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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 23 de marzo de  2019
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“El acceso a la energía es un derecho humano”

“El acceso a la energía  es un derecho humano”

Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y Carlos Caserta y Carlos Wilkinson, referentes del Movimiento Comunero, explican qué motivó a los espacios que representan a alentar los ruidazos en diversos puntos de la ciudad, a lanzar Asamblea Ciudadana y a volver a la carga para que se trate un proyecto de ley de Emergencia Tarifaria. 

Cada viernes, desde el último de diciembre, varios de los más neurálgicos cruces de avenidas de la urbe porteña, entre ellos el de Juan B. Justo y avenida San Martín, se han convertido en el escenario donde confluyen decenas de vecinos a protestar por los tarifazos en los servicios públicos y donde también se expresan otros reclamos de la ciudadanía. Impulsados como ruidazos, al calor de ellos se conformó Asamblea Ciudadana, la cual tiene entre sus principales promotores al Movimiento Comunero y al Observatorio del Derecho a la Ciudad.

En sintonía con la iniciativa de los ruidazos, el pasado 30 de enero integrantes de Asamblea Ciudadana se reunieron con legisladores y asesores de legisladores en Perú 160. Estuvieron representados los bloques de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Autodeterminación y Libertad e Izquierda Socialista. Fue el eje temático del encuentro la convocatoria a una sesión extraordinaria para “tratar la Emergencia Tarifaria y la Emergencia de la Infraestructura de la prestación del servicio de electricidad frente a los tarifazos impagables acompañados por cortes masivos del servicio”. Todos los legisladores allí presentes, más los dos que suman los monobloques del Partido Obrero y el Partido Socialista de los Trabajadores, ratificaron su compromiso con el proyecto y aseguraron que se pondrán en campaña para sumar el número necesario y así estar en condiciones de reclamar formalmente su tratamiento.

–¿Cómo surge Asamblea Ciudadana?

Carlos Caserta: –La Asamblea Ciudadana surge hace diez ruidazos, cuando nos juntamos con distintas organizaciones y distintos grupos barriales para enfrentar el flagelo del tarifazo. Muchos ya nos conocíamos de una lucha que llevábamos hace un año y medio o dos enfrentando el Código Urbanístico de Rodríguez Larreta. De hecho, presentamos un proyecto alternativo, que por supuesto no fue tenido en cuenta, pero la idea fue organizarnos en cada barrio y en cada comuna. Elegimos algunas esquinas, propusimos y los vecinos fueron planteando dónde nos juntábamos, y de ahí surgió esto de los ruidazos. El primero fue casi espontáneo porque lo armamos en el término de cuatro o cinco horas. Tuvimos en algunas esquinas doscientas personas, en otras cien, en otras cincuenta y en otras llegó a haber quinientas.

–Al programarse los ruidazos con una frecuencia semanal, ¿no temen un desgaste en el nivel de participación?

Jonatan Baldiviezo: –La organización asamblearia tiene sus vaivenes. Es flexible. Hay momentos álgidos de mucha participación, hay momentos que decae. Estamos acostumbrados a no ir analizando la participación ciudadana creyendo que si no aumenta hay un fracaso. Nosotros sabemos que el eje que mueve la participación tiene que ver con una causa, y que esa causa, la intensidad o no de la participación, se define de acuerdo al contexto político, la necesidad de la población, cuestiones climáticas… Si bien Asamblea Ciudadana ha nacido formalmente con los ruidazos, nosotros venimos tratando de conformar una coordinación de las luchas en la ciudad hace muchísimo tiempo. No solamente con el código urbanístico, sino que hemos tenido campañas previas, como la campaña por una Carta del Derecho a la Ciudad y la campaña Buenos Aires no se vende. Entonces, no nos preocupan los niveles de participación, sí nos preocupa que haya una desatención del Gobierno con las prioridades que nosotros marcamos y con las necesidades que estamos constantemente reclamando, de las que tanto los partidos de oposición como el Gobierno tienen que hacerse cargo.

–¿Qué esperan de la Legislatura, considerando el quorum propio que tiene Cambiemos?

