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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 25 de mayo de  2018
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“Que se respete la letra de la ley”

“Que se respete la letra de la ley”

En el salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma se realizó la reunión informativa organizada por la Cooperativa EBC, la Asociación Civil de Medios Vecinales y la Red de Medios Barriales a propósito de la resolución del Ejecutivo local que recorta la pauta publicitaria dispuesta por ley a los medios vecinales, y de las medidas adoptadas y por adoptar en consecuencia.

Antecedentes
Se trata, como se informó oportunamente, de la Resolución N° 813/2018, dictada el 2 de febrero último por la Subsecretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad que, con el argumento de “mantener un equilibrio financiero en resguardo de las finanzas públicas”, establece un nuevo modo de calcular el valor de la pauta que el Ejecutivo asigna a los medios vecinales, y que la disminuye en un 17%.

Las nombradas organizaciones coinciden en señalar que esa nueva modalidad modifica a la Ley 2.587, sancionada el 6 de diciembre de 2007, que creó un Registro de Medios Vecinales de la Ciudad y regula la contraprestación publicitaria, y a su correspondiente decreto reglamentario.

Ante esta circunstancia, cincuenta y ocho medios vecinales, entre los cuales se encuentra Tras Cartón, y con el patrocinio de Jonathan Baldiviezo, presentaron una acción de amparo que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11, a cargo de Paola Cabezas Cescato, quien días después la rechazó in limine.

El acto
El acto se inició con la lectura de numerosas adhesiones provenientes, en su mayoría, de bibliotecas populares, clubes sociales y deportivos, entidades educativas y de bien público y centros culturales y de comerciantes de los distintos barrios.

Seguidamente, el director del sitio web La Comuna 12, Gustavo Carpinella, leyó un comunicado suscripto por las tres organizaciones convocantes, donde se califica al fallo de Cabezas de “arbitrario” y “lleno de contradicciones”, se anuncia la apelación (que efectivamente se presentó ayer) y se detallan el origen y las distintas alternativas del proceso que desembocó en el actual estado de cosas.

A continuación, Baldiviezo se refirió al recurso de amparo presentado. Recordó que “el tribunal a cargo de la jueza Paola Cabezas Cescato decidió rechazarlo in limine, lo que significa sin ningún tratamiento, algo que no es común en la Justicia porteña“, y destacó: “Ni siquiera permitió que se tratara, ni que el Gobierno respondiera a nuestros cuestionamientos, ni que se produjera prueba: en un par de días rechazó el amparo sin tratarlo, con unos fundamentos totalmente irrazonables y ajenos a la cuestión que debatíamos”.

Acerca de los “planteos o cuestionamientos” expuestos por los medios vecinales en la presentación, mencionó en primer lugar que aquellos “no tienen solamente una relación comercial automática con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que por décadas lucharon para conquistar, por medio de una ley, una pauta publicitaria establecida como un derecho”.

Dijo después que “la Legislatura estableció este derecho porque consideró, justamente, que no estaba beneficiando a los medios barriales, sino a la comunidad porteña, y así lo recalcó en diciembre del año pasado, cuando sancionó la Ley N° 5.919, que declaró el 6 de ese mes como el Día de los Medios Vecinales”.

Expresó que ese cuerpo colegiado reconoció “la labor de producción y difusión de la información que hacen los medios vecinales, que ayuda a proteger las entidades barriales, promueve la democracia cultural, garantiza el derecho a la información y a la libre expresión, y por tanto están en juego valores y derechos culturales que van más allá de lo que uno pudiera pensar que es el reclamo por el valor económico de una pauta publicitaria”.

En ese sentido, prosiguió: “Le dijimos a la jueza que este derecho había sido violado por una resolución dictada por el secretario de Comunicación Social, que crea un nuevo sistema de pauta publicitaria distinto del que establece el Decreto N° 933 de diciembre de 2009 [reglamentario de la ley N° 2.587], que fijó una pauta publicitaria para garantizar que su valor no se vea disminuido por discrecionalidades o por reducciones, sino que a futuro vaya en incremento y genere certidumbre para que los medios vecinales puedan programar y prever su labor durante todo un año y a futuro”.

Aludió posteriormente al “principio constitucional que dice que, cuando se trata de derechos culturales y sociales, no se puede dar marcha atrás”, remarcó que “ese principio de progresividad y no regresión también fue explicitado en el decreto reglamentario”, según el cual “los medios vecinales no pueden recibir una pauta publicitaria inferior a la que ya recibieron”, y advirtió que “actualmente los medios vecinales están recibiendo una pauta inferior, no a la que corresponde al año 2018, sino también a la que corresponde al año 2017”, pues “están recibiendo una pauta por los valores del año 2016”.

Con relación a “lo que respondió la jueza ante estos cuestionamientos”, expresó que “la sentencia es bastante corta” y que en ella, la magistrada “dijo que en principio no veía una violación de derechos, que lo que estaba en discusión era únicamente el valor de la pauta publicitaria, y nunca habló de que los medios vecinales tengan derecho a esa pauta publicitaria ni a un sistema tarifario”.

