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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 17 de noviembre de  2018
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Nuevo fallo a favor de los medios vecinales

Nuevo fallo a favor de los medios vecinales

El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 de la Ciudad, Guillermo Scheibler, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los responsables de distintos medios vecinales y ordenó la suspensión de los efectos de la resolución 813/18 dictada por la Subsecretaría de Comunicación Social del Ejecutivo local, hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme. Así lo informó el sitio web iJudicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

El fallo constituye un nuevo y positivo hito en la lucha judicial que han emprendido los medios vecinales para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución de marras, que ha reducido en los hechos en alrededor de un 20% el monto de la pauta publicitaria correspondiente a esos medios.

Un breve flashback
Como informamos oportunamente, la batalla tribunalicia empezó cuando los titulares de 58 publicaciones inscriptas en el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social, con el patrocinio del abogado Jonatan Baldiviezo, iniciaron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad.

Señalaron en su presentación que la resolución cuestionada establece un nuevo método para la selección del valor de referencia de la pauta publicitaria que viola lo dispuesto en la Ley N° 2.587 y su decreto reglamentario N° 933/2009, puesto que contradice el sistema allí fijado.  

Adujeron asimismo, entre muchas otras cosas, que la Ley garantiza a los medios vecinales certeza y previsibilidad, elimina la discrecionalidad del Gobierno de la Ciudad y los protege de grandes fluctuaciones en el monto de la pauta, pero que la resolución de marras destruye todos esos derechos, además de vulnerar los derechos culturales reconocidos en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad.

La causa recayó en el Juzgado N° 11, cuya titular, Paola Cabezas Cescato, como también informamos, dictó sentencia rechazando in limine la acción de amparo.

La magistrada afirmó en su fallo que el hecho de que se haya establecido otro parámetro para fijar el monto correspondiente a la pauta publicitaria que deben percibir los medios vecinales no demuestra, ni siquiera sumariamente, la urgencia que justifica la vía del amparo.

Así las cosas, los amparistas interpusieron un recurso de apelación que recayó en la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, cuyos integrantes, Fabiana Schabrik de Núñez, Mariana Díaz y Carlos Balbín, resolvieron, en fallo unánime, revocar la sentencia de primera instancia y “remitir los autos a la Secretaría General a efectos de que, por medio del pertinente sorteo, se asigne nueva radicación a las actuaciones para que continúen su trámite”.

Los jueces remarcaron que “la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”.

Fundamentos del nuevo fallo
En virtud del sorteo dispuesto por la Cámara, las actuaciones quedaron radicadas en el Juzgado de Scheibler, quien expresó en su fallo que “parecería surgir de los propios considerandos de la resolución cuestionada que la variación en la forma de cálculo (…) perseguiría un fin de ‘equilibrio financiero’” y que “para ello adopta un sistema o método de cálculo distinto al previsto a tal fin en la ley 2.587”.

“A esto cabe agregar”, prosigue, “que dicha modificación se habría realizado a priori, sin respetar el principio de legalidad ni de jerarquía normativa, ya que la modificación del sistema expresamente reglado por el legislador en la ley 2.587 se habría introducido mediante la resolución cuestionada”.

Seguidamente, manifiesta: “A esta altura no puede soslayarse que, como un modo de cristalizar el mandato que emerge del artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, la ley 2.587 conforma un régimen de fomento para determinados medios de comunicación, aquellos de carácter gratuito y escala vecinal. En este sentido, resultaría relevante detenerse en el hecho que tal como surge de sus propios considerandos, la resolución impugnada pretendería aplicar en tal ámbito un sistema instaurado para regular situaciones distintas con otro tipo de medios de comunicación”.

En el mismo sentido, el magistrado considera posteriormente que “los considerandos de la propia norma impugnada sugerirían que su fin es reducir el monto de la pauta destinada a los medios vecinales de comunicación social”.

Destaca por último que “la finalidad de la modificación normativa habría sido la de establecer un ‘equilibrio’ (sic) en los precios y ello incidiría en un menor valor de la pauta publicitaria a percibir por los Medios Vecinales de Comunicación Social en un contexto socioeconómico desfavorable”.

Apercibimientos a producciones radiales
Por otra parte, 39 producciones radiales fueron objeto de sendos apercibimientos por parte del Registro de Medios Vecinales del Gobierno de la Ciudad. Así lo denunciaron las emisoras Radio Gráfica, FM La Tribu, Frecuencia Zero y La Retaguardia, a las que pertenece la mayoría de esas producciones.

Según anoticiaron los denunciantes en un acto que realizaron en la vereda de la calle Uspallata, a espaldas de la sede gubernamental de Parque Patricios, la medida se fundamentó en que las producciones no habían completado las proporciones de material de producción propia y de información referida al ámbito porteño que estipula la ley.

En la oportunidad, objetaron esos argumentos y calificaron en cambio a la sanción de “persecución política”. Así, Fernando Tebele, de La Retaguardia, dijo: “Aquí hay una suerte de persecución política que tiene que ver con los contenidos que generamos”. Sostuvo también: “Nuestros medios influyen en la realidad barrial todos los días, mostrando las problemáticas que los medios comerciales no muestran, y me parece que ese es el problema que tiene el Gobierno de la Ciudad con nosotros”.

En parecidos términos se expresó Maxi Diomedi, de FM La Tribu: “Yo creo que a nosotros nos castigan porque nuestras agendas no están dictadas por los medios hegemónicos, sino por nuestros vecinos”.

Los nombrados, junto con Lucas Molinari y Javier Daruich, de Radio Gráfica y Frecuencia Zero, respectivamente, suscribieron un comunicado en el que así definieron al apercibimiento: “Creemos que se trata de una persecución política para acallar voces críticas a los gobiernos nacional y local”.

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