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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 20 de octubre de  2017
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“Estamos ante una crisis política severa”

“Estamos ante una crisis política severa”

“Voy a mencionar tres cuestiones que me parecen importantes”, anunció el legislador Marcelo Ramal, del Partido Obrero, al principio de una charla que dio en el local partidario ubicado en la intersección de la avenida San Martín con la calle Nicasio Oroño, de La Paternal, y en cuyo transcurso analizó distintos temas de la actualidad nacional y local.

La desaparición de Santiago Maldonado

“La primera cuestión tiene que ver con el hecho político que ha sacudido al país, que es la desaparición de Santiago Maldonado”, puntualizó.

Lo definió como “un hecho realmente muy grave, que apunta a una política del Gobierno que tiene que ser caracterizada, primero, porque Santiago Maldonado desaparece en medio de una represión que el propio Gobierno ordena”.

Observó que “por ahí uno escuchó decir a alguien del Gobierno que en la Argentina hay muchas personas cuyo paradero se desconoce” y que “hay lugares, como estaciones de ómnibus, donde se exhiben fotos de personas que nadie sabe dónde están, y también tenemos el drama de la trata de personas, con muchas jóvenes y mujeres que han desaparecido”, pero remarcó que “acá estamos ante otra situación, Santiago Maldonado estaba participando de un corte vinculado con los derechos a la tierra que reclaman las comunidades mapuches”.

Seguidamente, especificó que “hay una represión de la Gendarmería, desalojan ese corte, y en esas circunstancias a Santiago Maldonado no se lo ve más, es decir que hay una responsabilidad muy clara y muy directa del Gobierno en las circunstancias en que él desaparece”.

En ese contexto, señaló que “después ocurre otra cosa que tal vez sea todavía más grave, que tiene que ver con el encubrimiento”. Subrayó que “el Gobierno cerró filas con la Gendarmería y dijo que no tenía nada que ver”, y mencionó “a [la ministra de Seguridad] Patricia Bullrich diciendo ‘pongo las manos en el fuego por la Gendarmería’”.

Refirió que “esto solo comenzó a hacer agua después de la enorme movilización popular del 1° de septiembre pasado, cuando se juntaron decenas de miles de personas en Buenos Aires y en otros lugares del país y empezó a resquebrajarse un pacto de silencio y a salir a la luz una serie de indicios que mostraban que las cosas eran exactamente opuestas a cómo había dicho el Gobierno”.

Así, precisó que “no se trataba simplemente de un corte donde siete gendarmes les dijeron a los manifestantes que se fueran”, sino que “hubo una persecución violenta” en la que “hubo balas, no se sabe todavía si de goma o de plomo” y “los integrantes de la comunidad mapuche y quienes los acompañaban fueron perseguidos hasta el río”.

Y sintetizó: “Ese es el escenario que muestra que es muy probable que Santiago Maldonado haya sido víctima de esa represión violenta, y que luego se buscó encubrir de una u otra manera”.

Caracterizó a ese estado de cosas diciendo que “estamos ante una crisis política severa, porque afecta a la fuerza de seguridad que no solo este Gobierno, sino también el anterior, había seleccionado para la represión interior, teniendo en cuenta todos los problemas de corrupción, de vínculos con el delito y de sospechas de todo tipo que había sobre otras fuerzas de seguridad, como por ejemplo la Policía Federal”.

Cerró su análisis del tema con la referencia a un factor, a su juicio, determinante. “En definitiva, la saña con la cual se lanzó esta represión no ha tenido otro propósito que proteger a un conjunto de capitalistas y grupos empresarios en la Patagonia, que se han apropiado de tierras para el grupo Benetton y, más recientemente, para la industria petrolera y para la explotación minera que está cercana a la Cordillera. En defensa de esos intereses, que chocan con el reclamo de tierras que realiza la comunidad mapuche, se ha desatado esta represión feroz”.

La reforma educativa

El siguiente tramo de su exposición estuvo dedicado al “segundo problema importante”. Así definió a “esta crisis que hemos tenido en los colegios secundarios”, en cuyo contexto se realizaron “en algunos casos tomas, en otros protestas”, y que “en general han tenido que ver con esta reforma educativa que anuncia el gobierno de [el presidente Mauricio] Macri, por ahora en la Ciudad pero con la pretensión de lanzarla a nivel nacional, y con esto que han llamado la secundaria del futuro”.