Carlos Wilkinson: –Hay algunos elementos que ayudan a que seamos optimistas. No por buena disposición, sino porque se ven obligados. Concretamente, las catorce escuelas cerradas eran catorce escuelas cerradas. Y Acuña negó mil veces que iban a tirar abajo la resolución. Y sin embargo la tiraron abajo porque vieron que la presión era fuerte. Larreta recibió tantos sopapos en todos los barrios adonde fue por el tema del cierre de escuelas que el tipo evalúa. Tontos no son. El tema del tarifazo yo creo que claramente está convirtiéndose en algo que tiene un peso y una demanda por la necesidad de la gente de que no puede pagarlo. Cuando nosotros pedimos una sesión extraordinaria, en realidad se la pedimos a todos los legisladores, sin distinción, diciéndoles: “Muchachos, la gente está necesitando que hagan algo. Si ustedes hacen algo o no, depende y es responsabilidad de ustedes, así que, por favor, háganse cargo”. Si ellos no aceptan y no logramos hacer la sesión extraordinaria, les va a costar. Ahora, lo que nosotros esperamos es que se haga y que salga una ley votada por los sesenta para proteger a los vecinos que están sufriendo por esta situación. Después podemos discutir mil cosas más, sobre las cuales puede haber mil diferencias, pero en lo que no puede haber diferencias es en que hay vecinos de la ciudad de Buenos Aires que hoy se están muriendo por el tarifazo. Y esto hay que pararlo.

–¿Qué plantea centralmente el proyecto de ley de emergencia tarifaria?

Carlos Wilkinson: –Yo hablo de una primera cosa que es básica: la gente que está endeudada y que no puede pagar las tarifas. Esa deuda la tiene que absorber el Gobierno de la Ciudad.

Jonatan Baldiviezo: –Principalmente, parte de un supuesto que es que el acceso a la energía es un derecho humano. Como todo derecho humano, no puede estar mediado su acceso por la capacidad económica de la familia. Uno va a un hospital público y no te preguntan si tenés plata o no para pagar. Si estás enfermo te atienden. Uno va a la escuela pública y tampoco te preguntan si tenés plata para pagar la inscripción o no. Es tu derecho humano y por lo tanto no puede mediar el tema de la capacidad económica. Para nosotros el mismo criterio tiene que aplicarse para el acceso a los servicios públicos, principalmente a la energía. Si la familia no tiene capacidad económica, el Estado tiene que establecer alguna forma de reestructuración del sistema energético para que esa familia pueda acceder igual. No puede pasar que la familia se quede sin servicio por falta de pago. Y además no solamente estamos hablando del tema de las familias, sino también de la cuestión productiva y de las actividades comunitarias. Hay pequeñas empresas, servicios, comercios, que no pueden subsistir si no tienen apoyo del Estado a través de los subsidios. Y hay actividades comunitarias de bien público que tampoco pueden subsistir haciendo esas actividades solidarias, gratuitas, si no tienen la colaboración del Estado. En el 2015, la Argentina estaba en el puesto 60 en la escala de los países que subsidiaban a sus poblaciones, es decir, había 59 países antes que nosotros. Imaginémonos después de tres años de subir las tarifas a valores de 1000 por ciento en agua, 1500 por ciento en electricidad y 2000 por ciento en gas... El tema de los subsidios es un sistema implementado en la mayoría de los países del mundo justamente porque es un sistema de justicia y equilibrio social, donde los que más pueden financian a través de los impuestos los subsidios a los que necesitan para que se desarrolle la calidad de vida de las familias y también la economía de ese país.  

Carlos Caserta: –Estados Unidos está arriba de los 2000 dólares por habitante por año en subsidios; Alemania está en un equivalente a 900 dólares por habitante por año; 1200 dólares el Reino Unido… Nosotros estábamos a nivel de 413 dólares por habitante por año en 2015, pero en el caso de Estados Unidos, que es uno de los que más subsidia, la gente cobra el salario en dólares, en la Argentina la ciudadanía cobra en pesos, pero las tarifas tienen valor dólar y aumentaron 2800 por ciento en el término de tres años. Y en el término de tres años el salario promedio aumentó un 60 o un 70 por ciento. De ningún modo las tarifas pueden estar dolarizadas y de ninguna manera el incremento tarifario puede exceder el incremento del salario mínimo vital y móvil porque tiene que haber una coherencia en medio de todo esto. Y no puede ser que se compense a las empresas para que no pierdan, pero nadie considere que la ciudadanía no solo pierde sino que ya no puede comer, ya no puede comprarse medicamentos y ya no puede pagarse un pasaje de colectivo. El Gobierno nacional les acaba de entregar a Edenor y a Edesur 2345 millones de pesos en compensaciones para que no pierdan dinero. ¿A quién representan los gobernantes? ¿A las corporaciones y empresas? ¿O cumplen con el mandato constitucional para el que fueron votados y defienden los intereses y el bienestar de la ciudadanía?

