actores del sector para tratar el tema”, consultas con los abogados asesores y reuniones con funcionarios y legisladores.

Comunicado y solicitada

En ese contexto, se destacó un comunicado de prensa que con el título “Alquileres. Maldita regulación”, dio a conocer el 9 de agosto, donde se resalta que “el Gobierno de la Ciudad deja de lado la convicción de los beneficios de la oferta y la demanda” y que la ley “parece ser beneficiosa para un sector, pero perjudica a Inquilinos, propietarios e inmobiliarias”.

El documento expresa después, entre otras cosas, que “la intervención en mercados regulados libremente por la oferta y la demanda no garantiza mejorar los precios, sino que, por el contrario, los encarece”.

Se afirma también que “la sobrecarga en un solo sector de la actividad hará que el valor de los alquileres se incremente” y que “la falta de credibilidad que genera el cambio de condiciones en un marco regulatorio claro y transparente hace que no se confíe y que por lo tanto se sacan propiedades de la oferta, se desestimula la inversión en construcción para alquilar” y “se sube el valor promedio del alquiler”.

Por otro lado, el texto pronostica que “las pequeñas inmobiliarias que operan en el mercado de alquileres no podrán continuar con su actividad, generando mano de obra desocupada”.

El 22 de agosto, la antevíspera del tratamiento y sanción de la ley, el Colegio publicó en La Nación y Clarín una solicitada dirigida al jefe de Gobierno, donde le advierte que “está a punto de firmar un proyecto de ley que viola la ley, persigue a una profesión y aumentará el precio de los alquileres”.

Seguidamente, predice que la nueva norma, a la que califica de “injusta y arbitraria”, tendrá como consecuencia “el cierre de inmobiliarias con su afectación a sus empleados y familiares” y “el incremento del alquiler, por cuanto los propietarios, que deberán abonar íntegramente el costo de la intermediación, ya han manifestado que lo trasladarán al precio”.

Previene además que “el efecto que se producirá será exactamente opuesto al proclamado”, pues “disminuirá la oferta de inmuebles para vivienda y la que subsista, se encarecerá”.

En otro tramo del texto se destaca que “no se buscaron soluciones reales” y que “se persigue a una profesión”, y se consigna: “No se consultó a quienes conocemos el mercado inmobiliario y operamos profesionalmente en él”.

Por último, el Colegio dice que tiene “propuestas (ya presentadas en la Legislatura) que pueden ser más beneficiosas y que no perjudican a ninguna de las partes involucradas” y que reitera “la solicitud de audiencia para resolver esta situación”.

En la Legislatura

En otro orden, y uniendo la acción a la palabra, el día del tratamiento de la ley en el recinto de sesiones, representantes y trabajadores de inmobiliarias concurrieron a la Legislatura: mientras unos formulaban declaraciones a los medios de prensa, los otros asistieron al debate desde las gradas, donde varias veces interrumpieron con gritos y cánticos las intervenciones de los oradores. Según algunas versiones, también estuvo en el Palacio Legislativo el presidente del Colegio Profesional, Héctor D’Odorico.

Durante el debate, y como informamos oportunamente, el legislador Adrián Camps inició su alocución recordando que “en enero del año 2016, el Colegio de Corredores Inmobiliarios dispuso unilateralmente que las comisiones que pagarán los inquilinos por los contratos de locación, que hasta ese momento era de un mes, pasarán a ser hasta de dos meses”. Se refería a la Resolución N° 350, emitida por CUCICBA el 27 de enero de 2016.

“Ellos argumentaban”, continuó, “que el nuevo Código Civil dejaba sin efecto la Ley 2340 de la Ciudad de Buenos Aires, por la cual se fijaba que la comisión era del 4,15% del total del contrato, equivalente a un mes aproximadamente”.

Agregó que “también argumentaban que por el cepo se había congelado la compra y venta de propiedades, lo cual significaba una crisis para las inmobiliarias” y “por lo tanto, de esta manera obtenían mayores ingresos y podían sostener a sus trabajadores”.

Camps consideró que ese argumento “era complejo, porque los mayores costos los pagaban los inquilinos, que era un sector que también estaba sufriendo los problemas del ajuste y quienes debían juntar cuatro o cinco meses para acceder a una vivienda”.

En la Justicia

Así las cosas, en marzo de ese año la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto con Gervasio Muñoz, referente de la asociación civil Inquilinos Agrupados, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad como tercero interesado, promovió un recurso de amparo contra la referida Resolución N° 350 y solicitó su nulidad.

La causa recayó en el Juzgado N° 17 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, cuyo titular, Marcelo Según, dictó el 6 de mayo una medida cautelar que suspendió la aplicación de la resolución de marras, y el 30 de agosto emitió sentencia sobre la cuestión de fondo, declarando la nulidad de aquella.

Y el 14 de octubre, ese magistrado impuso al CUCICBA una multa por $150.000 al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios por no controlar a las inmobiliarias que continuaban percibiendo comisiones por montos superiores al 4,15%.

El Colegio apeló la sentencia en primera instancia, pero en la última semana de 2016 la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, con el voto unánime de sus integrantes Mariana Díaz, Fabiana Schiffrin y Fernando Juan Lima, desestimó esa apelación y confirmó la nulidad de la resolución N° 350.

Frente a ese estado de cosas, el CUCICBA interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara, aduciendo que “violó el derecho de defensa y los derechos de los corredores a percibir una justa retribución y a trabajar libremente, e incurrió en una errónea aplicación de la normativa que rige el caso”.

El 5 de junio último, la Sala I en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en fallo suscripto por los jueces Mariana Díaz y Carlos Balbín, manifestó que “el pronunciamiento cuestionado se encuentra comprendido entre los supuestos que habilitan la intervención del Tribunal Superior” y que “en consecuencia, corresponde conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto”.

Empero, “el hecho de que el Tribunal esté revisando el caso no obsta a que esté vigente la medida cautelar que impide a todas las inmobiliarias cobrar más del 4,15%”.

Así lo aclaró Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, quien, en declaraciones a la agencia oficial Télam, destacó que “es importante llevar tranquilidad a todos los inquilinos de que ese tope está vigente por orden judicial y ninguna inmobiliaria lo puede violar".

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