Arturo Illia deroga los contratos petroleros

Hoy se cumplen 55 años de la sanción de los decretos 744 y 745 por parte del gobierno de Arturo Umberto Illia, a través de los cuales se derogaron los contratos petroleros suscriptos durante la presidencia de Arturo Frondizi, declarándolos “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”.

A propósito del tema, reproducimos a continuación el trabajo que publicamos en nuestra edición gráfica de noviembre de 2013, en ocasión de cumplirse el cincuentenario de tal acontecimiento:

Para comprender el significado de la trascendente medida que constituyó la derogación de los contratos petroleros ejecutada hace exactamente medio siglo por el gobierno de Arturo Illia necesitamos analizar la relación entre imperialismo, petróleo y estados nacionales neocoloniales.

Uno de los rasgos esenciales del imperialismo es la exportación de capitales y el reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas (monopolios). Este proceso apunta, entre otros objetivos, a apropiarse de las reservas de materias primas de los países dependientes, como es el caso del petróleo, de carácter estratégico desde el punto de vista energético.

Decía Lenin: “La industria del petróleo nos ofrece un ejemplo instructivo de un nuevo reparto [del mundo], de la lucha por conseguirlo. ‘El mercado mundial del petróleo –escribía Jeidels en 1905­– se halla todavía hoy repartido entre dos grandes grupos financieros: el trust norteamericano Standard Oil Co, de Rockefeller, y los dueños del petróleo ruso de Bakú, es decir, Rothschild y Nobel. Ambos grupos están íntimamente ligados entre sí, pero su situación de monopolio se halla amenazada hace ya algunos años’ (…) [entre otras razones] por el agotamiento de los yacimientos norteamericanos de petróleo (…)”. Mientras en los estados nacionales neocoloniales el poder estatal se encuentra controlado por las burguesías intermediarias, no hay mayores problemas para los monopolios; pero, si el poder del Estado o parte del mismo pasa a manos de facciones de la burguesía nacional, se pueden generar conflictos porque gobiernos burgueses reformistas pueden querer valerse del petróleo para ampliar las bases de acumulación de capital del sector que representan.

En 1907 en la Argentina, para ser más precisos en Comodoro Rivadavia, se descubrió el primer yacimiento de petróleo. Desde entonces se planteó una lucha entre quienes sostenían su carácter de reserva fiscal (del Estado) y los intereses privados nacionales y extranjeros que querían apropiarse de esas reservas. Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen se fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y se fue definiendo una política con las siguientes bases: a) explotación fiscal de las reservas; b) los yacimientos de petróleo eran bienes de la Nación aun cuando se encontrasen en las provincias; y c) el mantenimiento de empresas privadas, aunque sin admitir las sociedades mixtas y defendiendo el control del Estado sobre las mismas.

El radicalismo yrigoyenista representaba el ascenso al gobierno de facciones burguesas de carácter nacional. Durante la segunda presidencia de Yrigoyen (1928-1930) se planteó que el Estado nacional debía controlar la exploración, explotación y comercialización del petróleo, es decir, una nacionalización del petróleo, a lo que se oponían las compañías extranjeras y sus defensores en el Senado. El golpe de Estado de 1930 tuvo, entre otros olores, el del petróleo. Es que el yrigoyenismo se había propuesto hacer de la renta petrolera, en manos del Estado, la base sobre la que se articularía una transformación del carácter de las facciones burguesas medias. Y contra este objetivo se movilizaron los monopolios extranjeros.

Años más tarde, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, la Constitución de 1949 estableció en su artículo 40 : “(…) Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación (…)”; sin embargo, en 1954 Perón suscribió acuerdos con la Standard Oil de California para la explotación del petróleo. Se llegó a señalar que con estas concesiones se lesionaba el referido artículo.