–En tu intervención en la reunión con los legisladores, incluso fuiste más allá: te manifestaste a favor de la estatización de las empresas…

Carlos Caserta: –Sí, porque, como dijo Jonatan, son derechos humanos básicos, no una mercancía con la que se puede lucrar el derecho de una persona a tener luz, gas o a tener agua. Siempre digo el caso del agua que, si bien la empresa es estatal, el costo del agua es exorbitante, cuando es un bien básico no solo para los seres humanos sino para cualquier ser vivo. Sin agua no existe la vida. Por esas razones, no puede estar en manos de un especulador un bien que es de todos y que aparte lo pagamos todos, porque el tendido eléctrico, lo mismo que el gasoducto, son patrimonio nuestro. Son patrimonio nacional, son patrimonio municipal, de ningún modo son de las empresas. Lo mismo que las generadoras. El señor [Nicolás] Caputo, con Central Puerto, ha incrementado sus ganancias en un 282 por ciento en los últimos nueve meses de 2018. ¿Qué empresa generadora de energía tiene semejante ganancia? Y mientras esto pasa con las empresas, ¿qué le pasó al habitante promedio? El habitante promedio pasó de pagar el 6 por ciento de sus ingresos en las tarifas de servicios al 26 por ciento desde diciembre de 2015 hasta ahora. El costo que representan los servicios en su ingreso mensual se aumentó en veinte puntos. Esto quiere decir que los otros gastos se disminuyeron en la misma proporción.

Jonatan Baldiviezo: –Hay tres grandes sistemas en la Argentina que están dolarizados: el sistema energético, el sistema alimentario –pagamos el precio de los alimentos a niveles internacionales– y el mercado inmobiliario. Hubo una devaluación del 100 por ciento del peso y el inmueble sigue estando en el mismo valor en dólares a pesar de esa devaluación. Tenemos esos tres sistemas que son fundamentales para el sostén de la vida dolarizados mientras los ingresos de las familias están pesificados. Hay recesión, hay desempleo, hay ajuste… No es solamente que pagamos energía cara. Y esto se intensifica porque las familias no están teniendo ingreso. Desde Asamblea Ciudadana, lo que propugnamos es la recuperación de la política, del Estado y de los intercambios del mercado. ¿Qué le ha sucedido a la ciudadanía? Dejó que de la política se encarguen los funcionarios, los representantes y el Estado, y la ciudadanía ha quedado totalmente ajena, y que el intercambio de bienes y servicios lo maneje el mercado con criterios puramente económicos y no con criterios de satisfacer las necesidades de la población. Nosotros queremos empezar a impulsar políticas que vayan en la dirección contraria, que la política no se defina solo en ámbitos institucionales, sino que se defina principalmente en ámbitos ciudadanos. Y que la interacción del intercambio de bienes y servicios tampoco se defina únicamente con criterios rentísticos económicos, sino con criterios y prioridades de las necesidades de la población.

–¿El oficialismo porteño puede poner trabas al tratamiento de estos temas argumentando que corresponden a la órbita de Nación?

Jonatan Baldiviezo: –Justamente, cuando nosotros presentamos este proyecto de ley [de Emergencia Tarifaria] fue por los cambios normativos, institucionales, que se estaban dando el año pasado con la decisión del Estado nacional de dejar de pagar la tarifa social y trasladar ese peso a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, para nosotros ya no hay excusa para que el Gobierno de la Ciudad llegue a atender la problemática en relación al derecho humano de acceso a la energía, y en esa dirección fue que presentamos el proyecto de ley 3489 en la Legislatura, acompañado por muchísimas organizaciones, sindicatos, asambleas, integrantes de consejos consultivos, con la idea de atender a la emergencia, emergencia que estamos viendo caracterizada en dos situaciones: una, los cortes, las fallas de infraestructura, y otra, la imposibilidad de acceder al pago de los servicios públicos por incapacidad económica de las familias. No podemos esperar que la Legislatura y el Poder Ejecutivo aborden la situación de las tarifas, tanto las fallas de estructura como el sistema de los aumentos, hasta que haya sesiones ordinarias en el mes de marzo. Necesitamos un plan de contingencia frente a la falla estructural y masiva del sistema energético en la ciudad de Buenos Aires.

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