Afirmó que “lo más importante” de esta última “se relaciona con la intención de reducir y recortar decisivamente los contenidos formativos del quinto año de la secundaria, y en su lugar llevar a los chicos a las empresas a hacer prácticas laborales gratuitas, como si formaran parte del ciclo lectivo”.

Dijo también que “el Gobierno presentó esto como siempre se han presentado este tipo de planes, como una forma de facilitar el acceso de la juventud al trabajo, cosa que siempre suena bien”.

Advirtió que “suena más feo cuando pensamos que el chico va a tener que hacer ese trabajo gratis, y mucho más feo cuando uno considera que, en realidad, al llevarlo a los lugares de trabajo lo van a familiarizar rápidamente con cuestiones de índole práctica que tienen que ver con cómo se hacen las cosas pero, como ya se verificó en el pasado con los sistemas de pasantías, lo cierto es que cuando un chico va a trabajar de pasante o a realizar una práctica en un lugar de este tipo, le enseñan lo estrictamente necesario para el puesto donde lo colocan, que a veces es lo más rudimentario y descalificado que se pueda pensar”.

Al respecto hizo notar, además: “Cuando de ese trabajo se tiene que ir a otro, tiene que adquirir otros conocimientos prácticos que no son los que tenía en el trabajo anterior, pero con un agravante: como al quinto año le recortaron la mitad de las materias, el chico perdió la formación dura y científica, que es la que permite adaptarse a cualquier trabajo y aprenderlo rápidamente”.

Aclaró luego que “este es un punto que interpela no solo al Gobierno, sino también a la oposición, porque el apoyo a esta descalificación laboral, a esta amputación del estudio, va más allá del macrismo”, y recordó que “este principio estaba presente en la Ley de Educación Nacional del año 2006, cuando Daniel Filmus era ministro del gobierno kirchnerista, y antes en la Ley Federal de Educación del menemismo, cuya redacción Filmus contribuyó a desarrollar”.

Y resumió: “El hilo conductor de la degradación del estudio y de la descalificación laboral está presente en todos los planes educativos de los gobiernos de los últimos treinta años”.

La reforma laboral

La tercera cuestión que señaló en su análisis fue la de la reforma laboral. Empezó por recordar que “en Brasil se aprobó a principio de año una reforma laboral muy negativa para los trabajadores”, y que “las entidades empresarias reclamaban que eso se aplicara en la Argentina”. Recordó también que “de este tema no se hablaba nada hasta la semana pasada, cuando la CGT se reúne con el Gobierno y al día siguiente salen los titulares en los diarios diciendo que el Gobierno le aseguró a la CGT que la reforma laboral no se va a llevar adelante como en Brasil”.

Y prosiguió: “Cuando uno lee lo que dice el diario después, tendría, si pudiera, que cambiar el título y poner ‘cómo llevar adelante la reforma laboral sin que nos demos cuenta’, que es lo que realmente pactó el gobierno con la cúpula de la CGT”.

Reveló que “dentro de estas cosas que se están planteando figura un blanqueo de los trabajadores en negro, que va a estar acompañado de una baja de los aportes patronales de las empresas, lo mismo que en la época de Menem, de manera que las empresas tengan que pagar menos en concepto de aportes para las cajas jubilatorias”.

En consecuencia, subrayó, “quienes van a pagar esa situación son los jubilados, porque van a disminuir sensiblemente los ingresos de la Anses”.

Anticipó luego que “los propios dirigentes sindicales van a controlar que no haya trabajo en negro en las empresas”, lo que “suena casi gracioso cuando uno piensa que hemos tenido en estas horas esta detención del ‘Pata’ Medina sobre el cual se han dicho muchas cosas, pero lo que no se ha dicho es que él, como los principales sindicalistas de la UOCRA en cualquiera de sus vertientes, se ha caracterizado siempre por arreglar con las empresas quiénes van a estar en blanco y quiénes van a estar en negro, qué tipo de precaución en materia de seguridad se va a tomar y qué tipo de precaución no se va a tomar, y por sobre todas las cosas asegurar que, si alguien levanta la voz dentro de una obra y quiere, por ejemplo, ser delegado sin la venia de los dirigentes, inmediatamente se vaya a su casa”.

