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 27 de abril de  2017

19 de diciembre de 2009

A OCHO AÑOS DEL PORTEÑAZO

Entre la rebelión popular y el golpe de estado

Por Miguel Ruffo

El 19 y 20 de diciembre de 2001, las masas porteñas, con el apoyo de las clases populares del Gran Buenos Aires, derrocaron al gobierno de Fernando de la Rúa. Sin embargo, cometeríamos un error si considerásemos que en esta rebelión el pueblo actuó como una fuerza política autónoma. Lo cierto es que la convertibilidad afectaba a amplios sectores de la burguesía, incluida la grande. Los grupos económicos y financieros se habían endeudado en dólares y necesitaban licuar sus deudas. Pero no podían por sí mismos imponerle una devaluación a De la Rúa. Hacía falta una conmoción popular.

Para salvaguardar la convertibilidad, defendiendo a los grandes bancos, el gobierno de la Alianza –ya para estas fechas se podría decir casi exclusivamente radical– había recurrido a la inmovilización de los depósitos bancarios, incluyendo restricciones a la libre disponibilidad de los salarios depositados en las cajas. La misma Alianza que había surgido como una protesta de las clases medias frente a la política de Carlos Menem, después de numerosas claudicaciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), había concluido por nombrar ministro de Economía al mentor del plan de convertibilidad, Domingo Cavallo.
No es que las clases medias dependientes –es decir, las no industriales– estuviesen en contra de la convertibilidad. El triunfo de De la Rúa en las presidenciales de 1999 se había logrado asegurando el mantenimiento de la paridad entre el dólar y el peso, lo que para estos sectores sociales significaba un resguardo frente a la hiperinflación. En este sentido, e independientemente de la conciencia que pudieran tener de ello, los trabajadores ocupados, tanto en el Estado como en la economía privada, tenían garantizado un piso inamovible en el nivel real de sus ingresos. Quienes terminaron siendo perjudicados por la convertibilidad fueron los burgueses industriales –los cuales, por su cultura rapiñera, no habían reconvertido tecnológicamente sus fábricas y prefirieron liquidarlas y dedicarse al negocio de la importación– y, sobre todo, amplios contingentes del proletariado industrial que habían sido arrojados a la desocupación.
La convertibilidad terminó horadando la estabilidad de los grandes grupos económicos endeudados en dólares y al propio Estado, gran burgués que no podía hacer frente a sus compromisos internos y externos como no fuese por medio de nuevos créditos, cada vez más difíciles de conseguir debido a los altos índices del endeudamiento y a la crisis de la economía capitalista internacional.
A diciembre de 2001 se arriba con una gran crisis económica, pero también política. Ésta había comenzado a avizorarse por el alto porcentaje de votos en blanco en las elecciones legislativas de octubre de ese año. El descontento popular era cada vez mayor y la gran burguesía, con el apoyo de los medios de comunicación de masas, fogoneó el estallido. El factor desencadenante, aparte de los saqueos a los supermercados del conurbano, fue el intento del gobierno nacional de establecer el estado de sitio.
En la noche del 19 de diciembre, el cacerolazo inicial se agigantó con el traslado de las clases populares y medias a las calles y, en particular, a la Plaza de Mayo y al Congreso. El mediodía del 20, amplios contingentes ocupaban la Plaza de Mayo desafiando al estado de sitio y a la policía. Hacia las 14 horas, se desencadenó la represión, y durante todo el día se sucedieron enfrentamientos en el centro y en los barrios. Hubo muertos y heridos. De la Rúa se vio obligado a renunciar. El pueblo lo derrocó, pero la gran burguesía motorizó su caída para licuar sus deudas.
En otras palabras, a fines de diciembre de 2001 se anudó una crítica situación social, donde los grandes grupos económicos endeudados tuvieron que estimular la presencia del pueblo en las calles para provocar la caída del gobierno. Las clases populares enfrentaron la violencia institucionalizada por el estado de sitio y la represión popular, y parieron con su accionar el surgimiento de las asambleas barriales, como ámbitos de polémica, agitación y organización popular. Se abrió una etapa de inestabilidad política en la cual las asambleas, el movimiento piquetero, el de las fábricas recuperadas, la protesta de los ahorristas por la devaluación de sus depósitos bancarios y otros movimientos sociales colocaron a amplios sectores de la sociedad en un estado de movilización permanente. Lamentablemente, los partidos de izquierda no estuvieron a la altura de los acontecimientos generados por la crisis objetiva del capitalismo, y el gobierno, ahora de Eduardo Duhalde, progresivamente pudo reconstruir la hegemonía de las clases dominantes.

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