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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 10 de diciembre de  2019
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Microcentro: accesibilidad a discapacitados

Microcentro: accesibilidad a discapacitados

La titular del juzgado n.° 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Cecilia Mólica Lourido, ordenó al Gobierno de la Ciudad que, en el plazo de 60 días, confeccione un plan para que los discapacitados que posean vehículos con el símbolo internacional de acceso puedan estacionar en el microcentro porteño.

Lo resolvió haciendo lugar parcialmente a una acción de amparo interpuesta contra la Ciudad por la Asociación Inquietudes Ciudadanas, con el objeto de que se condenara a aquella a “cumplir cabalmente con lo normado por las leyes vigentes en materia de accesibilidad, cuya finalidad consiste en la supresión de toda barrera arquitectónica”.  

En su presentación, esa organización adujo que “en todas las calles hoy peatonales sitas en el microcentro de esta ciudad se han rediseñado las calzadas con angostamiento para el paso eventual de automóviles autorizados e instalado conos de cemento para dividir la actual calzada”, sin prever “la construcción de dársenas para el estacionamiento de personas con discapacidad permanente, temporaria o movilidad reducida”.

Hizo constar además que “las personas con discapacidad y/o movilidad reducida representan el diez por ciento de la población mundial y que para su integración y equiparación de oportunidades los Estados deben brindarles la posibilidad cierta y concreta de permanencia y tránsito en las distintas arterias, calles y vías rápidas de la Ciudad, sin los obstáculos que deben sortear a diario”.

En ese sentido, consideró que “es responsabilidad de la sociedad toda, y especialmente de los poderes públicos, modificar el entorno de modo que pueda ser utilizado en igualdad de condiciones por todos los ciudadanos” pero que, por el contrario, “el Estado local modificó el ambiente en claro perjuicio del grupo social vulnerable” de que se trata, de modo que “toda persona que deba acceder al microcentro de la Ciudad a realizar un trámite se convierte en una víctima de la marginación” y se encuentra “discriminada frente a una absurda realidad provocada por la omisión y el descuido del gobierno porteño”.

Este, prosiguió la Asociación, “dispuso en ciertas calles del microcentro dársenas especiales para carga y descarga de mercaderías para uso del transporte privado a fin de abastecer a comercios de la zona, pero excluyó la posibilidad de estacionamiento de los automotores para el desplazamiento de personas con discapacidad o con movilidad reducida”.

Precisó, por otra parte, que “si en la actualidad una persona discapacitada tuviera que detener y estacionar su vehículo en alguna de las calles del microcentro, ello impediría el paso de cualquier otro vehículo por falta de espacio”. 

En su fallo, la magistrada puso de manifiesto que “la accesibilidad de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad ha sido reconocida expresamente en diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos”.

Al respecto, remarcó que “en particular, el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por la ley 26.378 y que adquirió jerarquía constitucional) establece dentro de sus propósitos la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, como así también el respeto de su dignidad inherente”. 

En lo que atañe estrictamente a la accesibilidad, la jueza destacó que “la referida Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida y, a tal fin, obliga a los Estados Partes a que adopten medidas pertinentes para asegurarles el acceso, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

De acuerdo con lo prescripto en el citado artículo, “estas medidas incluyen la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso y se aplicarán, entre otros, a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo”.  

Asimismo, la magistrada consideró “de suma relevancia para el caso desarrollar algunos aspectos de las observaciones generales aprobadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, el que señala, entre muchas cosas, que “resulta evidente que los Estados partes deben adoptar medidas positivas para facilitar que las personas con discapacidad disfruten en igualdad de condiciones de los derechos garantizados en la legislación”, lo que significa que “deben eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a todos los tipos de protección de la ley y a los beneficios de la igualdad de acceso a la ley y la justicia para hacer valer sus derechos”.  

En lo que respecta a la accesibilidad, la jueza citó también la Observación General N° 2 del Comité, según la cual “la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones”.

La jueza mencionó asimismo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “puso énfasis en que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial”, y a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que contempla la obligación de los Estados Partes de adoptar, entre otras muchas disposiciones, “medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad”, así como “medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad”.

Como no podía ser de otra manera, la magistrada citó luego a la Constitución Nacional, que “garantiza la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Nación”, y a la de la Ciudad, cuyo artículo 42 “prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes”.

Después de otras muchas consideraciones, la jueza hizo notar que los informes aportados por el Gobierno de la Ciudad a la causa, si bien “darían cuenta de la existencia de dársenas en el área microcentro, lo cierto es que estas habrían sido construidas con el objeto de facilitar la carga y descarga de mercaderías así como el ascenso y descenso de pasajeros, sin interrumpir el normal flujo del tránsito vehicular en las calles habilitadas”, es decir que, “además de no tratarse de espacios destinados a las personas discapacitadas o con movilidad reducida, las referidas dársenas se habrían construido para permitir la detención pero no el estacionamiento”, y aclaró que “existen diferencias relevantes” entre una y otra.

Es así como “la circunstancia apuntada, en la medida en que limitaría y restringiría el acceso y posibilidad de permanencia de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el área del microcentro, lejos está de neutralizar la desventaja que dicha discapacidad les provoca”.

En los tramos finales de su fallo, la jueza advirtió que “ante acciones de reclamo colectivo de derechos civiles, políticos o sociales, sobre todo cuando se requiere del Estado la adopción de acciones positivas de gran escala o bien directamente la puesta en marcha de una política, la actuación judicial puede consistir, en principio, en la declaración de que una omisión estatal constituye una violación del derecho en cuestión, y luego en el emplazamiento al Estado a realizar la conducta debida”.

“En estos casos”, puntualizó, “corresponde al órgano judicial señalar a los poderes políticos del Estado el carácter de la conducta debida, sea a partir del resultado concreto requerido sin consideración de los medios a emplearse, o bien, en caso de existir una única medida posible para obtener el resultado requerido, describiendo con precisión la acción que debe adoptarse”.

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