Arturo Frondizi, que había criticado estos contratos, durante su presidencia borró con el codo lo que había escrito con la mano, al hacer concesiones al capital extranjero para la explotación del petróleo. “El gobierno de Arturo Frondizi –dice Gustavo Calleja– inauguró en 1958 una falaz prédica declamatoria en torno a la necesidad y urgencia de autoabastecimiento, alegando la insuficiencia financiera y técnica del Estado. A pesar de presentarlos como locaciones de obras y de servicios, eran típicas concesiones y, en consecuencia, violatorias de la Constitución, de las leyes de la Nación, del Código de Minería y de las constituciones provinciales. Los pozos que perforaron las empresas concesionarias pasaron a ser de su propiedad, prácticamente hasta su agotamiento, y eran ellas quienes determinaban los volúmenes a extraer. YPF se obligó a adquirir el petróleo que produjesen aunque se excedieran las posibilidades de la empresa para transportarlo y/o almacenarlo, a un precio y en condiciones absolutamente antieconómicas”. Se cometieron numerosas irregularidades: falta de licitación, avance sobre las legislaciones provinciales, tratamiento impositivo excepcional, obligación de YPF respecto de las petroleras extranjeras; se pactaron arbitrajes contrarios al código procesal; se celebraron contratos con empresas extranjeras, como Esso y Shell, entre otras, y se les otorgaron beneficios significativos en las etapas de refinación y comercialización que lesionaban a YPF.

El 17 de enero de 1963, ya derrocado el gobierno de Frondizi, en el marco de una asamblea realizada en el Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE) a la que concurrieron el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical del Pueblo, las 62 Organizaciones, el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, el Partido Socialista Argentino, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista, se reclamó la anulación de los contratos petroleros. Este fue el tema principal durante la campaña electoral. Arturo Illia prometió anular esos contratos y al acceder a la presidencia cumplió con su prédica electoral.

Tal como lo señala Calleja, un análisis objetivo de la anulación de los contratos demuestra que: a) no se perdió el autoabastecimiento, falazmente declamado y jamás alcanzado; b) no se produjo baja alguna en la producción total de hidrocarburos (petróleo más gas); c) no se obligó al pago de indemnizaciones; d) se permitió reorganizar YPF y reducir el incremento de los saldos comerciales negativos de la balanza energética; e) se impidió que las crisis petroleras iniciadas a partir de 1973, que elevaron el precio internacional del petróleo de 15 a 200 U$S m/3 (1.320%) afectaran de manera directa a la economía (pues los contratos estaban atados al precio internacional); f) se evitó pagar a los contratistas una cifra aproximada de U$S 3.500 millones; g) se hizo posible que YPF descubriera el yacimiento gasífero gigante de Loma de la Lata, en un área que estaba en poder de la Esso; y h) no fue obstáculo para que el país pudiera eventualmente convertirse en exportador y aprovechara los años de precios altos.

Queremos concluir esta nota con palabras del propio Arturo Illia: “En el plan de largo plazo se fijarán las prioridades de inversión en el sector público y las medidas a tomar para el aliento de la actividad privada. Nuestra acción tenderá a afirmar las posibilidades del país, dueño de su presente y con plena capacidad para trazar su destino; mejoraremos, con plena autonomía, los resortes fundamentales de nuestra política económica tal como reiteradamente lo hemos expuesto. Petróleo, energía eléctrica, transportes, siderurgia y servicios públicos son actividades en las cuales el Gobierno ha de jugar un papel fundamental a través de la inversión y de su explotación, y hemos de ser persistentes en la obtención de altos niveles de eficiencia por parte de los organismos estatales. En materia de política de petróleo cumpliremos lo prometido reiteradamente. Los contratos que fueron suscriptos a espaldas de la ley y de los intereses económicos del país serán anulados. Yacimientos Petrolíferos Fiscales será –de acuerdo con la mejor tradición argentina– la entidad rectora de nuestro desarrollo energético”.

Fuentes consultadas
Lenin, Vladimir I. El imperialismo, fase superior del capitalismo, en Obras completas, Tomo XXII, Buenos Aires, Cártago, 1960.
Frondizi, Arturo. Petróleo y política, Buenos Aires, Raigal, 1954.
Calleja, Gustavo A. Arturo Illia y la anulación de los contratos petroleros, Fundación Arturo Illia, Instituto de la Energía y de la Infraestructura.
Constitución Nacional de 1949.