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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 20 de abril de  2019
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Ajuste tras las rejas

Ajuste tras las rejas

Mientras el Gobierno de Mauricio Macri busca bajar la edad de imputabilidad penal, trabajadores y especialistas en niñez y adolescencia exigen políticas públicas y denuncian problemas edilicios en los Centros de Régimen Cerrado dependientes del Gobierno de la Ciudad.

Celdas sin mobiliario, ni baño. Falta de mantenimiento e higiene. Iluminación y ventilación natural prácticamente nula. Sectores con colchones acumulados, agua estancada y residuos en los pisos. Ausencia de un protocolo de evacuación y certificado de salubridad del Gobierno de la Ciudad. Estos son solo algunos de los aspectos que describe un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación. El estado de los centros de detención de niños, niñas y adolescentes en CABA es alarmante.

Desde el año 2016, y a partir del Decreto Nº 492/2016, en el cual el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta ordenó el traspaso a la órbita porteña de los Centros de Régimen Cerrado (CRC), el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad es el encargado de regular el Centro de Admisión y Derivación (CAD) –ex Instituto “Úrsula Liona de Inchausti”– y el CRC “Dr. Manuel Belgrano”, ambos ubicados en el barrio porteño de Balvanera; el CRC “Gral. José de San Martín” (Flores) y el CRC “Dr. Manuel Rocca” (Floresta), que fue clausurado judicialmente luego de un motín y actualmente funciona en el CRC “Dr. Luis Agote” (Palermo).

“A los centros les faltaba comida, vestimenta y materiales necesarios para garantizar las condiciones mínimas de alojamiento de los menores de edad. Si un pibe ingresó al circuito penal, es porque el sistema de protección de derechos falló. Y esta falla se debe claramente a la falta de presupuesto en el ámbito de la ciudad. En vez de elevar los presupuestos para los organismos de la niñez, este gobierno eleva el presupuesto en armas Taser para las fuerzas de seguridad y le da vía libre al gatillo fácil”, declara María Paula Vázquez, delegada de ATE-SENNAF [Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia], que hasta 2018 trabajó dentro del CAD Inchausti.

Vázquez describe que los centros “parecen escuelas, pero al ingresar son bien semejantes a las cárceles. Es grave la falta de mantenimiento; de hecho, el Agote tiene varios informes y pedidos de cierre porque es un edificio que corre peligro de derrumbe. En verano, el calor es sofocante y los ventiladores los ponen solamente en lugares comunes y grandes. Cualquiera que pise un centro cerrado, que vea dónde se alojan los pibes, advertiría que no son lugares de resocialización”. 

Por su parte, Damián Muñoz, defensor público oficial ante los Tribunales Orales de Menores de CABA y cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación, afirma que hoy en día la situación edilicia de los CRC es mala: “Hace años que deberían dejar de utilizarse esos edificios y, en consecuencia, diseñar y construir uno nuevo, acorde a los estándares internacionales. El problema es que se trata de edificios muy antiguos con problemas estructurales y, aunque cada gestión intente mantenerlos, remodelarlos y/o refuncionalizarlos, no logra superar esas cuestiones y al poco tiempo esas reparaciones resultan estériles”.

Muñoz plantea la necesidad de una fuerte decisión política “acompañada de un presupuesto acorde, que diseñe y construya un dispositivo que les permita a los adolescentes cumplir su privación de libertad en las condiciones más dignas posibles”.  

Actualmente, 93 niños, niñas y adolescentes viven en los CRC de la ciudad de Buenos Aires por disposición de los Tribunales Orales de Menores. El 94% son niños y el 6%, niñas. “Siempre el encierro a temprana edad deja marcas muy profundas. Implica la restricción de un derecho fundamental que, por esa misma razón, genera sufrimiento”, observa Muñoz.

Pero las cicatrices del encierro también se reflejan en la tortura policial. “Luego del traspaso a Ciudad, se profundizó la mano dura adentro de los centros cerrados. Las fuerzas de seguridad tenían libre albedrío para ejercer malos tratos, violencia y tortura en vez de una detención regular cuando intervenían. A los pibes que ingresaban golpeados les tomábamos el relato para realizar las denuncias. Pero no hubo mucho resultado”, declara Vázquez. Y Muñoz agrega: “Se pudo vislumbrar en el inicio de la nueva gestión una impronta de cierto empoderamiento del cuerpo de seguridad, encargado de la vigilancia y seguridad, en detrimento de las autoridades, operadores y equipos de los centros”.

Entonces, ¿qué sucede con la educación? Si bien los jóvenes estudian en el Programa de Educación en Contextos de Encierro, que tiene nivel primario y secundario, “se presentan dificultades vinculadas a la necesidad de mayor cantidad de docentes”, aclara el defensor público. Y Vázquez señala: “Al generar un corrimiento del rol del operador, la escuela, los talleres y la comunicación telefónica se fueron convirtiendo en un beneficio y no en una garantía de sus derechos”. 

Sí a una nueva ley penal juvenil
Actualmente los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad son regidos por la Ley Nº 22.278, promulgada en la última dictadura militar. Es decir, los preside una impronta autoritaria, previa a la Convención de los Derechos del Niño: al menor se lo condena como a un adulto.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han instado a la Argentina a sancionar una nueva ley penal juvenil, congruente con los principios y estándares internacionales, pero aclarando que esa nueva ley no puede aumentar las penas ni bajar la edad de punibilidad.

Según UNICEF Argentina, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad: “Es importante tener una Ley de Justicia Penal Juvenil acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño que respete sus derechos y garantías, pero para ello no es necesario bajar la edad de punibilidad. Hay que trabajar con un enfoque de reinserción social”.

“Les interesa un pito la niñez”, afirma Gabriel Lerner, ex secretario nacional del SENNAF, al ser consultado sobre el tema. Alega, además, que en el campo de la infancia nadie apoya la baja de edad de punibilidad y denuncia que el Gobierno no escucha a los que trabajan con los pibes. “¿La ley es a favor de chicos y chicas? ¿Qué tienen que ver Garavano y Bullrich con los derechos de la infancia y la adolescencia? Hace falta una nueva ley penal juvenil que sea acorde al paradigma de derechos humanos, acorde a la convención de los derechos del niño. Pero reformar la ley no significa bajar la edad de punibilidad. El proyecto que impulsa el Pro no resuelve ninguno de los problemas, habilita enormes sanciones privativas de libertad y sigue dándole al juez penal de menores facultades propias de la vieja minoridad”, expresa Lerner.  

“Suele afirmarse que siempre existe una tensión entre lo que se llama el Estado Social y el Estado Penal. Y en esa tensión, siempre el achicamiento de uno implica el aumento del otro. La baja de la edad es una forma de ajuste hacia los adolescentes porque supone aplicar a esa franja etaria el sistema penal en lugar de las políticas públicas”, concluye Muñoz.

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