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 20 de octubre de  2019
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A 150 años de la sanción del Código Civil

A 150 años de la sanción del Código Civil

Hoy se cumplen ciento cincuenta años de la sanción de la ley nacional que aprobó como Código Civil de la República Argentina al elaborado y redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield. Según un cuadernillo de la revista Caras y Caretas, “para su elaboración, Vélez Sarsfield recurrió a la tradición jurídica hispánica, las costumbres del país y la moderna doctrina civilista, por la lectura de los más destacados comentaristas del Código de Napoleón”.

Fue el empeño de Dalmacio Vélez Sarsfield por redactar el Código Civil una tarea solitaria, aunque contó con la colaboración como amanuenses de su hija Aurelia y también de Eduardo Díaz de Vivar y Victorino de la Plaza.

Caras y Caretas reseña que “[Vélez Sarsfield] fue remitiendo al Poder Ejecutivo los proyectos de los distintos libros, labor que culminó en 1869, ya con Domingo Faustino Sarmiento en la presidencia, con el envío del cuarto libro del futuro Código”. El proyecto, que se aprobó a libro cerrado, en su artículo 1º decía: “El Código Civil (…) se observará como ley de la República Argentina desde el 1 de enero de 1871”.

En cuanto al trabajo desplegado por el autor del Código, cuenta Vicente Osvaldo Cutolo: “Victorino de la Plaza, que fue su discípulo y amanuense en la época en que preparaba el Código, dijo que ‘madrugador en invierno y en verano, a las cinco o seis de la mañana hallábase en pleno estudio, ganando horas al día. Era entonces cuando dictaba, y puede decirse que realizaba una suma de trabajo enorme. Los cuadernos originales salían poco a poco de aquel dictado material, e iban abultándose con tiras de papel en las que se ampliaba el texto, que el doctor Vélez pegaba en los costados, escritas generalmente de su puño y letra; agregando además entre líneas en las páginas, de todo lo cual resultaba el trabajo bastante complicado para las copias, si se tienen en cuenta las notas tan abundantes y escritas en tan variados sistemas (…)’”.

El derecho civil tiene su remoto origen en el derecho romano, derecho de los propietarios privados constituidos en la sociedad antigua. Más modernamente, su antecedente se encuentra en el Código de Napoleón, que sistematizó los derechos de los ciudadanos (los propietarios burgueses) a la propiedad que detentaban. El artículo 17 de la Constitución Nacional establece: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”. Así, el derecho a la propiedad privada consagrado por la Constitución cimentó un Código Civil donde los derechos reales, vale decir, los derechos de las personas respecto de las cosas, de la propiedad ejercida sobre estas, son extremadamente amplios: el propietario puede, en relación a la cosa, venderla, alquilarla, permutarla, transmitirla en herencia, regalarla e incluso, en determinados casos, destruirla. Las personas, como sujetos de derechos y obligaciones, ejercen un pleno señorío sobre las cosas, esto es, sobre la propiedad que expresa su dominio sobre ellas.

El artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional establece que es atribución del Congreso de la Nación “dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social”. El jurista Arnoldo Siperman sostiene que “se imponía así la opinión de Alberdi, quien proponía en esta materia apartarse del precedente norteamericano, cuya Constitución relegaba a los Estados particulares el establecimiento de las regulaciones sustantivas de derecho privado”.

En el sistema jurídico argentino, las provincias no detentan la facultad de codificar. Una legislación nacional, la que emana de los Códigos, rige en toda la Nación, tras su sanción por el Congreso Nacional (sí hay especificidades provinciales en los códigos de procedimiento). Siperman afirma: “La Constitución de 1853, a la vez que marco de referencia del ordenamiento jurídico nacional considerado en su integridad (Ley Suprema de la Nación), constituyó el programa político y económico de la generación liberal argentina. El contenido ideológico que la informa presupone como uno de sus basamentos esenciales la garantía de la propiedad privada y ese programa lleva ínsito el anhelo de conformar una sociedad civil basada en la plenitud y el respeto de esa propiedad. En esa orientación se comprende la labor legislativa como fundamental operador para la creación de un orden jurídico unificado para toda la República”.

