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 17 de agosto de  2019
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Larreta y Gallardo: “Es un fallo político”

Larreta y Gallardo: “Es un fallo político”

El Gobierno de la Ciudad apelará el fallo que le ordena “clausurar y/o inhabilitar de oficio a toda empresa, persona real o jurídica y plataforma virtual o informática” que actúe en el ámbito de su jurisdicción “desarrollando la actividad de mensajería y/o reparto de sustancias alimenticias a domicilio que no se hallare debidamente registrada”.

Así lo informó la agencia gubernamental de noticias Télam, que anunció además que la misma medida será adoptada por las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, principales afectadas por la resolución judicial.

Se trata de la escaramuza más reciente en la disputa legal entre el Ejecutivo local y las referidas empresas, por un lado, y el titular del Juzgado N.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, por el otro, a propósito del funcionamiento de aquellas, cuyos trabajadores han quedado en medio de la pelea.  

A su vez, en su último movimiento, el mediático magistrado dictó sentencia definitiva haciendo lugar al amparo colectivo que el 10 de octubre de 2018 inició la batalla judicial de marras y manteniendo la vigencia de la medida cautelar que había dispuesto el 2 de este mes, así como de las resoluciones dictadas en consecuencia.

El fallo no solo ordena lo descripto al principio, sino que prohíbe “el desarrollo de la actividad de mensajería y reparto de sustancias a domicilio en bicicleta o moto por parte de las personas físicas y/o jurídicas que no se encuentren inscriptas en el RUTRAMYC [Registro Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorrodados] y que no den íntegro cumplimiento al Código de Tránsito y Transporte y su decreto reglamentario”.

Además, dispuso encomendar a los ministros de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Urbano y Transporte y de Gobierno, Diego Santilli, Franco Moccia y Guido Screnci, respectivamente, que “cada uno en el marco de las competencias gubernamentales que les correspondan, adopte todos los recaudos necesarios para llevar adelante los controles preventivos, así como las medidas coercitivas y punitivas, que tiendan a evitar el desarrollo de la actividad de delivery y reparto fuera del marco normativo”.

Cabe recordar que en la medida cautelar había dispuesto “la suspensión de desarrollar la actividad en cuestión por parte de toda empresa que no haya dado cumplimiento a lo prescripto en la ley 5526 [que rige el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias] y su reglamentación”, y que “tal medida, así como las que se detallarán a continuación, serán de aplicación específica a las empresas Rappi Arg. SAS, Kadavra SAS (Glovo) y Repartos Ya SA (Pedidos Ya), ya que ostentan una envergadura tal que les permite mantener en las calles el oligopolio de la actividad”.

A continuación, procedió a “ordenar a las empresas Visa Argentina S.A., Mastercard Cono Sur S.R.L., Tarjeta Naranja S.A. y American Express Argentina S.A. que dispongan la inmediata suspensión y bloqueo de todas las operaciones que por su conducto efectúen” las mentadas empresas.

Seguidamente, ordenó “al jefe de Policía de la Ciudad que disponga la realización de operativos en la vía pública en los que deberán identificar a los conductores de ciclorrodados y motovehículos afectados al trasporte de mercadería” y en caso de verificarse que “no utilicen casco reglamentario debidamente colocado o que no utilicen indumentaria con bandas reflectivas o que no lleven la caja portaobjetos fijada al vehículo o que no posean libreta sanitaria vigente, los agentes deberán proceder al decomiso de la caja portaobjetos y de su contenido”.

En cuanto a la sentencia definitiva, consta de 78 páginas, no está exenta de faltas de ortografía ni de falsas concordancias, y ostenta un acápite del papa Bergoglio, del que el juez Gallardo se muestra entusiasta partidario, y a cuyo propósito escribió el libro Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial, que cita en el fallo, donde llama Santo Padre al jefe del Vaticano.

En uno de los párrafos más significativos, Gallardo considera que “perogrullesco es a esta altura del derrotero afirmar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha mantenido impávido y con una quietud suficiente como para permitir que las calles se pueblen de trabajadores y trabajadoras con un nivel de precarización que los aísla de la posibilidad de gozar de los más mínimos recaudos de seguridad y salubridad que merecen”.

En otro, no menos directo, afirma que actúan “en tándem, empresarios oportunistas –o conniventes– en un rubro que lideran Rappi, Glovo y Pedidos Ya, con nula intención de acatar la normativa local en materia de tránsito, seguridad vial, laboral y previsional”.

Dice también el juez: “Desde luego que tal escenario descripto en apretada síntesis, abonado y desarrollado a lo largo del presente decisorio, me moverá a adoptar una decisión que tenga en miras el cese inmediato de la negligencia estatal y de la impertinencia empresarial”.

Del jefe de Gobierno

A poco de conocerse la medida cautelar, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, consultado al respecto por Marcelo Longobardi, estimó que “es un fallo más político que otra cosa” y deslizó: “Además, todas [sus sentencias] después se las apelamos y se las ganamos, con lo cual todos sus fallos quedan atrás”.

Acerca de las plataformas, expresó que “es un sistema nuevo y siempre que hay un sistema nuevo en la ciudad hay que acomodarse”, y subrayó que “primero de todo, son empresas que están legalmente constituidas y que pagan sus impuestos”.

Remarcó que “aparece con la tecnología una nueva modalidad de un servicio que mucha gente usa y que además genera muchos puestos de trabajo” y que “una cosa es que trabajemos para ver cómo se regula, porque con esto de la tecnología aparece todo el tiempo este tipo de cosas nuevas, y otra cosa es prohibirlo”.