Informó luego que “en esta reunión con la CGT se discutieron otras cosas, como por ejemplo un plan de pasantías laborales”, las que “se van a incorporar a los convenios colectivos de trabajo”, de modo que a estos se añadiría “una categoría especial, que sería la del pasante, con derechos laborales muy inferiores a los del trabajador activo, pero bendecida por el sindicato”.

Estimó que “esto va a llevar al reemplazo de los trabajadores con más antigüedad, con convenios, con condiciones laborales, por chicos que van a yirar en la empresa, van a llevar adelante tareas por un tiempo, y después los van a dejar”, observó que “este sistema de pasantías está relacionado con las famosas prácticas laborales del Gobierno de la Ciudad”, y opinó que “estamos hablando de todo un armado de precarización laboral”.

Comentó asimismo que “la burocracia sindical de la CGT aceptó todo esto a cambio de que el Gobierno se haga cargo de los agujeros financieros de las obras sociales, y en este paquete entra en juego otra cuestión”.

Fue así como se refirió a “la reforma del sistema de salud y particularmente de los hospitales públicos, porque los gremios acordaron en la reunión que, si les rescatan las obras sociales, una parte de la plata adeudada el Gobierno se la queda para poner en marcha esto que llaman la cobertura única de salud”.

Después de una pormenorizada descripción de la reforma del sistema hospitalario que, según anunció, se pretenderá implantar, cerró su exposición con una alusión a la situación de la economía. “El Gobierno se cree que está saliendo adelante, pero lo que está haciendo es, simplemente, pichicatear a la economía con una dosis fenomenal de endeudamiento; y ya sabemos en qué terminan, en la Argentina, todas las experiencias de endeudamiento”.

Colofón barrial

Al término de las enunciaciones de Ramal, varios concurrentes le hicieron preguntas. Entre ellos, vecinos del barrio La Carbonilla plantearon su preocupación por “el asunto del negocio inmobiliario”.

El legislador respondió que “el tema de La Carbonilla es muy serio, básicamente por dos motivos”. Indicó que el primero es que “el Gobierno [de la Ciudad] no tiene un plan de urbanización para el barrio” y que “lo que se conoce son promesas de arreglos menores y superficiales, pero no la integración del barrio al conjunto de la Comuna y de La Paternal”.

En cuanto al segundo, informó: “Hay un plan de modificación de la playa ferroviaria, que va a afectar a un conjunto de viviendas; nosotros hemos presentado un pedido de informes, porque justamente queremos saber qué va a hacer el Gobierno ante esa cantidad de viviendas, que no se sabe bien cuántas son”.

Ante esas circunstancias, estimó que “el tema de fondo es que tenemos que lograr que se trate el proyecto de urbanización del barrio” y que “esa es la gran batalla que tenemos que dar ahora”.

Y formuló una fuerte denuncia: “Yo sé, y se lo he comentado acá a algunos compañeros, que el macrismo está mirando con lupa a La Paternal; este es un barrio que ha estado durante muchos años con muy poca actividad constructiva e inmobiliaria, acá el valor de la propiedad y la tierra es muy bajo: entonces, como todo especulador inmobiliario ve la oportunidad ahí donde las cosas están bien abajo, porque puede comprar y después vender por un valor superior, hay una serie de proyectos inmobiliarios que el macrismo está pensando para La Paternal, particularmente en las zonas donde estaba el albergue Warnes y en el playón que está frente al hospital Alvear”.

Amplió su denuncia manifestando que “en toda esa zona se están pensando una serie de cambios que podrían dar lugar, después, a ventas de tierras públicas y a desarrollos inmobiliarios”, lo que “es una amenaza a la población que tiene una vivienda precaria o que todavía no se ha asegurado el derecho a la vivienda”.

Y concluyó: “Tendríamos que lograr que la urbanización de La Carbonilla se asegure y sea reconocida antes que esos proyectos se pongan en marcha o, en todo caso, exigir que cuando se discuta esa reconfiguración de La Paternal entre en discusión la urbanización definitiva de La Carbonilla”.

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