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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 23 de febrero de  2019
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Duro documento del presidente del Instituto General Mosconi

Con la firma de su presidente, Jorge Lapeña, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi dio a conocer un extenso y pormenorizado documento en el que se analizan distintos aspectos de los cortes de energía que aún persisten en varios sectores del Área Metropolitana.

El autor, que se desempeñó como secretario de Energía de la Nación entre 1983 y 1988, sostiene que el problema es estructural y tiene sus causas en el déficit de inversión y mantenimiento en la red de distribución, íntimamente vinculado con la política tarifaria “irracional e ilegal” aplicada en la última década por el Gobierno nacional.

Entre otros conceptos, Lapeña remarca que “un sistema eléctrico bien planificado, bien invertido y bien gestionado debe abastecer toda la demanda de la clientela en el momento que esta se produce, en condiciones de calidad, seguridad y confiabilidad establecidas en los contratos de concesión”.

Y prosigue: “No es admisible, por lo tanto, afirmar –como lo hace el Gobierno– que la demanda no fue satisfecha porque llegó a un valor máximo; y menos aún responsabilizar a la clientela por los modos de consumo”.

Señala por otra parte que “ni en Uruguay ni en numerosas localidades de Argentina con las mismas o mayores temperaturas que las que se registraron en la ciudad de Buenos Aires hubo cortes”, por lo cual estos constituyen “un hecho prácticamente propio del Área Metropolitana”.

En ese sentido, explica que la prestación del servicio eléctrico en esa área “es de jurisdicción nacional; se presta por parte de las empresas distribuidoras privadas Edenor y Edesur y el poder concedente es el Estado nacional”.

Y precisa seguidamente que “la responsabilidad por el suministro es indelegable del Estado nacional, y la ejerce a través del Ente Nacional de Regulación Eléctrico (ENRE), siendo las autoridades administrativas y políticas la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura”.

En el parágrafo dedicado a hallar “dónde se focaliza el problema de abastecimiento”, el autor, fundándose en el análisis de los partes diarios de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) opina que “en principio, los problemas actuales no deben ser atribuidos al sistema de generación”.

A su juicio, “el problema actual es de distribución, o sea, insuficiencia de la red de distribución para abastecer la demanda máxima”. Puntualiza que “geográficamente, el problema se localiza en el Área Metropolitana, en el área de concesión de las empresas Edenor y Edesur”.

En el parágrafo siguiente pone de manifiesto cuáles son “las causas profundas del problema actual”. Explica que “deben atribuirse a un déficit de inversión y mantenimiento en la red de distribución”, aclarando que “esta falta de inversiones está íntimamente relacionada con la política tarifaria aplicada por el Gobierno nacional en el período 2003-2013, que llevó a las empresas a su descapitalización y quebranto patrimonial”.

Acusa a esa política de “irracional en lo económico, e ilegal, ya que está al margen de lo establecido en el Marco Regulatorio Eléctrico (ley 24.065)”. Precisa que “se ha hecho bajo el paraguas de la prórroga de la Ley de Emergencia Económica (2002), que constituye una política también irracional en el marco de una economía fuertemente inflacionaria como es la que rige en Argentina”.

Después de muchas otras consideraciones, el autor denuncia que “el sistema está subinvertido y mal gestionado” y que “las empresas están virtualmente en quiebra”. Destaca que el problema es “de índole estructural” y previene por ende que “no se solucionará con el paso del tiempo”, subrayando que, antes bien, “se agravará con el paso del tiempo”.

Por último, hace una serie de propuestas, que comienza por “reclamar al Gobierno que declare la Emergencia Energética”, exigirle “que explique las causas de la crisis” y solicitarle que “explicite el nivel de tarifas que cumpliría con la legislación y la normativa para la distribución de energía eléctrica en el Área Metropolitana”.

Seguidamente, propone “solicitar al Gobierno, y por su intermedio a las empresas, que expliciten su plan de inversiones para superar definitivamente la situación”. Plantea asimismo “solicitar al Gobierno un Plan de Emergencia para los barrios afectados” y la aplicación de “medidas urgentes de racionalización energética en el sector público”.

Las siguientes propuestas apuntan a “deslindar responsabilidades entre el Gobierno nacional y las empresas distribuidoras”, “requerir la opinión de las ONG vinculadas al área de la energía” y “también de las asociaciones de distribuidores, generadores, transportistas y grandes usuarios”.

Se propicia por otra parte “la toma de una posición común de los partidos de la oposición sobre esta crisis”.

Finalmente, el autor recomienda “evitar pronunciarse por una estatización si antes no se obtiene una respuesta clara a los reclamos anteriores”.

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