“Por supuesto que tenemos que cuidar bien el tema de la seguridad y que se respeten las normas”, reconoció, y prosiguió: “De ahí, de un día para otro prohibirlos y dejar en la calle un tendal de gente que hoy está trabajando, justamente con la necesidad de trabajo que hay, la verdad que yo no lo veo”.

Refirió que desde el Gobierno siguen trabajando “a ver cómo se regula [la actividad], a ver cómo se cuida la seguridad de la gente, pero respetando los puestos de trabajo y respetando un servicio que si mucha gente lo usa es porque es valioso, si no, no lo usaría”.

Y concluyó: “Es un fallo más de los tantos a los que Gallardo nos tiene acostumbrados”. 

De los trabajadores

Por su parte, la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm) a través de sus secretarios general y adjunto, Marcelo Pariente y Maximiliano Arranz, respectivamente, expresó su beneplácito a lo dispuesto por el juez.

En ese sentido, manifestaron que “las empresas vienen desoyendo todos y cada uno de los fallos de la Justicia, con la complicidad y el aval de los funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, que tiene a Juanjo Méndez a la cabeza”.

Concedieron que “es bienvenida la tecnología conveniente, pero el fraude y la precarización laboral disfrazados de futuro de trabajo será combatido en todos los frentes, incluido el judicial”.

A su vez, Arranz opinó: “Todavía no puedo entender cómo no se les cae la cara de vergüenza de apelar el cumplimiento de una ley sancionada, reglamentada, y votada por unanimidad, a pedido de las multinacionales y en contra de la dignidad de los trabajadores”.

Cabe señalar que el gremio se define como peronista, humanista y cristiano, y se lo considera cercano a Hugo y Pablo Moyano.

Por su lado, la Asociación de Personal de Plataformas (App) comunicó, en su cuenta de Twitter: “La Justicia ordenó que se suspenda nuestro trabajo. Estamos seguros que esta no es la solución a nuestros reclamos. Queremos derechos laborales y nos dejan sin trabajo”.

Se trata de una organización que surgió a instancias de trabajadores que en octubre último se presentaron en la Secretaría de Trabajo de la Nación “para inscribir el primer sindicato de plataformas digitales de la Argentina y de América”, y que en su primer comunicado anunció: “Si este es el futuro de la economía, vamos a tener que construir los sindicatos del futuro”.

En un segundo tuit, la Asociación se preguntó: “¿A quiénes protegen queriendo prohibir nuestro trabajo? A nosotros no. ¿A qué interés responden? Al nuestro no. Somos los primeros en reclamar medidas de seguridad. Esta no es la forma de lograrlas”.

Y en un tercero, sostuvo: “El único resultado de la prohibición es más clandestinidad y más precariedad. Si este es el futuro del trabajo, vamos a pelear porque sea con los derechos que nos corresponden”.

A su vez, el asesor legal del sindicato, Juan Manuel Ottaviano, declaró que veía el fallo “con mucha cautela y con mucha preocupación”. Resaltó que “los trabajadores vienen reclamando la regularización de las condiciones de trabajo” y que “como es sabido, es un trabajo que se presta en condiciones de suma precariedad”, y objetó: “Pero esta decisión no nos parece la mejor solución; por el contrario, hasta es la peor”.

Explicó que “la resolución que toma el juez es: ‘como las condiciones de precariedad son altas, entonces se debe prohibir la actividad, se debe prohibir el trabajo’” y remarcó que “obviamente, esto recae sobre las empresas pero también sobre todas las personas que están trabajando en estas aplicaciones, y quienes reclaman la prohibición no están pensando en las personas que trabajan en el sector”.

El video

El mismo día que dictó la sentencia definitiva, el juez Gallardo difundió, a través del Departamento de Información del Poder Judicial de la Ciudad, un video en el que pretende explicar sus decisiones en la materia que nos ocupa.

Así, expuso consideraciones sobre el marco regulatorio de la actividad, que, en sus palabras, “no ha sido aplicado hasta el presente”, el hecho de que “desde que comenzó a actuar el Tribunal” hasta el momento en que hablaba “se verificaron un muerto y 141 heridos, varios de ellos de consideración”, y el significado de “permitir, bajo el pretexto de generar ocupación o empleo, la precarización, porque con el mismo argumento podríamos no poder clausurar una obra en construcción cuyos obreros no usen casco porque dejamos a cien obreros de la construcción en la calle”.

Posteriormente, remarcó que “la afirmación de que el fallo del día viernes [la medida cautelar] es un fallo político”, y que “la misma consideración que seguramente se va a hacer con la sentencia definitiva, es efectivamente cierta”.

Y enfatizó: “El fallo es político y la sentencia del día de hoy es política, porque nosotros en la Justicia formamos parte del gobierno político de la ciudad de Buenos Aires: esto lo dice la Constitución, y entonces somos órganos políticos y tomamos decisiones políticas; lo que no tomamos son decisiones partidarias”.

“Para que se entienda”, insistió, “no formamos parte de ninguna corporación ni de ningún partido, pero sí tenemos la obligación constitucional de gobernar al igual que la tiene la Legislatura y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

En los párrafos finales, advirtió: “No es por tremendismo ni por el deseo de generar zozobra, pero siempre es útil preguntarse al momento en que uno resuelve, y también es útil preguntarse al momento en que se critica una decisión judicial, quién va a ser el responsable de los próximos hechos luctuosos, porque yo no tengo ninguna duda, después de haber investigado casi un año este tema, que en las condiciones en que está van a pasar muchas cosas desagradables y va a haber muchas víctimas de este trabajo precarizado”.

En la madrugada que siguió, un repartidor murió cuando la moto en que viajaba fue arrollada por una camioneta en el barrio de Flores.

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