Subrayó que la jueza “estableció que, para ella, la única forma en que vería una afectación a este principio de progresividad sería que el gobierno eliminara en forma total la pauta publicitaria” y que “nunca mencionó el Decreto N° 933, que justamente dice que no se puede reducir la pauta” y que “en definitiva, estableció que ella no veía violación de derechos y por tanto rechazaba in limine la acción judicial”.

Finalmente, anunció: “Ante esta situación, obviamente, vamos a recurrir la sentencia” y solicitó “a los jueces de Cámara la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos de los medios vecinales”.

Una controversia
Hablaron después directores de distintos medios pertenecientes a cada una de las organizaciones convocantes, tras lo cual el legislador Roy Cortina (PS) expresó la solidaridad de su bloque, señaló que “hay distintos bloques de la oposición que también se solidarizan”, mencionó “un pedido de informes de la diputada Lorena Pokoik (UC)” y acotó que “se pueden elaborar más iniciativas parlamentarias, desde pedidos de informes hasta leyes”.

En ese contexto, estimó que “esto que ha sucedido ha demostrado que la ley de medios barriales necesita ser reformulada y necesita ser profundizada”. Y anotició: “En el periodo anterior, hace dos años, he presentado con el diputado [Hernán] Arce y ahora lo he vuelto a presentar, porque no tuvo tratamiento, un proyecto de ley para modificar la ley de medios barriales”. 

El anunció suscitó murmullos, gritos y otras manifestaciones de desaprobación.

Cortina intentó explicar: “Pensamos que hay que modificarla porque creemos que claramente tiene que estar en el texto de la ley que efectivamente el Gobierno de la Ciudad debe garantizar el 5% de su presupuesto en publicidad oficial, porque la fórmula que se tiene es tramposa”. Quiso explicar mejor leyendo varios artículos de su proyecto y esgrimiendo distintos argumentos a su favor.

Mario Bellochio, integrante de la Red de Medios Barriales y director del periódico Desde Boedo, tomó el micrófono para contestarle. Dijo que, a su criterio, “la ley no debe ser reformulada, debe ser respetada”, pues “la reformulación de la ley implica abrir una caja de Pandora, que es lo que necesita el Gobierno para tratar de exterminarnos”, y que “la ley sirve, con ser respetada alcanza”.

Por su parte, el legislador Gabriel Solano (PO), después de manifestar el apoyo de su partido, hizo saber su postura acerca de la polémica que se había suscitado. “Ustedes saben muy bien que en la Legislatura, sobre 60 legisladores, hoy el PRO tiene 34, y entonces la situación tiene sus problemas; uno puede considerar a priori que cualquier modificación de una ley va a ser negativa”.

Así, estimó que “tenemos que asegurar el respeto a la ley que existe” y propuso que los legisladores recurran a la Justicia porque, dijo, “si se está produciendo un avasallamiento por parte de una medida administrativa del Ejecutivo, de una ley que votó la Legislatura, se está atropellando a la Legislatura, que es un poder independiente y debe respetarse como tal”.

“No se nos escapa que el Gobierno está manipulando a la Justicia, y eso se ve en este tipo de fallos absolutamente arbitrarios, pero de todas maneras tenemos que ir a hacer respetar lo que en su momento votó la Legislatura”, enfatizó, comprometiéndose además a “acompañar todas las medidas de lucha que se realicen, porque sin una lucha es difícil que este gobierno quiera retroceder”.

A renglón seguido, el legislador Mariano Recalde (UC) se sumó a “las declaraciones de apoyo y solidaridad” y expresó su deseo de “ratificar ese apoyo y esa coincidencia con la lucha que están llevando adelante contra una medida que es simbólica y ejemplificadora de lo que significa este gobierno y su proyecto político que hoy gobierna el país y la ciudad de Buenos Aires”.

A su juicio, “esta decisión del gobierno de [el jefe Horacio Rodríguez] Larreta es maligna y, como no podía ser de otra manera, coincide con las grandes políticas del gobierno de [el presidente] Mauricio Macri”, y “a través de una norma de menor jerarquía, modificar o cambiar lo que estableció una norma de mayor jerarquía, es directamente inconstitucional y contra la República”. 

“Entendemos que este es un mecanismo más de disciplinamiento, de concentración, de autoritarismo”, clamó, y prometió: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta ley se cumpla, y cuando tengamos la fuerza suficiente, cuando tengamos la correlación de fuerzas que nos lo permita, discutiremos cómo avanzar”.

Por último, Ignacio Di Toma Mues, integrante de la Cooperativa EBC y director de El Barrio Villa Pueyrredón, se pronunció sobre la controversia suscitada anteriormente. “A los medios barriales nos parece loable que los legisladores se preocupen por mejorar nuestras leyes, pero esta es una discusión que nos la hemos dado para adentro 150 o más medios, y todos coincidimos en que es un momento totalmente negativo”. 

Reconoció que “son loables todos los proyectos legislativos para beneficiar a los medios barriales”, pero objetó: “Creo que se nos debe respetar en el sentido de consultar con los medios barriales si es este el momento de discutir proyectos de ley que modifiquen la 2.587, y que, por lo menos los que estamos acá, no deseamos que se trate ninguna modificación, y creemos que la discusión pasa en la Justicia y en que se respete la letra de la ley que fue aprobada hace diez años”.

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