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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 17 de noviembre de  2018

8 de octubre de 2008

FERNANDO CANTERO, LEGISLADOR QUE ACOMPAÑA EL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DE LA LIGA ISRAELITA ARGENTINA

"El ministro tiene interés"

Por Haydée Breslav

El 4 de diciembre del año último, días antes de finalizar su mandato, la diputada Beatriz Baltroc presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para declarar de interés público y sujeto a expropiación el predio de la calle Fragata Sarmiento, donde había funcionado la Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis. Su colega Fernando Cantero (Autonomía en Igualdad), el único que acompañó la presentación, se ha ocupado asimismo de la prosecución del trámite parlamentario correspondiente. En diálogo con Tras Cartón, refirió las distintas gestiones realizadas para lograr la aprobación del proyecto, que considera próxima.

 

–¿Cómo llegó a su conocimiento el problema de la Liga?
–Entre fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado, se acercaron a la Legislatura vecinos del barrio de La Paternal, quienes nos contaron que estaba próximo el remate de la Liga Israelita de la calle Fragata Sarmiento, porque la institución había sufrido un proceso de vaciamiento debido a un tema de costos.
–¿A qué costos se refiere?
–A los costos laborales, que la Liga no podía mantener porque había perdido muchos socios. Los que habían quedado eran de mucha edad, los más jóvenes del barrio no se adherían y por eso la institución ya casi no contaba con socios cotizantes. Surgió entonces la idea de la expropiación; la diputada Beatriz Baltroc presentó el proyecto correspondiente, yo lo acompañé, los vecinos pararon el remate y se dio curso al proyecto.
–¿En qué estado se encuentra actualmente?
–Está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura. En ese sentido, hubo todo un trabajo: en primer lugar, fuimos a visitar el lugar junto con la diputada Diana Martínez Barrios (Pro); después iniciamos un proceso para interesar al ministro de Salud (de la Ciudad, Jorge Lemos) porque, en realidad, la expropiación no tiene otro sentido sino que la ciudad se haga cargo del predio, para que siga dedicado a la atención primaria.
–¿Qué resultados obtuvieron esas gestiones ante el ministro?
–Logramos que fuera a ver el edificio. Este fue inspeccionado por un arquitecto del Ministerio; como tardaban en darnos una respuesta, fuimos a ver otra vez al doctor Lemos, quien nos dijo, sin entrar en mayores detalles, que el informe no había sido favorable (por más que a simple vista se advierta que el inmueble está muy bien conservado). Lo convencimos entonces para que nos acompañara en una nueva visita; fue junto con la directora de la región, y se mostró muy interesado en el tema. Según comentaron funcionarios del Ministerio, se ha pensado que en el lugar no sólo se preste atención primaria sino que también pasen a funcionar algunos programas de esa dependencia.
–¿Cómo sigue el trámite?
–En el Ministerio están esperando la visita al lugar del Departamento de Tasación del Banco Ciudad; como se había  retrasado un poco porque los tasadores habían ido sin orden judicial y los caseros no los dejaron ingresar, funcionarios del Ministerio fueron al Juzgado a ver la causa, lo que habla del interés de esa dependencia del Ejecutivo para que el edificio pase a manos del Gobierno de la Ciudad. Ahora hay una orden del juez; la tasación se va a enviar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda (de la Legislatura) y con su aprobación vamos a pasar el proyecto al recinto.
–¿Qué posibilidades existen de que se apruebe?
–Para su aprobación se necesitan dos tercios, es decir, cuarenta votos, pero no habría problemas para obtenerlos porque, como cuenta con el visto bueno del ministro de Salud, los veintiocho votos que tiene el macrismo acompañarían.
–¿Y qué pasa con la causa judicial?
–Tuvimos que presentar un escrito que explicaba que el proyecto estaba en tratamiento para que el juez [Juan Roberto] Garibotto detuviera la causa y no llamara a remate nuevamente; lo que pasa es que el magistrado no puede dejar de poner fecha, porque si no lo hace lo pueden acusar de paralizar la causa. Por otra parte, hay trabajadores que están esperando la venta del edificio para poder cobrar sus salarios, y el juez tiene que accionar; hay que reconocerle que paró el remate casi todo un año, y como creemos que para noviembre llegamos con la ley ya votada, no habría problemas.

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