De esta manera, el derecho privado es común en todo el país. Al consagrarse la propiedad privada como base del sistema de relaciones sociales, la legislación expresa los intereses de clase de los propietarios territoriales (en gran parte terratenientes en la época en que se sancionó el Código Civil), así como también los intereses vinculados al comercio y al movimiento exportador.

Si prestamos atención al conjunto de la legislación civil, encontramos los siguientes principios medulares: 1) Tendencia general a favorecer y facilitar la individuación de la propiedad, principio este que llevaba a una limitación estricta de los derechos reales sobre la cosa ajena. En efecto, siendo inviolable la propiedad de una persona sobre la cosa, entonces los derechos reales de un tercero sobre la cosa están muy limitados: así el artículo 2502 del Código Civil establece la prohibición a los particulares de crear otros derechos reales sobre la cosa ajena que los expresamente autorizados. 2) La libertad negocial: el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (…) de usar y disponer de su propiedad”. Consecuentemente el artículo 1143 del Código Civil permite al titular de la propiedad negociarla con quien quiera con sujeción a un mínimo de formalidades y por el título contractual que mejor convenga a la partes. 3) Gran amplitud en la determinación del contenido y extensión de los derechos del propietario en lo relativo a la disposición material de la cosa: son los derechos reales a los que nos venimos refiriendo; el Código le confiere al propietario amplias facultades de uso, goce y disposición sobre la cosa, incluido el de menoscabarla y destruirla. A propósito de esto, Siperman refiere que “los juristas han querido ver en la extensa nómina de facultades y derechos que la ley arroga al propietario el más claro signo del individualismo que la anima. Cierto es que esa amplitud de atribuciones, que dimana de todo el régimen (hasta de la propia definición del dominio, contenida en el artículo 2506), delata esa concepción y evidencia la transposición material de la libertad burguesa proyectada al mundo de las cosas”. 4) El fomento del crédito hipotecario: se asignó una gran importancia al crédito asegurando al máximo la posición del acreedor hipotecario. Así, y siempre según Siperman, “la hipoteca es el único derecho real para el cual se estableció una anotación registral como requisito de oponibilidad a terceros”. En efecto, si una propiedad es hipotecada, la libertad negocial sobre la cosa debe ser realizada salvaguardando los derechos del acreedor hipotecario sobre la cosa negociada, pudiendo este recurrir contra un tercero que hubiese establecido derechos sobre ella.

Finalmente consignemos que, según lo que nos dice un trabajo dirigido por Félix Luna, “el Código contiene 4.085 artículos comprendidos en dos títulos preliminares y cuatro libros. El primer título preliminar trata de las leyes en general, su formación, sanción y promulgación. El segundo dispone la aplicación del calendario gregoriano para contra los intervalos de derecho. En cuanto a los libros, el primero comprende dos secciones: la primera se ocupa de las personas y la segunda, de la familia. El segundo libro, en la primera sección, trata de las obligaciones en general y en la segunda, de los actos jurídicos. El libro tercero se ocupa de las cosas, su clasificación y de los derechos reales”. Por último, en el mismo trabajo leemos que el libro cuarto, en su primera sección, se ocupa “de las sucesiones; en la segunda, de los privilegios, y en la tercera, de las prescripciones”.

Fuentes consultadas
Constitución de la Nación Argentina.
“Historia de la Identidad de los Argentinos”, en Caras y Caretas, Cuaderno Nº 11, Buenos Aires, enero de 2011.
Cutolo, Vicente O. Nuevo Diccionario Biográfico Argentino, Tomo VII, Buenos Aires, Elche, 1985.
Luna, Félix (director). Dalmacio Vélez Sarsfield, Buenos Aires, Planeta, 2001.
Siperman, Arnoldo. “La Propiedad de la Tierra y el Código Civil”, en Gorostegui de Torres, Haydeé. El País de los Argentinos, Nº 147, Buenos Aires, CEAL, 1980.

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