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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 13 de diciembre de  2019
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El Nunca Más, declarado de interés social

El Nunca Más, declarado de interés social

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó una declaración que “conmemora el 35º aniversario de la entrega al Ex Presidente de la República, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, del informe final de la CONADEP, el día 20 de septiembre de 1984”.

La iniciativa, que se debió a Ariel Álvarez Palma (VJ), obtuvo despacho favorable de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación.

Llevada al recinto, fue una más de las tantas votadas sobre tablas y sin discursos en una sesión breve (duró poco más de 35 minutos) y presurosa. Cierto es que todas las energías están concentradas en la campaña, pero pareció al menos ingrato que la CONADEP y el Nunca Más no merecieran siquiera una palabra de los legisladores que comen nuestro pan, como bien dicen los romances viejos.

Según informó ese cuerpo colegiado, como parte de la misma conmemoración el referido Nunca más fue declarado de interés social, cultural y para la promoción de la defensa de los derechos humanos de la Ciudad.

La CONADEP

El 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después de haber asumido sus funciones, el presidente Raúl Ricardo Alfonsín firmó el decreto N° 187, de creación de una comisión nacional con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país.

Tenía, entre sus funciones, recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos; averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización; determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo y emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta días a partir de su constitución.

Ese informe se entregó al presidente Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, y con el título Nunca Más fue publicado en forma de libro por Eudeba dos meses después. Al cabo de 35 años, su prosa descarnada aún nos perturba y estremece.

La apuesta de Alfonsín al crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) tenía la audacia que, según Víctor Hugo, debía impulsar a las grandes empresas, y demostraba valentía. Porque corrían tiempos duros: las Fuerzas Armadas acababan de dejar el gobierno pero conservaban aún mucho poder y tenían mando de tropa, suministrada por los jóvenes que debían cumplir el servicio militar, entonces obligatorio para todos los ciudadanos al llegar a los veinte años.

Así, y según se cuenta en el Informe, “comenzaron los trabajos en un clima cargado no solo por las tensiones generadas por la naturaleza de la tarea a abordar, sino también por el descreimiento de algunos, el desacuerdo de otros y las críticas de muchos”.

Sin embargo, los primeros pasos dados por la Comisión “concitaron la inmediata respuesta de la población en un formidable proceso de reconstitución de la memoria colectiva”.

La CONADEP eligió presidente a Ernesto Sabato quien, en el prólogo del libro, escribió: “Después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje”.

Con respecto a la realización de sus tareas, la Comisión resaltó “la invalorable ayuda prestada por los organismos de derechos humanos”, que “aportaron recursos humanos y técnicos, así como toda su consolidada experiencia adquirida en las difíciles condiciones en que desplegaron su labor frente al poder de facto”.

En cuanto a las condiciones en que esas tareas se desarrollaban, “apenas se contaba en los comienzos con dos oficinas y con personal cedido transitoriamente por la administración pública, que carecía en absoluto de experiencia en estos temas y que por eso no pudo resistir por mucho tiempo la carga de espanto que emergía de cada denuncia”.

Eran, describe el Nunca Más, “largas, fatigosas, tremendas denuncias en las que un padre, una madre, una esposa, narraba su peregrinaje por tribunales, ministerios, comisarías o cuarteles buscando en vano un dato sobre la suerte de sus seres queridos o -peor aún- describiendo entre sollozos la forma como habían torturado a sus hijos en su presencia”.

Por otra parte, “recorrer el laberinto para ubicar el lugar donde se perdió la huella de miles de personas resultó una difícil tarea, muchas veces dolorosa porque se convirtió en un amargo recuerdo para los liberados”.

En ese sentido los procedimientos, por lo general, consistían en el “reconocimiento in situ de centros clandestinos de detención, con la concurrencia de liberados de dichos campos”; la   “visita a las morgues para recabar información sobre ingresos irregulares”; las “diligencias en vecindarios y en lugares de trabajo, enderezadas a determinar la ubicación de centros clandestinos de detención o sobre las modalidades y formas en que se procedió a secuestrar a personas que figuran como desaparecidas”; la “recepción de declaraciones testimoniales de personal en actividad o en retiro de las fuerzas armadas y de seguridad, fuera del ámbito físico de la Comisión”; la revisión de registros carcelarios, la revisión de registros policiales y la investigación de delitos cometidos en bienes de desaparecidos.

Esa labor se vio dificultada por “graves inconvenientes” como “la supresión de rastros y documentos, la falsa identidad de los autores enmascarados detrás de nombres supuestos o apodos con credenciales apócrifas, la alteración de los edificios que sirvieron de base operativa, la remoción de terrenos utilizados para inhumaciones clandestinas y en muchos casos la imposibilidad de los secuestrados de reconocer a sus captores, cegados como estaban por vendas y capuchas desde el inicio de su detención”.

Al respecto, el Informe señala que “el aporte de los liberados fue decisivo”, y destaca “su gesto de valentía y solidaridad”. Así lo refiere: “Ellos, que padecieron torturas y vejámenes increíbles, se acercaron desde el primer momento mostrando sin rubores el miedo que aún padecían, pero que conjuraban a fuerza de valor cívico y de impulsos éticos irrefrenables. Fueron ellos los que trajeron noticias ciertas sobre otros desaparecidos, dieron detalles de los campos y se prestaron, además, a reconocer los lugares de detención y torturas, es decir, de ‘sus’ lugares de detención y torturas”.

En sus conclusiones, la CONADEP explica que “la desaparición de personas como metodología represiva reconoce algunos antecedentes previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”, pero “es a partir de esa fecha, en que las fuerzas que usurparon el poder obtuvieron el control absoluto de los resortes del Estado, cuando se produce la implantación generalizada de tal metodología”.

Esta “comenzaba por el secuestro de las víctimas, a cargo de efectivos de las fuerzas de seguridad que ocultaban su identidad”; esos operativos “se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, generalmente en días cercanos al fin de semana, asegurándose así un lapso antes de que los familiares pudieran actuar”.

El secuestrado “era conducido a alguno de los aproximadamente 340 centros clandestinos de detención por entonces existentes”, que “constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas” y donde “los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, sometidos a toda clase de tormentos y humillaciones”.

La CONADEP señala que “la tortura fue un elemento relevante en la metodología empleada” y “los centros clandestinos de detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicarla impunemente”. Así, “la comprobación de la extensión que adquirió la práctica de la tortura en tales centros y el sadismo demostrado por sus ejecutores resultan estremecedores”.

En otro orden, el Informe pone de manifiesto que, “entre las víctimas que aún permanecen en condición de desaparecidas, y las que fueron posteriormente liberadas habiendo pasado por centros clandestinos de detención, se encuentran personas de los más diversos campos de la actividad social”, especificando a continuación que la mayoría corresponde a los obreros, seguidos por los estudiantes, los empleados y los profesionales.

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